A principios de este año 27 policías fueron acusados ante la Fiscalía Policial de Bolivia por «promover y generar racismo y discriminación», informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori.
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Ahora, la Justicia determinó la expulsión del cuerpo armado de 14 uniformados por participar en el golpe de Estado de 2019.
Condori subrayó que «de ninguna manera los casos mencionados pueden considerarse como persecuciones». Son, por el contrario, «sanciones a algunos malos uniformados amotinados en hechos que nunca más pueden suceder en el Estado Plurinacional».
Los expulsados
Entre las bajas definitivas está la del mayor Daniel Gualberto Capriles, a quien acusaron por instigar el levantamiento de hace dos años junto al grupo para estatal Resistencia Juvenil Cochala.
También destituyeron al capitán José Vargas, que tuvo participación protagónica en la ruptura constitucional, declaró el viceministro de Régimen Interior Nelson Cox.
Como parte del proceso investigativo la Fiscalía envió a prisión preventiva al excomandante de la Policía Rodolfo Montero. El exjerarca fue acusado por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves durante la masacre de Senkata, en La Paz.
Otro grupo de exjefes militares obtuvo prisión preventiva por su participación en el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez. Entre ellos, el exjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Pablo Arturo Guerra. También el excomandante del Ejército, Iván Patricio Inchauste.
El golpe
La brutalidad del Ejército y la Policía en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y el de Sacaba en Cochabamba dejó como saldo 27 muertos y cientos de heridos, de acuerdo con datos de organizaciones de los derechos humanos.
En el período de octubre a noviembre de 2019 los uniformados y algunos civiles cometieron actos de violencia contra 58 periodistas y 14 medios de prensa.
La represión obligó también al exilio a cientos de personas y más de mil 500 resultaron detenidas.
Con información de Prensa Latina.