La campaña para el referéndum del próximo 27 de marzo se intensifica con el correr de los días. Los que están a favor y en contra de la ley de urgente consideración exponen sus argumentos buscando recoger votos de cara a la consulta popular.
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Este lunes, Pablo Caggiani salió al cruce de un tuit del Partido Nacional que promociona el mantenimiento de la norma.
«Desde que la Ley de Urgente Consideración (LUC) está vigente, los docentes pueden recibir mejor remuneración por trabajar en zonas donde más esfuerzos se requieren, privilegiando a los alumnos que más lo necesitan. Con la Celeste ganamos todos, votá no derogar», publicó en su cuenta de Twitter el Partido Nacional.
Sin embargo, Pablo Caggiani, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y exconsejero en Educación Inicial y Primaria, aseguró que este punto no se está cumpliendo.
En concreto, el mensaje hace referencia al artículo 193 de la LUC, que versa sobre los estatutos del personal docente y no docente. Allí se estipula que «el Consejo Directivo Central de la ANEP podrá establecer compensaciones o complementos salariales y otros beneficios, atendiendo a circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto socio cultural en el que funciona el establecimiento o el cumplimiento de metas de política pública definidas en cada caso, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales atribuidas al efecto».
Mediante Twitter, Caggiani planteó que el artículo no se aplica y «no tiene un solo acto administrativo en ANEP». «Es como el de los combustibles. Es decir que ningún docente mejoró su remuneración por la LUC. De hecho los docentes perdieron más de 18 jornales en salario los últimos dos años», señaló.
El artículo es uno de los 135 que la Comisión por el Sí pretende derogar en el referéndum del 27 de marzo.
En esta línea, el docente sostuvo que el artículo 193 «destruye la carrera docente y habilita la opacidad y discrecionalidad en el acceso a los cargos docentes», al contener una serie de disposiciones que van más allá de la posibilidad de incrementar las remuneraciones. «En Uruguay ningún docente obtiene cargos por clientelismo. Los obtiene por concurso de oposición y méritos. Esto preserva a la educación pública», apuntó.
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