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Advierte CAinfo sobre riesgos para la libertad de expresión en los medios públicos

La decisión del nuevo director Gerardo Sotelo, de someter al escrutinio de un coordinador los contenidos informativos antes de su producción puede generar situaciones de censura o autocensura, afirma.

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El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) alerta que la libertad de expresión de los periodistas de los medios públicos podría verse afectada por la decisión de las nuevas autoridades de someter los contenidos informativos a un coordinador.

El pasado miércoles 29 de abrilel nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, envió una carta a los coordinadores de los servicios informativos de radio y televisión. En esta anuncia la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes”.

Además, se advierte que la consulta deberá ser anterior al inicio del proceso de producción de cada uno de dichos contenidos”.

“La imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de “balancear las opiniones” o “reflejar todos los puntos de vista”, provocaría un enlentecimiento del proceso de producción y puede derivar en un “mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa”, advierte.

Para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”

Este riesgo se agrava, sostiene Cainfo, porque Sotelo mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una postulante a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones.

CAinfo considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”, señala el informe.

Este recomienda además que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.

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