Con el agua al cuello

El mes de marzo está siendo el que más dolores de cabeza está generando al gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores cada vez muestran conductas más organizadas y lograron presionar a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios para la convocatoria de un paro general que en principio se desarrollaría entre finales de marzo y principios de abril. Por otro lado, los gremios docentes están actuando conforme a la máxima “ni un paso atrás” para obligar al gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Educativo y convocar la paritaria nacional docente. Paralelamente, organizaciones vinculadas a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) llevaron a cabo varios cortes de calles, acampadas y ollas populares el pasado miércoles denunciando que “la situación en los barrios no se aguanta más”. Su demanda inicial es la implementación de la Ley de Emergencia Social, la cual ya fue sancionada hace tres meses. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina publicó recientemente un informe sobre la pobreza y la indigencia en el país, según el cual 32 por ciento de la población se encuentra en estado de pobreza y seis por ciento en situación de indigencia. Esto equivale a 14,4 millones de pobres y 2,7 millones de indigentes en todo el país. Por otro lado, tal como señaló el escritor Gustavo Robles basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), 70 por ciento de los trabajadores gana por debajo de 11.160 pesos, cuando el precio de la canasta familiar se ubicaba en 21.287 pesos a finales de 2016 según la Junta Interna de los trabajadores de ATE del Indec. Esto hace pensar al autor que la pobreza real en Argentina se sitúa por encima incluso de las proporciones determinadas por la UCA.   Por el paro nacional El martes 7 alrededor de medio millón de trabajadores exigieron a sus propias cúpulas sindicales la fijación del paro nacional en medio de la movilización que tuvo lugar en el centro de Buenos Aires. El discurso del dirigente Héctor Daer fue silenciado bajo el grito masivo de “¡Poné fecha la puta que te parió!”. La distancia existente entre las fuerzas sindicales y sus bases se hizo evidente cuando los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmidt, se vieron obligados a retirarse del escenario de la movilización ante el rechazo de los trabajadores. Los gritos de los manifestantes pasaron a mayores cuando se pudieron escuchar consignas como “Si no ponen la fecha, los vamos a matar” o “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”. Finalmente el evento terminó con disturbios. Las bases sindicales se hartaron del sometimiento de sus dirigentes al gobierno a cambio de los subsidios del Estado y exigen medidas determinantes. Cuestiones como la alta permisividad de la cúpula sindical con el aumento de la deuda del gobierno con las obras sociales, el veto de la ley antidespidos que llevó a cabo Macri el pasado mayo, entre otras, han ido mermando la paciencia de unas bases cada vez más empobrecidas. Los intentos por parte de los dirigentes de posponer el paro general en un marco de empobrecimiento vertiginoso de la fuerza laboral del país y de la merma de sus derechos se toparon con un muro de voces que clamaron por medidas de corte combativo. Sin embargo, la CGT se limitó a anunciar un paro para los primeros días de abril, aún sin fecha definitiva. Finalmente, dos facciones de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA), bajo la dirección de Hugo Yasky y Pablo Micheli, convocaron un paro general para el 30 de marzo como reacción a “las dudas del triunvirato” de la CGT. Estas “dudas” se basan en la tendencia demostrada hasta ahora por sus jerarcas más encaminada a reducir la tensión en el país que a defender del gobierno neoliberal a los trabajadores. Sin embargo, desde la CTA no renuncian a fijar otra fecha con los líderes de la CGT.   Movilización de docentes Para el economista e investigador del Conicet Claudio Katz, el gobierno de Mauricio Macri busca asfixiar presupuestalmente a la educación pública con el fin de mermarla en pro del sector privado. En este sentido, ignorando la Ley de Financiamiento Educativo, el gobierno macrista pretende terminar con el piso salarial del gremio en todo el país. El experto señala que “no es cierto que el Estado carece de fondos. Los 60.000 millones de pesos –que se requieren para satisfacer las demandas de los gremios– son apenas un vuelto de los subsidios otorgados a los capitalistas. Equivalen exactamente al monto que la familia Macri se embolsó con la licuación de su deuda del Correo”. Con este marco de fondo, los gremios de la educación se han plantado y han desarrollado medidas de paro y movilización durante las últimas semanas. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó un paro de 48 horas en todo el país entre el jueves y el viernes, reclamando al gobierno una paritaria nacional, la cual se suma a seis jornadas previas de cese de actividades. Esta es la segunda huelga concretada por la Ctera durante el mes de marzo. La organización sindical prepara nuevos paros para el el martes 21 y el miércoles 22, unidos a una marcha federal educativa que transcurrirá por el centro de Buenos Aires. Por otro lado, el gobierno bonaerense mantuvo una reunión con tres gremios con representación minoritaria en el sector con el fin de concretar un nuevo acuerdo salarial. Según informó Página 12, la gobernadora María Eugenia Vidal dictó el pasado miércoles por decreto un aumento de 1.500 pesos a cuenta de la negociación paritaria con los gremios. También anunció un premio para aquellos maestros que no secunden el paro con un reconocimiento extra por presentismo durante el mes de marzo. La jerarca emitió también duras críticas a los sindicatos por no tener “vocación de diálogo, sino vocación de conflicto”. “Hace semanas que dejaron de dialogar para pasar a un conflicto, y que se extienda lo más posible”, declaró Vidal a los gremios que no aceptaron el aumento de 18 por ciento sobre un sueldo básico de 9.000 pesos en cuatro cuotas que el gobierno ofreció en la negociación paritaria. Por su parte, los trabajadores consideran los sueldos propuestos por Vidal como “sueldos de pobreza” y por ello se niegan a aceptarlos. Contra el ajuste Por otro lado, varias organizaciones sociales y movimientos populares iniciaron el pasado martes una jornada de movilización consistente en trescientos cortes de calles y organización de ollas populares para exigir al implementación de la Ley de Emergencia Social. Esta legislación fue sancionada el pasado diciembre y el gobierno ha tratado hasta ahora de posponer su desarrollo lo máximo posible. El viernes 10 fue reglamentada. Por ello agrupaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán han organizado esta protesta masiva para acelerar su implementación y denunciar el empobrecimiento de la población como consecuencia de las medidas de ajuste iniciadas por el gobierno neoliberal.