Las organizaciones sociales decretaron este martes una huelga general indefinida hasta que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) se retracte y respete la fecha establecida para las elecciones generales del 6 de septiembre, medida que será acatada por las organizaciones a nivel nacional.
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“A pedido de las organizaciones sociales de El Alto, de las 20 provincias del departamento de La Paz, de la Federación Tupaj Katari, de la Central Obrera departamental, Ayllus del norte de Potosí, mineros, fabriles, constructores, Junta de vecinos, de padres de familia y organizaciones de jóvenes, han pedido que a partir de hoy día se declare la huelga general indefinida”, manifestó el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
La masiva marcha, que inició en Senkata donde el Gobierno de Añez mató a bolivianos durante la represión el año pasado, copó varios kilómetros de las calles de la ciudad de El Alto, movilizando a sectores de todo el país no solo en esta urbe, sino en otras regiones del país.
Los movimientos manifestaron su disconformidad a las políticas implementadas por el Gobierno de Añez que lejos de cuidar la salud de la oblación, generaron inestabilidad económica, desempleo y crisis en el aparato estatal, además de los actos de corrupción destapados durante su corta gestión gubernamental.
“Es el pedido del pueblo , de las bases para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad, basta de la falta del respeto a la democracia, este pueblo unido va a luchar por el respeto a la democracia, a la salud, a la educación, a la estabilidad laboral de los trabajadores”, acotó Huarachi a nombre de las organizaciones sociales.
El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez trató de desacreditar la protesta con denuncias, a lo largo de la mañana de que los marchistas serían principalmente productores de coca de otras regiones supuestamente enfermos de covid-19 que tendrían la intención de provocar contagios masivos.
Desde la central sindical se rechazó estas acusaciones y se reivindicó la protesta como un acto de defensa de valores democráticos, en especial el derecho a elegir gobierno mediante el voto.