La Policía Federal de Brasil ejecutó la detención del alcalde de Aceguá (Uruguay), Diego Almeida, perteneciente al Partido Nacional, en el marco de la denominada Operación Cold Trail, un megaoperativo orientado a desarticular una estructura dedicada al cambio paralelo, la remisión ilegal de divisas y el lavado de activos en la frontera entre Brasil y Uruguay, según informó Cerro Largo Portal.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Alcalde del Partido Nacional Diego Almeida
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La detención del jerarca comunal se concretó al momento de retirarse de la sede de la Prefectura brasileña de Aceguá, donde acababa de participar en un encuentro institucional. Almeida fue conducido ante las autoridades policiales para prestar declaración y posteriormente recuperó la libertad.
De acuerdo al citado medio, la actuación estaría relacionada con la actividad de Almeida como cambista.
Incautaciones, medidas cautelares y estructura operativa
De acuerdo a lo informado por Eduardo Preve el procedimiento judicial instruido por la Justicia Federal brasileña incluyó la ejecución de 2 órdenes de arresto, 10 allanamientos y 10 registros personales, además del embargo cautelar de bienes por un valor estimado en 254 millones de dólares. La medida patrimonial alcanzó a cuentas bancarias, 13 vehículos y 9 propiedades.
En el marco del mismo expediente, otras ocho personas quedaron sujetas a medidas cautelares que comprenden, prohibición de abandonar el territorio brasileño, retención de pasaportes y obligación de comparecencia periódica ante la sede judicial.
Según la investigación iniciada en septiembre de 2023, la red operaba como una institución financiera informal. El mecanismo consistía en captar depósitos en reales de particulares y empresas de diversos puntos de Brasil en cuentas dispuestas por la organización, para luego entregar sumas equivalentes en moneda extranjera sin registro ni autorización legal. Los implicados enfrentan imputaciones por funcionamiento ilegal de entidad financiera, lavado de dinero y crimen organizado.