Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La coalición no me da respiro. Hago un esfuerzo sobrehumano para llevar una crónica de todas sus burradas; pero nunca me pongo al día. La semana pasada comencé una nota afirmando que “este gobierno ha roto todos los récords de despidos y renuncias en poco más de un año. Los que estaban ‘preparados para gobernar’ han cambiado una y otra vez peones y alfiles en medio de escándalos, improvisaciones, peleas y declaraciones”.
Pues bien, si hubiera esperado un poco en enviar la nota, podría haber incluido a Pablo Bartol y Armando Castaingdebat. Ya no dudo que cuando se publique esta haya otra renuncia o despido en camino.
Que te la pinten como quieran, con lenguaje rebuscado, elegante y hermético; pero lo cierto es que la gestión del teórico Bartol al frente del Mides fue un desastre; por lo que bien podríamos aplaudir al presidente si no fuera por los motivos que expone. La gestión de Bartol se caracterizó (como bien ha señalado la Utmides, sindicato de dicho ministerio) por la “inacción del Estado y su retiro del territorio», provocando “un deterioro en las condiciones de vida y las posibilidades de alimentación adecuada y suficiente de muchísimas familias».
Ante la crisis ocasionada no solo por la pandemia, sino también por el plan neoliberal de Luis Lacalle Pou, el Mides se limitó al reparto de comestibles, como si eso fuera suficiente. Claro, Bartol es de los que cree que pobre es el que quiere y el que crece con los pies en el barro tiene las mismas posibilidades de desarrollo social y económico que aquel a quien el chofer lleva y trae del British Schools.
Que el gobierno ignorara olímpicamente al INDA y le diera a la Fundación Uruguay Adelante la administración de 65 millones de pesos para asistir a las ollas populares no hace más que recordar a los olvidadizos lo que es el herrerismo. ¿Por qué motivo se adjudica esta misión a una organización privada sin trayectoria alguna en el área social y que ni siquiera tiene personería jurídica? Le pregunto a Pablo Mieres si el Ministerio de Trabajo, que presentó un proyecto de ley para regular la personería jurídica de los sindicatos, incluirá en dicho proyecto a fundaciones que trabajen con el gobierno central y los gobiernos departamentales.
A los blancos no les gustan las ollas populares; pero pareciera que sí, porque cuando gobiernan las multiplican. Carmelo Vidalín expresó al diario El País que están en contra de las ollas populares y que prefieren los comedores. No se trata de meras preferencias de estilo; sino de la posibilidad de favorecer a los amigos con adjudicaciones con más facilidad. No fue casual que la LUC aumentara a 200 millones de pesos el monto disponible por el gobierno para compras directas, sin tener que convocar a una licitación abierta.
La administración privada hará más onerosa la tarea; no tiene fundamento alguno. En todo caso, habrá que investigar a fondo cada peso y esperar que no exista lucro, ni directa ni indirectamente, por parte de los particulares.
A Bartol se le despide tras haber hecho el trabajo sucio, trabajo que no coincidiría con las aspiraciones presidenciales de Martín Lema. Tal como señala un comunicado del sindicato, la misión del exministro fue desmantelar servicios sociales como “Socat, ETAF, Jóvenes en Red, Tránsito Educativo, Centros Promotores de Derechos, Uruguay Trabaja o la imposibilidad de ingresar a los programas del Sistema Nacional de Cuidados, Tarjeta Uruguay Social o Asistencia a la Vejez».
Como sea, Bartol ya fue; a menos que el Opus Dei presione para que lo acomoden en otra parte. La misión de Lema es dirigir el Mides con fines más políticos que sociales, y más claro no podrían haberlo dicho los mismos representantes del gobierno. Aquí y ahora comienza el camino hacia la precandidatura presidencial del flamante ministro.
Armando Castaingdebat se mandó el gran gesto republicano al renunciar a su cargo de subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social debido a que es suegro de Martín Lema.
“Humanamente entendimos que no podíamos seguir ahí, y de eso vinimos a hablar con Presidencia. Somos parte de este equipo, nos costó muchísimo llegar al gobierno. Martín Lema es mi yerno, el padre de mis nietos, y creo que es imposible trabajar juntos”, señaló a la prensa.
Muy bien, muy digno; genial… pero como bien escribió Gabriela B., una lectora que suele hacer inteligentes aportes a nuestras notas: “Humanamente imposible no sé, pero legalmente imposible, eso sí, seguro… seguimos con el ‘si pasa, pasa’. ¿Hasta cuándo?”.
Efectivamente, de continuar en su cargo se estaría violentando el Código de Ética de la Función Pública (Ley 19.823). La ley prohíbe expresamente que se dé tal situación.
Ahora, ¿por qué el presidente nombra en cargos tan importantes a gente que no tiene ganas de trabajar y no sabe nada de la función? En el programa “Desayunos informales”, de canal 12, Castaingdebat confesó: “Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era”.
Castaingdebat renunció, sí, pero luego de que el escándalo saltara en las redes sociales y en varios medios de comunicación. Entonces, ¿no sabía el presidente que esto no era viable? ¿Por qué al anunciar el retiro del ministro no anunció también el retiro del subsecretario?
Es lo mismo que pasó con Isaac Alfie, el mayor traidor a la patria de las últimas décadas, cuando dejó pasar todo un año sin retirar una solicitud de exoneración de impuestos por una compra de su empresa privada, sabiendo que obtener tal beneficio no era compatible con su cargo, y tampoco renunció al mismo tras saber que la ministra aprobó la solicitud. Solo cuando el escándalo estalló en las redes y el presidente lo llamó, se mandó el gran gesto republicano.
Si tendremos que estar atentos con estos especímenes porque viven jugando al “si pasa, pasa”.
Para colmo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró “confidencial” el expediente de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en la que se otorgó beneficios a la firma de Isaac Alfie, negando así información a legisladores frenteamplistas que quisieron saber un poco más.
Mientras tanto, el proyecto de la nueva ley de medios avanza y son varios los particulares que se refriegan las manos. La coalición ya acordó y no necesitará negociar con el Frente Amplio.
La ley actual impide que una misma persona posea más de tres medios de comunicación considerándose frecuencias radiales de AM, FM y televisión abierta. Con la nueva ley, una misma persona podrá tener, entre Montevideo y el interior, una decena, con todo el poder que ello implica en un país tan pequeño como Uruguay. Pronto tendremos que llamarle zar a alguien. Casi seguro que será extranjero, porque el problema de la extranjerización de los medios se dejó intacto, al igual que el problema de la concentración de medios en las mismas manos.
Antel quedará habilitada (léase “obligada”) a arrendar su infraestructura de fibra óptica para que las empresas privadas puedan ofrecer sus servicios de internet. A la trampa de la portabilidad numérica, se suman otras artimañas. Gabriel Molina, presidente de Sutel, denunció a Caras & Caretas que el actual presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez, afirmó “que no iba a seguir ofreciendo contenidos porque no era su cometido tener una plataforma para que los uruguayos pudieran, a través del celular, ver películas u otros contenidos; pero resulta que Movistar y Claro, que compiten con Antel, sí pueden tener TV y contenidos a través del celular”.
Toda la política neoliberal de Lacalle Pou apunta a debilitar a Antel y favorecer a sus competidoras Claro y Movistar.
Recordemos que el ingeniero Gabriel Gurméndez ya estuvo en la empresa en los gobiernos de Luis Lacalle Herrera y Jorge Batlle y celebró con bombos y platillos cuando Claro, empresa de Carlos Slim, accedió a una banda de telefonía celular, luego de lo cual fue nombrado gerente general del Aeropuerto de Cancún, perteneciente a una sociedad anónima vinculada al magnate mexicano. Paralelamente, al frente de la Ursec se colocó a Mercedes Aramendía, proveniente de la empresa Movistar.
Cubriendo todos los flancos, la nueva ley elimina varios organismos que aseguraban la transparencia y participación ciudadana.
Recordemos también que Lacalle I intentó vender Antel en la década del 90 y los uruguayos le tumbaron la ley mediante una acción cívica ejemplar e histórica.
Voltear la LUC requerirá de un esfuerzo supremo, muy superior al de aquella hazaña. La pandemia nos impide organizar actos multitudinarios para juntar firmas y la covid oficia de cómplice perfecto de los neoliberales, quienes se escudan tras el virus por la caída del salario real, suba de la inflación, aumento del desempleo, aumento de las tarifas de los servicios públicos y de la pobreza y eliminación de planes sociales. Lo iban a hacer igual, con o sin virus; pero ahora tienen una excusa.
Para colmo, son pocos los dirigentes frenteamplistas que, como Óscar Andrade, pelean con uñas y dientes contra este engendro legislativo. Algunos militan con buena voluntad, pero carecen de la habilidad argumentativa y didáctica del Boca. Otros… Se me terminó el espacio.
Mejor así.
