Uruguay, país pionero en materia de seguridad social

El Banco de Previsión Social (BPS) es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay. Su cometido es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social.​ Fue creado por la Constitución de 1967, plebiscitada el 27 de noviembre de 1966. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en contar con un sistema de seguridad social, junto con Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Sin embargo, fue el resultado de un proceso largo y complejo, que comenzó desde los primeros años de vida independiente. La formación del sistema de seguridad social en Uruguay estuvo vinculada a situaciones de crisis y prosperidad económica y social del país. En su comienzo nuestro sistema de seguridad social no se destacó por la universalidad de las prestaciones, sino que fue incluyendo colectivos específicos que ampliaron la cobertura frente a determinados riesgos progresivamente. Estas primeras iniciativas de intervención estatal en la materia convivían con diversas formas de cobertura privada, individual o colectiva (los surgidos de la sociedad civil en sus diferentes formas organizativas), que se desarrollaron durante el siglo XIX. Este sinuoso proceso se vio finalmente coronado a inicios del siglo XX por la creación de varias cajas de jubilaciones: Caja Escolar (1896-1934), Caja Civil (1904-1934, 1948-1967), Caja Militar (1911), Caja de Empleados de Servicios Públicos (1919), Caja de Empleados del Jockey Club (1923), Caja de Empleados Bancarios (1925), Caja de Industria y Comercio (1928-1934, 1948-1967), Caja de Industria, Comercio y Servicios Públicos (1934-1948), etc. En 1919 se aprobó una ley de pensiones a la vejez. Finalmente, la Constitución de 1967 institucionalizó el BPS, que unificó las cajas más numerosas en cantidad de afiliados: Civil, Industria y Comercio y Rural. Los cometidos planteados en esta primera etapa comprendían coordinar los servicios estatales y organizar la seguridad social. En este último se englobaba la idea de administrar la gestión y los recursos. En relación a la estructura, en sus inicios el organismo se componía del Directorio, una Secretaría General, una Gerencia General Técnica y los Servicios Centrales: la Gerencia General de la Caja Civil, la Gerencia General de la Caja de Industria y Comercio, la Gerencia General de la Caja Rural. Las Cajas dejaron de ser servicios descentralizados, pero mantuvieron su estructura interna. En cuanto a la conformación del Directorio del organismo se estableció el principio de Administración Democrática establecido en la Disposición Transitoria y Especial letra M de la Constitución. El mismo está integrado por cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, uno electo por los afiliados activos, uno electo por los afiliados pasivos y uno electo por las empresas contribuyentes.   Intervención y supresión de BPS En junio de 1973 se disolvió el Parlamento, dando inicio a la dictadura cívico militar. Instalado el gobierno de facto, se intervinieron todos los organismos estatales. En octubre de 1979 se dictó el Acto Institucional N° 9 que, entre otras cosas, fue más allá de la intervención, sustituyendo el BPS por la Dirección General de Seguridad Social (DGSS) en defensa de la centralización total. Esto significó un cambio sustancial en la estructura de financiamiento del sistema que dejaba de estar centrado en los aportes de sus afiliados. Las transformaciones más significativas de los Actos Institucionales 9 y 13 fueron fundamentalmente en cuanto al otorgamiento de jubilaciones y pensiones. Se suprimieron algunas de las causales (como jubilación por cese, por despido y por maternidad) y de las bonificaciones existentes. Se evidenciaba así el cambio de criterio de un sistema de protección social universal a uno de cobertura más restringida.   Reinstitucionalización En 1984 comenzaron las acciones tendientes a lograr la reapertura democrática y la reinstitucionalización. En el mes de setiembre del mismo año comenzó a funcionar la Concertación Nacional Programática (Conapro) como espacio de negociación entre los partidos y las organizaciones sociales. En este espacio se trabajó por la reinstitucionalización del BPS, lo que se logró, luego de extensas negociaciones, en enero de 1986 con la aprobación de la Ley 15.800. El primer punto a trabajar fue la recuperación de las jubilaciones y pensiones más sumergidas. Estas soluciones no resultaron suficientes y las organizaciones sociales continuaron presionando lo que finalizó con una propuesta de proyecto de reforma constitucional que estableciera el mecanismo de revaluación de pasividades. El proyecto se puso a consideración de la ciudadanía mediante plebiscito, que se votó junto con las elecciones nacionales de 1989 y se aprobó con un apoyo de 82%. La década del 90 se caracterizó por la tendencia impulsada por organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de instaurar sistemas privados, totales o parciales (mixtos) de previsión social. Tras largos debates, y a pesar de la oposición de diversos sectores sociales y políticos, este sistema entró en vigencia el 1° de abril de 1996 con la Ley 16.713. En 2002 la crisis económica que enfrentó el país tuvo consecuencias inmediatas en el sistema de seguridad social: el aumento de la tasa de desempleo (que alcanzó el 19,5%) y la informalidad, el porcentaje de evasión (que trepó a 40%), el crecimiento del volumen de la población en situación de vulnerabilidad con requerimientos de asistencia (un tercio de la población se ubicó con ingresos por debajo de la línea de pobreza), entre otras cosas, enfrentaron al organismo a una crisis de grandes dimensiones. La caída de las contribuciones y el aumento de las erogaciones para lograr cubrir las contingencias requerían de altos porcentajes de asistencia financiera del Estado. A partir de 2004 la reactivación del sistema productivo provoca un crecimiento de los afiliados al sistema y con ello comienzan a equilibrarse las finanzas de la entidad. En una primera etapa se desarrollaron mecanismos para atender a la población más vulnerable como el Plan de Emergencia, transformado en 2008 en Plan de Equidad. Posteriormente se trabajó en reformas más profundas, entre las que se destacan la reforma del sistema tributario y la del sistema de salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El BPS tuvo y tiene un rol fundamental en estas reformas como gestor, administrador y recaudador. En los últimos diez años, junto con el equilibrio de los recursos del organismo, se desarrollaron líneas de trabajo destinadas a la extensión y profundización de la cobertura. En ese sentido se ha trabajado para reducir la informalidad, creando figuras tributarias que habilitan la inclusión de pequeños colectivos (monotributo), así como la línea de la fiscalización. La inclusión de nuevos colectivos de trabajadores que hasta el momento no pertenecían al sistema (como por ejemplo los artistas), o quienes no recibían algunas de las prestaciones otorgadas por el organismo (como los trabajadores del servicio doméstico y el sector rural), responde a la implementación de políticas de flexibilización en las condiciones de acceso a las prestaciones, como en el caso de las jubilaciones (Ley 18.395) y en la creación de nuevas prestaciones como las destinadas a las víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica (leyes 18.850 y 19.039, respectivamente). Todo ello es parte de un impulso transformador que intenta sumar a la calidad de administrador y gestor del organismo la calidad de investigador y promotor de políticas sociales. En ese sentido, siguiendo la tendencia establecida por la OIT, se comienza a hablar del BPS como instituto de seguridad social. Se intenta de esta forma trabajar sobre el carácter amplio del sistema, el cual no refiere meramente a previsión social ni a aspectos contributivos y retributivos, sino que va más allá en la construcción de una red de protección, así como también de información e investigación sobre la materia.   Representantes sociales Los representantes sociales en el Directorio del BPS son electos directamente por la ciudadanía. Según la Constitución de 1967, se celebran comicios en cada uno de los órdenes: activos, pasivos y empresarios. Este sistema tardó décadas en implementarse. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se optó por un camino intermedio: los representantes de los empresarios y trabajadores fueron nombrados por el Poder Ejecutivo a partir de ternas presentadas por las cámaras empresariales y el Pit-Cnt respectivamente, mientras que para los pasivos se organizó un acto electoral en el cual resultó electo el veterano dirigente Luis Colotuzzo (el mismo permaneció ocho años en el directorio). Actualmente, se organizan elecciones para los tres órdenes sociales fiscalizadas por la Corte Electoral. La votación es obligatoria; este sistema está siendo criticado como “un gasto superfluo de recursos”.