Tras una extensa campaña internacional, la Justicia concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a la dirigente social Milagro Sala. La decisión se adoptó tras un categórico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual se ordenó al gobierno argentino cumplir con la normativa internacional en materia de prisión preventiva y de derechos humanos. Sin embargo, la Justicia dispuso el traslado de la dirigente social a una casa en el barrio La Ciénaga, en las afueras de la ciudad de Jujuy, que carece de puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua y sanitarios, según informó el diario argentino Página12. De esta forma, el Estado argentino cumpliría en forma tardía y parcial, con el fallo de la CIDH, afirmó el periodista Horacio Verbitsky. La CIDH planteó severos cuestionamientos al proceso penal tramitado en Jujuy contra Sala, líder del movimiento Tupac Amaru, y dirigente política cercana a la ex presidenta Cristina Fernández. En esa resolución, el organismo internacional consideró que la detención de Sala era arbitraria y solicitó su libertad, o en su defecto la aplicación de medidas alternativas como la libertad controlada por medios electrónicos o la prisión domiciliaria.
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El abogado Luis Paz, representante de Sala en el proceso, destacó que ese fallo de la CIDH plantea que su detención “obedece a una criminalización orquestada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy contra una mujer indigenista y fundamentalmente una opositora al régimen político local. La CIDH resolvió con la mirada puesta en el territorio”. Tras dos semanas de intensos trámites entre el gobierno de Jujuy -cuyo gobernador Gerardo Morales fue el principal impulsor de las denuncias contra Sala-, el Superior Tribunal de Justicia y los dos jueces que dispusieron la prisión preventiva de la dirigente social, se decidió su liberación. Este miércoles, el juez de Control en lo Penal N° 3 de Jujuy, Gastón Mercau notificó a los abogados de Sala el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria. El magistrado sustentó su decisión en lo dispuesto por la CIDH.
El artículo de Página12 recuerda que Mercau “es yerno de la presidente del Superior Tribunal, Clara De Langhe de Falcone, quien lo designó ad hoc a cargo de las causas contra Sala. De Langhe de Falcone fue la abogada de Morales en una denuncia contra el actual presidente Mauricio Macri por el vaciamiento de la Correo. Luego fue vicepresidente del bloque radical en la Legislatura”.
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