Ni el calor ni las fiestas de fin de año ni los brindis fueron impedimento para levantar el receso parlamentario en la Cámara de Diputados y dar entrada así al proyecto de capitalización de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado previamente por el Senado. La ausencia de un legislador había impedido a la bancada del Frente Amplio aprobar el proyecto, así que el diputado ausente, Enzo Malán, tuvo que viajar de apuro, suspendiendo sus vacaciones en Cuba, para que el oficialismo tuviera quórum como para sesionar y votar la iniciativa. La ajustada votación que permitió aprobar el proyecto para capitalizar Ancap no sirvió para ocultar el malestar generado en buena parte de la interna y en la oposición. Esta última ya amenaza con enviar a la Justicia los antecedentes, aun antes de conocer los resultados de los informes que deberán ser presentados al Senado en marzo, tras el trabajo de la comisión investigadora.
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La tarea encomendada a la comisión, creada el 28 de julio en el Senado, era la de investigar todo lo acontecido en el periodo 2000-2015. Según fue aclarado, se partió de la base de que no había ninguna ilicitud.
Desde 2014 la oposición cuestiona el déficit con que cerraron los balances de Ancap en los últimos años. El senador nacionalista Álvaro Delgado, promotor de la investigación, observaba la rareza de que «la empresa con mayores ingresos del país haya tenido pérdidas acumuladas por más de U$S 600 millones en los últimos cuatro años».
Los números establecidos en los balances indican que en 2011 el déficit fue de U$S 95 millones, en 2012 de U$S 15 millones, en 2013 de U$S 169 millones y en 2014 de U$S 323 millones, estimándose que este año cerraría en U$S 200 millones. Para la oposición, la situación muestra que la empresa está “en quiebra”.
Otro elemento es el referido a la planta de cal, un contrato firmado con Brasil que no habría sido cumplido a cabalidad por Ancap y por el que ha pagado unos U$S 7 millones a una planta de energía de Candiota. Esto se debería a que la planta de Treinta y Tres, subsidiaria de la colateral Ancap-Cementos del Plata, no da abasto con la producción.
A todo esto se agrega la publicidad. El ente gastó, a través de una agencia, U$S 10,7 millones. Según la investigación, ese gasto habría sido ordenado por una gerencia, sin conocimiento del directorio. En la comisión se mencionó la que el costo de la organización de la ceremonia de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, en agosto de 2013, fue de U$S 360.000, a los que se deben sumar U$S 600.000 para la publicidad.
Un remolcador encargado a la Armada para mover las barcazas con petróleo por el río Uruguay, que costó U$S 15 millones y nunca fue usado, estuvo, también, entre los elementos cuestionados en la comisión. El ente recurrió a los servicios de una empresa privada, a un costo de U$S 5,5 millones.
Largo trabajo
Pasados cinco meses de trabajo, la comisión llegó a una serie de conclusiones que se darán a conocer en marzo, cuando se presenten los informes, que, seguramente, serán dos. Para varios de los representantes de la oposición hay irregularidades, y hasta corrupción. Así lo han dicho en las sesiones extraordinarias del Parlamento entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, convocadas para considerar el proyecto de capitalización presentado por el Ejecutivo.
Tras conocer los números del organismo, el Poder Ejecutivo anunció, el pasado 22 de diciembre, un plan tendiente a capitalizar a la empresa mediante la condonación de la deuda que mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se proyectó además una inyección financiera a través de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y la creación de un grupo de trabajo integrado por el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para compartir la gestión del ente junto a sus autoridades. La iniciativa, presentada por los ministros de Economía, Danilo Astori, y Carolina Cosse, de Industria, Minería y Energía, contempla también la revisión de algunos negocios de Ancap, como la producción de portland y cal y los biocombustibles.
El proyecto fue remitido al Parlamento cuando éste ya había cerrado sus actividades del año. Para levantar el receso fue necesario emplear la ajustadísima mayoría (de apenas un senador más) que el Frente Amplio tiene en la Cámara alta. El lunes 28 de diciembre los senadores oficialistas levantaron el receso y dieron entrada al proyecto, que fue presentado por la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Patricia Ayala, exintendenta de Artigas.
Tras un corto debate, el texto fue votado y aprobado, y se envió de inmediato a la Cámara de Diputados. Allí, el martes 29 de diciembre, en una situación de la que no hay antecedentes, se pretendió levantar el receso del órgano, pero no se pudo porque al FA le faltaba un diputado: Enzo Malán, del Partido Socialista, que disfrutaba con su familia de unas vacaciones en Cuba. El representante tuvo que viajar de apuro desde la “perla del Caribe” para darle al Frente Amplio el quórum necesario para aprobar un proyecto en el que se jugaba gran parte del destino de la principal empresa del país. Malán llegó en la madrugada del 1º de enero. Ese mismo día se levantó el receso y, al día siguiente, sábado 2, a las 10 de la mañana, la diputada Lilián Galán (MPP) dio lectura al documento. Luego vinieron 14 horas de debate sobre cualquier cosa menos sobre el contenido del proyecto, hasta su aprobación al filo de la medianoche.
Durante la presentación del proyecto, Galán justificó la “contribución” que hizo Ancap a la política económica y afirmó que es “moralmente injusto” hablar de capitalización, y que sería más acertado hablar de “resarcimiento”. Ese punto de vista no fue compartido por todos los legisladores del FA, en particular los pertenecientes al Frente Líber Seregni (FLS), que si bien votaron el proyecto, no perdieron la ocasión de señalar sus discrepancias. Tal vez el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) haya sido el que mejor sintetizó la opinión del sector, al señalar: «Lamentablemente tengo que decir que si el informe que se hizo por parte del Frente hubiera estado escrito, obviamente hubiera tenido salvedades a la hora de firmarlo, porque hay cosas que no las comparto. […] No coincidimos con algunas de las causas que se expresaron de esta situación. Es público y notorio que no estamos de acuerdo con la formulación que dice que las causas del déficit son el no reconocimiento de costos por parte del Ministerio de Economía».
En contra
La oposición, como ya lo había hecho en el Senado y anunció que haría en Diputados, no votó el proyecto. Disparó fuertes críticas tanto contra la iniciativa como contra el gobierno en su conjunto. El diputado nacionalista Jorge Gandini empezó su intervención saludando irónicamente a la Federación Ancap “por colmar, en defensa de las empresas públicas, las barras… Las barras de Maldonado y el Chuy, porque éstas están vacías”, dijo, señalando las tribunas.
“Ya veremos si parte de estas pérdidas financiaron la campaña electoral del hoy vicepresidente de la República [Raúl Sendic], particularmente en la interna del FA, en la que todos vimos un derroche desproporcionado de recursos económicos. Ya veremos si Sendic se apropió sólo del eslogan de Ancap, ‘el Uruguay que queremos’’’, dijo, en un tono casi amenazante.
El proyecto fue aprobado por 50 votos en 90 presentes y promulgado por el Poder Ejecutivo el lunes 4 de enero.
Ahora vendrán nuevas instancias, entre ellas la presentación ante el pleno del Senado de los informes de la comisión investigadora. Serán dos: uno de los legisladores del Frente Amplio y otro de la oposición. Pero también será el tiempo de la Justicia, ya que los legisladores opositores anunciaron, incluso antes de que comenzara el trabajo de la comisión, que recurrirían a los tribunales para presentar denuncias. Una estrategia similar a la empleada cuando el caso Pluna, y que ahora se anuncia diariamente. Independientemente de lo que el Senado haga con los informes, la opinión pública está informada de que habrá denuncias ante la Justicia de Crimen Organizado. Ese es el escenario que se abre.
El otro es el trabajo de Ancap, que será gestionada por su directorio y por el organismo integrado por el Ministerio de Economía y la OPP. Los negocios de la petrolera serán minuciosamente analizados y la posibilidad de cambios en ese orden puede generar nuevos frentes de batalla, ya que pueden afectarse otros intereses.