Durante la interpelación en el Senado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó en el Parlamento propuestas de ajustes al nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que incluyen la posibilidad de conducir a un detenido a la Justicia para indagatoria sin que medie orden fiscal, que para los reincidentes la prisión preventiva debe ser preceptiva y que en caso de acuerdo para reducción de la pena, el imputado no podrá acceder a libertad anticipada sobre la pena acordada.
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“Se ha dicho que hay que esperar dos años para hacer evaluaciones. Yo digo que no, que es necesario hacer los ajustes ahora porque la instalación de espacios de impunidad y de no persecución penal nunca fue el argumento para impulsar el nuevo Código”, dijo Bonomi.
“Para nosotros, esos ajustes tienen que ver con dejar claramente establecido que la Policía, en casos de flagrancia, puede detener e indagar, sin que medie orden fiscal para llevar un detenido ante la justicia”, explicitó. “También tiene que quedar claro que, en el caso de reincidentes o reiterantes, la prisión preventiva tiene que ser preceptiva. Y en caso de acuerdo entre el fiscal y el abogado que lleve a la reducción de la pena, no puede haber libertad anticipada sobre la pena acordada”, complementó.
De enero a octubre del 2017 bajó 7 % los procesamientos con prisión en comparación al año anterior. Pero desde la aplicación del código se redujeron un 51 % los procesamientos con prisión y un 35 % los procesamientos sin prisión. En cinco meses fueron procesadas con prisión 1.616 personas menos. Lo mismo pasa con los procesamientos sin prisión, la persecución penal en términos globales se redujo un 44 %. “Yo creo que cuando se discutió y aprobó el Nuevo Código nadie tenía en mente este resultado”, concluyó.
“Hay que realizar ajustes urgentes porque este cambio no es lo que se pretendió cuando todos los partidos políticos impulsaron el nuevo código. La baja de procesamientos en términos generales, es decir, con y sin prisión, fue de 44 %. Y esta renuncia a la persecución penal tuvo automáticamente un correlato en el aumento de delitos, eso también se puede demostrar científicamente con datos”.
“La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017 transformó sustantivamente el trabajo de la Policía, la Fiscalía y la Justicia. Todos los partidos políticos votaron su implementación, por lo que tiene un altísimo nivel de respaldo político.”, precisó el ministro.
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