El informe plantea que el país debe resolver si aspira a ser un referente real o "solo en el papel”, y advierte que la clave está en decisiones políticas y presupuestales. “Sin presupuesto no hay política pública en derechos humanos”
Infancias y adolescencias: un sistema que revictimiza
Amnistía Internacional señala “fallas persistentes” en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente bajo tutela estatal. El informe advierte que los hechos registrados no son aislados, sino que evidencian “déficits estructurales en la prevención, la evaluación del riesgo y la coordinación interinstitucional” .
Entre 2020 y 2025 fallecieron 114 menores bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), lo que la organización define como una situación de “gravedad” que requiere una revisión profunda. Además, se subraya que muchas trayectorias institucionales “en lugar de reparar, agravan el daño y reproducen la revictimización” .
"Si bien se han adoptado medidas y se han establecido nuevas leyes que buscan brindar más garantías a esta po-blación, el Estado sigue fallando y no protege a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad", expresa Amnistía Internacional.
El informe también vincula el embarazo infantil con la violencia sexual y advierte sobre dificultades en el acceso a la justicia, reflejadas en bajos niveles de condena en casos de explotación sexual. El organismo cita datos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), advirtiendo que "entre mayo de 2021 y abril de 2024 se registraron 190 embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años" y que "el 48 % había sido víctima de violencia, siendo el tipo de violencia más frecuente el abuso sexual (más del 60 %)".
Ante esta situación, desde Amnistía señalan que "el embarazo infantil y la explotación sexual no pueden abordarse exclusivamente como problemáticas sanitarias o penales: constituyen indicadores de fallas sistémicas en la protección integral de niñas y adolescentes y en la garantía del interés superior de las niñas".
Y añaden: "Es deber del Estado implementar políticas integrales y ade-cuadas para la prevención de la violencia, el abuso y el maltrato de niñas, niños y adolescentes".
Violencia de género y vicaria: persistencia y fallas estructurales
El capítulo sobre derechos de las mujeres sostiene que Uruguay “continúa siendo un país inseguro para muchas mujeres y niñas” . Si bien los femicidios muestran variaciones, la violencia de género se mantiene como una problemática estructural.
El informe recoge que "las denuncias por violencia doméstica y de género aumentaron 19 % en los últimos diez años, pasando de 29.785 en 2015 a 35.443 en 2025", de acuerdo a información del Ministerio del Interior. También adcierte que, entre enero y octubre de 2025, hubo 117 denuncias diarias y que "cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal".
Amnistía también hace una advertencia específica sobre la violencia vicaria como una expresión extrema de la violencia de género, destacando que "en los últimos tres años, al menos 13 niñas y niños habrían muerto como consecuencia de este tipo de violencia, sin que se identifiquen medidas específicas orientadas a su prevención".
Ante esta situación, el informe sostiene que "sin una respuesta integral que combine acceso a justicia especializada, medidas de protección efectivas, dispositivos de seguimiento y servicios de atención y refugio, la normativa no se traduce en garantías reales para las víctimas".
Cárceles: hacinamiento crítico y condiciones inhumanas
La situación del sistema penitenciario aparece como uno de los puntos más críticos. Amnistía sostiene que existe una “violación a los derechos humanos” en condiciones de reclusión, con hacinamiento, insalubridad y falta de acceso a servicios básicos .
Citando datos del MI y de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, "la población reclusa aumentó más de 30 % desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad", exhibiendo una de las tasas de encarcelamiento más altas de la región, con 477 habitantes privados de libertad por cada 100.000.
El informe también indica que el hacinamiento supera el 120% en gran parte del sistema y que solo el 17% de las cárceles ofrece condiciones adecuadas para la reinserción.
Además, se advierte sobre el aumento de muertes bajo custodia estatal y episodios graves como incendios en módulos penitenciarios, que evidencian fallas estructurales.
Memoria, verdad y reparación: avances con límites
En materia de crímenes del pasado reciente, el informe reconoce avances en condenas judiciales, pero sostiene que el derecho a la verdad y la justicia “aún no es garantizado plenamente” .
La organización señala la persistencia de la impunidad estructural y advierte que esta “mina la verdad en cada archivo que no se explora” , en referencia a las dificultades para avanzar en investigaciones y acceso a información.
Libertad de prensa y acceso a la información
El informe también identifica obstáculos en el acceso a la información pública y en la transparencia estatal. Señala “dificultades para garantizar (…) acceso oportuno a información pública relevante” , lo que impacta directamente en la calidad democrática.
Estas limitaciones, junto con problemas de acceso a datos oficiales actualizados, afectan el control ciudadano y la evaluación de políticas públicas.
