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Obligan a mujer a continuar con su embarazo

Abracinskas: Fallo puede considerarse “un acto tortura”

Lilián Abracinskas cuestionó el fallo judicial que obliga a una mujer a continuar con su embarazo y afirmó que se trata de un artilugio jurídico para que se venza el plazo legal para la interrupción del embarazo.

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De acuerdo a los estándares internacionales y la posición de relatores internacionales de Naciones Unidas, la decisión de la jueza Letrado de Mercedes de 3º Turno, Pura Concepción Book, que obliga a una mujer a continuar con su embarazo, puede ser considerado como “un acto de tortura”. “Exponer a la mujer en sus motivos y cuestionarla y violentarla (por la decisión de practicarse un aborto) es tortura”, afirmó Lilián Abracinskas, integrante de Mujer y Salud Uruguay (Mysu), a Caras y Caretas Portal. Abracinskas afirmó que -al contrario de lo que afirma la jueza en su fallo- la mujer cumplió con todo el procedimiento previsto en la Ley Nº 18.987, de Interrpución Voluntaria del Embarazo (Ley IVE). Eso implica que está dentro de los plazos previstos (menos de doce semanas de embarazo), que concurrió a la institución médica colectiva de la cual es socia y mantuvo las reuniones con los equipos interdisciplinarios, y decidió seguir adelante con la interrupción de su embarazo. En este sentido, Abracinskas insistió que en ese proceso “nadie puede interferir sobre la decisión de la mujer”. “No puede interferir ni el equipo de salud, ni el coprogenitor ni el aparato judicial. Y este fallo implica interponerse en el proceso”, valoró Abracinskas. “Lo que se está tratando es que se venzan los plazos para que la mujer sea obligada a cumplir su embarazo, cuando ella no debería estar sometida a ningún artilugio jurídico. La mujer tiene el amparo de la ley, y la ley es clarísima: nadie puede interferir”, afirmó. Asimismo, Abranciskas aseguró que con esta decisión se está reabriendo un debate que la sociedad uruguaya laudo con la aprobación de la Ley IVE. “La jueza se atribuyó la potestad de reabrir el debate”, aseveró. “En el sistema de valores o creencias de la jueza esto será horrible, pero no puede intervenir en este proceso; esto es muy grave”, afirmó. Además, cuestionó la valoración de la jueza Book en cuanto a que el padre quiere hacerse cargo del niño. “Cómo este señor -que no es la pareja, que no convive con ella y que no fue concubino- dice querer ejercer la paternidad, la jueza lo ampara en ese derecho. Esto es grave y estoy ubicando esta situación en el marco de la violencia de género”, expresó Abracinskas. También afirmó que obstaculizar el acceso de una persona a un derecho “se puede considerar como un acto de tortura”. Eso puede visualizarse en el debate internacional sobre la restricción al aborto, en el cual se establece el derecho a la salud de la mujer, por lo cual todos los relatores de Naciones Unidas consideran que restringir la decisión de una mujer “es tortura”. En este sentido, Abracinskas explicó que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas afirmó que las leyes que penalizan el aborto en el mundo deberían volver a evaluarse, ya que estas implican una violación del derecho de las mujeres «a no verse sometida a tratos inhumanos y degradantes». A esto se suma que el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas afirma que «las leyes que criminalizan el aborto o imponen barreras para su acceso son barreras impermisibles que violentan la dignidad y la autonomía de la mujer», señaló. Por otro lado, Abranciskas criticó que la jueza haya designado a un defensor de oficio del feto para participar en el proceso y valoró que el Poder Judicial debería “tomar cartas en el asunto”, ya que lo único que hace el fallo es “interferir en la aplicación de una ley vigente”. “Es como que Soriano sea una república independiente, donde una jueza pueda decidir si la mujer se practica un aborto o no”. Además, contextualizo el fallo a lo que sucede en Mercedes. Dijo que en esa ciudad existe un uso abusivo de los ginecólogos de la potestad que les otorga la ley de presentarse como “objetores de conciencia”, a lo que ahora se suma este fallo judicial. Esto hace posible inferir que en esa ciudad existe una interna conservadora y que están actuando el Opus Dei o los grupos ProVida, que están haciendo todo lo posible por impedir la aplicación de la ley, y cuyas valoraciones filosóficas son admitidas por una funcionaria del Poder Judicial, dijo Abracinskas.

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