El 32% de las mujeres encarceladas en Uruguay lo están por delitos no violentos vinculados a las drogas. El porcentaje de hombres encarcelados por el mismo motivo es de 8%, de acuerdo con el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento (2019).
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María Emilia Pérez, diplomada en Drogas, Derechos Humanos y Salud, escribió un artículo para el informe anual de DDHH de Serpaj titulado Mujeres y encarcelamiento por drogas en Uruguay. En él asegura que «el encarcelamiento por delitos no violentos vinculados a drogas afecta de forma desigual a varones y mujeres».
Los datos de 2019 aumentarán, asegura Pérez, por las modificaciones que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) a la normativa penal sobre estupefacientes. 518 mujeres fueron formalizadas por delitos vinculados a drogas en 2020.
Aunque la cárcel y las drogas son conceptos «que no suelen asociarse al estereotipo construido sobre la mujer» y sí a «las masculinidades hegemónicas», las mujeres son aprisionadas cuatro veces más que los hombres por estos delitos.
Delito no violento
Pérez explica que los delitos de drogas dentro del derecho penal son estudiados como delitos de peligro abstracto, por lo cual suelen consumarse como no violentos. Sin embargo, en nuestro país así como en el resto de Latinoamérica no cuentan con una tratativa penal distinta a la privación de libertad.
La participación de las mujeres en estos delitos es tres veces mayor que en el total de otros delitos. Entre 2003 y 2013 la cantidad de mujeres presas aumentó 100%, mientras que la de los hombres lo hizo un 39%.
LUC: punitivismo como norma
«Si nuestras leyes penales no son reconocidas por la dogmática penal por ser las más justas, por no tener guarismos de pena proporcionados ni constituir tipos delictivos acertados, actualmente estamos ante una situación alarmante», sentencia la experta.
La LUC «agrava la situación» porque no obedece al principio de proporcionalidad de las penas y tiende por sus medidas a causar un desborde del sistema carcelario vulnerando derechos. Pérez puntualiza que la LUC:
- Aumenta las penas mínimas de los delitos previstos en los artículos 31 a 35 del decreto-ley 14.294 sobre “estupefacientes”.
- Integra un nuevo agravante en caso de que la venta sea en el hogar al artículo 36. Esto hizo que los aplicadores jurídicos volvieran a utilizar la agravante del inciso 5 (que, entre otras conductas, sanciona el ingreso de estupefacientes a establecimientos carcelarios). Estas últimas situaciones comprendidas en el art 36 tienen una pena establecida de 4 a 15 años de encarcelamiento.
- Realiza cambios procesales penales que hacen que, de imputarse algún delito sobre drogas, la Fiscalía debe solicitar prisión preventiva. Además, existe presunción simple para hacer lugar a esta medida excepcional.
- Define que no puede aplicarse el instituto de la libertad a prueba. La condena, además, será privativa de libertad.
- Genera que las personas condenadas por delitos de drogas tengan limitada la posibilidad de acceder a salidas transitorias, a la redención de pena por trabajo y/o estudio. Tampoco pueden acceder a la libertad anticipada. No importa si los delitos son no violentos o la persona es primaria.
Estos cambios, en palabras de Pérez, «van a caer en forma de castigo directo sobre las mujeres».
La cadena de mando
Las mujeres ocupan los roles de menor jerarquía en las cadenas de mando del tráfico de drogas, asegura Pérez. La mayoría es pobre, tiene personas a cargo y es jefa de hogar.
Según el informe presentado por la organización WOLA en 2020 existen determinados factores determinantes o causa de la intervención de las mujeres en este tipo de delitos: pobreza e inequidad generalizadas, bajos niveles de educación, subempleo y desempleo, falta de acceso a la justicia, coerción y/o violencia basada en género, dependencia de drogas y relaciones de poder asimétricas.
No solo es un problema de género, apunta la experta, hay que tener en cuenta otros factores de análisis. Entre ellos: la clase, la edad, la raza-etnia y estatus migratorio.
Un sistema hostil
La criminología tradicional ha invisibilizado históricamente a la mujer, dice Pérez. No la incorpora como objeto de estudio ni como víctima ni como victimaria. Las cárceles no están pensadas para mujeres. No la considera en el diseño de los programas de rehabilitación.
Lo mismo sucede en el estudio de las drogas. «La carencia de perspectiva de género e interseccionalidad con respecto al Estado en torno a estos temas denota una falta de políticas y una perpetuación y aumento de la problemática», dice Pérez.
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