Andrade: “Este no es el peor de los mundos; el gobierno podría realizar un nuevo ajuste”

“Estos 15.000 millones que decimos que son de recorte no son el peor de los mundos, lamentablemente en el plan actual sería lo mejor que nos puede pasar que nos recorten (…) Hicimos estudios de los distintos escenarios macroeconómicos para Uruguay. Si la economía cae moderadamente y sube sin perder un milímetro, según lo que ellos pronostican, difícilmente lleguen al objetivo fiscal que está previsto, no nos dan las cuentas por todos lados, por lo que puede haber un nuevo ajuste”, afirmó a esta revista el senador.

Señaló que los artículos 2 y 7 que están estipulados en el presupuesto pueden llevar a un recorte muy superior al planteado, debido a que establece “discrecionalidad absoluta” para que el Poder Ejecutivo pueda establecer topes.

“Por ejemplo, votamos 8.000 millones para vivienda, pero si el Poder Ejecutivo se le ocurre que sean 6.000, el resultado en la práctica, no en la teoría, es que van a ser 6.000. Esta práctica se ha hecho en los gobiernos de los partidos tradicionales. Las áreas más afectadas por estos artículos son vivienda, transporte y obras públicas, con el dramático resultado que eso tiene para la industria de la construcción y la actividad económica. Estos ajustes se pueden hacer, además, sin venir a explicarlos al Parlamento, lo que deteriora más la relación de equilibrio que tiene que haber entre los distintos poderes del estado. Todo el pueblo está representado en el Parlamento y no es una buena señal que exista tanto margen de discrecionalidad”, reflexionó Andrade.

El senador afirmó que el presupuesto recorta políticas sociales “muy importantes”, implica un “fuerte rebaja salarial”, abandona la justicia social y produce más desigualdad.

“El presupuesto presenta recortes de la UTE, OSE y Ancap produciendo la mitad. Además, recorta áreas muy sensibles como la educación, la vivienda, la salud, y tiene una rebaja muy fuerte de los salarios. El presupuesto nacional recorta 15.000 millones de pesos, para hacerlo tuvo que golpear fuertemente al Instituto de Colonización, a la Dirección General de Desarrollo Rural, a la ANEP, al presupuesto de vivienda, de ASSE, por tanto, para aplicar un ajuste muy menor al que se comprometió en campaña, lo hicieron pasando por encima de políticas sociales muy importantes, ni hablar de la rebaja muy fuerte de salario”, agregó.

Advirtió que el recorte de las empresas públicas va a debilitar el desarrollo productivo del país y señaló que la “inmensa mayoría del pueblo” enfrenta el costo de este presupuesto.

“Claramente se abandona la justicia social en este caso. Un resultado claro de este presupuesto es que Uruguay va a ser mucho más desigual. Es la primera vez en mucho tiempo que el presupuesto no tiene proyecciones respecto a la pobreza, al salario real, a la desigualdad”, afirmó.

¿Qué peligros encierra el Presupuesto?

Hay dos elementos generales que son los más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el presupuesto es la confirmación de una absoluta insuficiente participación del estado en medio de una emergencia social muy importante, con niveles de desempleo muy altos y con una situación angustiante para muchos uruguayos. En ese sentido, el presupuesto refleja un ajuste: Uruguay está en el último lugar, según la Cepal, de países que han tomado medidas en relación a su producto bruto interno. El presupuesto presenta recortes de la UTE, OSE y Ancap produciendo la mitad. Además, recorta áreas muy sensibles como la educación, la vivienda, la salud, y tiene una rebaja muy fuerte de los salarios. A la hora de tener que demostrar la coalición de gobierno su promesa principal de campaña, que fue con la que logró el resultado electoral, en donde prometió que iba a ahorrar 900 millones de dólares sin necesidad de tocar las políticas sociales ni tocar los salarios, no lo ha podido hacer. 900 millones de dólares son unos 28.400 millones de pesos. El presupuesto nacional recorta 15.000 millones de pesos, para hacerlo tuvo que golpear fuertemente al Instituto de Colonización, a la Dirección General de Desarrollo Rural, a la ANEP, al presupuesto de vivienda, de ASSE, por tanto, para aplicar un ajuste muy menor al que se comprometió en campaña, lo hicieron pasando por encima de políticas sociales muy importantes, ni hablar de la rebaja muy fuerte de salario. Hay una fuertísima rebaja salarial y va a terminar incidiendo en el ajuste de las jubilaciones por debajo de la inflación. Todo eso es negativo porque le adjudicamos al papel del estado y de la inversión pública un rol diferente en este momento, nosotros creemos que en muchas áreas ahorrar va a afectar el compromiso educativo, que recortó casi 9.000 becas este año, ese ahorro se va a ver reflejado en muchos niños y adolescentes.

El recorte de vivienda se va a ver reflejado en la precarización del modo de vida de las personas y en la reducción de los puestos de trabajo.  El recorte de las empresas públicas nos va a debilitar en el desarrollo productivo del país, creemos que el resultado es que lo vamos a pagar más caro. Por tanto, hay dos enfoques radicalmente distintos de cómo atender la actual situación.

¿Quiénes son los que efectivamente están pagando el costo del Presupuesto?

La inmensa mayoría de nuestro pueblo, uno puede pensar que quizás un sector agroexportador muy potente, como existió una devaluación y hay una quita de impuestos, puede verse beneficiado. Puede ser que haya un porcentaje muy chico de sectores muy potentes de la economía que se vieron beneficiados. Pero después los trabajadores públicos, privados, los sectores vinculados a la educación, a la pequeña producción, no. Es una mirada que se sostiene desde la perspectiva de que la política del estado es una traba para el desarrollo. Nosotros creemos que no hay desarrollo cuando no se articula el crecimiento económico con la justicia social. Claramente se abandona la justicia social en este caso. Un resultado claro de este presupuesto es que Uruguay va a ser mucho más desigual. Es la primera vez en mucho tiempo que el presupuesto no tiene proyecciones respecto a la pobreza, al salario real, a la desigualdad.

Uno de los temas que está generando mucha polémica del Presupuesto son los artículos 4, 6 y 7. COFE rechaza esta situación. ¿Qué piensa sobre este tema?

Es una cruel paradoja que exista un llamado para que los trabajadores sean socios con respecto a la caída de la economía, donde los salarios deben acompañarla, y en las propias proyecciones del Poder Ejecutivo cuando la economía se recupere, para el 2021, 2022, 2023, según los pronósticos presentados, aunque nosotros dudamos de ellos, no participan de ella. Cuando la economía cae, acompañan, pero en el 2021 cuando la economía crece, no lo reciben, tampoco el 2022. Ni siquiera en ese escenario le garantizan el mantenimiento del salario real, ya no crecimiento. Es lógico el malestar de los trabajadores del estado. También la política fue muy regresiva para los trabajadores del sector privado. Este año si tu empresa estaba en problemas o si estaba en crecimiento, en cualquier caso, había congelación de salario.

En el presupuesto, lo que establece el artículo 6 es que en políticas publicas el Poder Ejecutivo puede no ajustarlas por la inflación. Es un presupuesto cada vez más raquítico. Hay un ajuste dentro del ajuste. Estos 15.000 millones que decimos que son de recorte no son el peor de los mundos, lamentablemente en el plan actual sería lo mejor que nos puede pasar que nos recorten. Porque los artículos 2 y 7 nos pueden llevar a un recorte muy superior al planteado. Una por el no ajuste por el IPP y otra porque establece discrecionalidad absoluta para que el Poder Ejecutivo pueda establecer topes. Por ejemplo, votamos 8.000 millones para vivienda, pero si el Poder Ejecutivo se le ocurre que sean 6.000 el resultado en la práctica, no en la teoría, es que van a ser 6.000. Esta práctica se ha hecho en los gobiernos de los partidos tradicionales. Las áreas más afectadas por estos artículos son vivienda, transporte y obras públicas, con el dramático resultado que eso tiene para la industria de la construcción y la actividad económica. Estos ajustes se pueden hacer, además, sin venir a explicarlos al Parlamento, lo que deteriora más la relación de equilibrio que tiene que haber entre los distintos poderes del estado. Todo el pueblo está representado en el Parlamento y no es una buena señal que exista tanto margen de discrecionalidad.

Hicimos estudios de los distintos escenarios macroeconómicos para Uruguay. Si la economía cae moderadamente y sube sin perder un milímetro, según lo que ellos pronostican, difícilmente lleguen al objetivo fiscal que está previsto, no nos dan cuentas por todos lados, por lo que puede haber un nuevo ajuste.

¿Se puede decir entonces que todas estas acciones del gobierno son para beneficiar a los empresarios?

No todas, porque en realidad hay un montón de empresarios pequeños y medianos que no se ven beneficiados. Hay 5.000 productores familiares que tienen ingresos que son iguales a los de cualquier trabajador que están siendo golpeados. Las pequeñas empresas son golpeadas cuando hay una rebaja del salario porque dependen del mercado interno. Puede ser que haya medidas que beneficien a una parte del sector exportador, pero en general los resultados son tremendamente negativos.

El resultado es que hay ajuste para ordenar las cuentas fiscales, hay menos inversión, menos actividad económica, menos recaudación, lo que obliga a un nuevo ajuste. El resultado termina siendo trágico.

¿Cuál cree que es la situación de los sindicatos ante este nuevo gobierno?

Lo que hay contra los trabajadores es un conjunto de elementos que están en cuestión. Voy a poner ejemplos. Hay una política fuerte de rebaja salarial y se recorta el derecho de huelga. Si un colectivo de trabajadores se manifiesta en la puerta de una fábrica por el no pago, estarían incurriendo en notoria mala conducta por un hecho ilegal. Hay un conjunto de medidas que perjudican sobre todo al trabajador que está en un sindicato débil. Las medidas son contra los sindicatos, pero sobre todo contra el trabajador, porque están pensadas para rebajar costos salariales.  Ellos creen que con eso aumentan las inversiones, pero en realidad destruyen el mercado interno, que deteriora las posibilidades del país. Creo que hay una estrategia de competitividad que ya conocimos que sus resultados son nefastos.

¿Cuál cree que es la principal autocrítica que tiene que hacer el FA sobre el resultado de las elecciones?

Lo que creo es que la autocrítica es fundamentalmente práctica. Si parte de los problemas que tuvimos son dificultades con el relacionamiento con el movimiento social, la batalla cultural, una excesiva burocratización, dificultades para tener una estrategia de avance en conjunto, me parece que el mejor acento que podemos darle a la autocrítica no es tanto en un documento sino en la práctica política. Ahí tenemos un enorme desafío.

Algunas organizaciones sociales le reclaman al FA una posición mucho más opositora y no tan conciliadora. ¿Qué piensa sobre esto?

Habría que ver en qué tema. Probablemente en algunos casos tengan razón. Ni los movimientos ni el Frente Amplio son homogéneos. Es un momento difícil en el marco de una pandemia que quita mucha movilización. El Frente Amplio llegó a la campaña electoral con una organización muy débil, mucho menos representativa. Eso es probable que se refleje. Gran parte de los problemas que tiene el FA lo tienen no pocas organizaciones sociales. No tenemos problemas tan distintos. En algunos casos son comunes y lo que hay que buscar es caminos para frenar aspectos muy regresivos.

Para 2024 usted dijo que podría presentarse como precandidato. ¿Sigue esta idea en pie?

No dije eso. Lo que dije es que no lo descartaba. La vez que descarté fue la elección antepasada y después la vida me llevó por otro camino. Pero falta mucho. El 2024 es como dentro de 100 años. Hay un montón de cosas para resolver ahora. Antes tenemos que construir una base social suficientemente amplia.

¿Hay alguna novedad sobre qué artículos van a intentarse derogar en el referéndum contra la LUC?

Va a haber una reunión esta tarde de la Intersocial que está intentando consensuar para lanzar la iniciativa. Creo que estamos en tiempo de cerrar un acuerdo y salir al proceso de recolección de firmas. Así como el presupuesto es una pieza clave en la restauración neoliberal, la LUC también marcó componentes represivos, de desregulación, de deterioro del acceso a la información, desalojos exprés, un conjunto de medidas que ubican los contornos de la política en curso hoy.

Hubo entredichos entre el secretario ejecutivo del Pit-Cnt, Gabriel Molina, y algunos dirigentes del FA por algunos artículos que la fuerza de izquierda votó en el Parlamento. ¿Cree que algunos medios quieren hacer cortocircuitos entre el FA y el movimiento sindical?

Este es un momento en el cual lo que hay que intentar es ponerse de acuerdo. Todos los movimientos sociales, la fuerza progresista y en particular el movimiento de trabajadores deben intentar mirar por encima de la anécdota, ver por encima de la frase, creo que si logramos llegar a un acuerdo en estos días sobre el articulado, va a pasar a ser una anécdota. Esta semana se podría sacar el acuerdo.