Ache recordó que el 16 de noviembre de 2022 dejó constancia por escrito de que los mensajes estaban a disposición del ministro y que serían entregados de inmediato si los requería para responder a solicitudes de la Justicia u otras razones.
Según su reconstrucción, Bustillo conocía la existencia y el contenido de esas comunicaciones, pero no dispuso que fueran incorporadas al expediente.
Dos días después, el 18 de noviembre, Ache hizo protocolizar los mensajes ante una escribana pública, dejando constancia de su existencia y contenido. El 24 de noviembre incorporó la documentación al expediente administrativo y la entregó al propio ministro.
La exsubsecretaria agregó que, cuando posteriormente se le informó que esa documentación había sido destruida, volvió a presentar los mensajes el 28 de noviembre ante el coordinador de Jurídica de Cancillería.
Con esa secuencia como argumento central, Ache rechazó que hubiera intentado ocultar las comunicaciones.
“Difícilmente pueda sostenerse que pretendí ocultar unos mensajes que preservé, incorporé y, cuando se me informó que la primera documentación había sido destruida, volví a aportar”, sostuvo.
La exjerarca afirmó además que toda la secuencia está documentada y que los hechos fueron denunciados oportunamente ante Fiscalía. Según su versión, los antecedentes completos muestran una situación diferente a la que surge del artículo cuestionado: Bustillo conocía los mensajes, no solicitó su incorporación cuando fueron puestos a su disposición y posteriormente prestó conformidad con el resultado de la investigación administrativa.
El cruce con Graciela Bianchi
La respuesta de Ache generó una reacción inmediata de la senadora Graciela Bianchi, quien cuestionó públicamente su explicación y la calificó de “mentirosa”.
"Lo mejor es el SILENCIO: todos sabemos desde el principio que MENTISTE", recalcó la senadora en X.
El enfrentamiento vuelve a colocar en el centro de la discusión las actuaciones de Cancillería durante la tramitación del pasaporte de Marset y, particularmente, qué ocurrió con las comunicaciones entre Ache y Maciel durante la investigación administrativa.
Mientras Ache sostiene que preservó los mensajes, intentó incorporarlos al expediente, los volvió a entregar cuando supo que la primera documentación había sido destruida y finalmente denunció lo ocurrido ante la Justicia, sus críticos sostienen una versión diferente sobre su actuación.
La controversia vuelve así sobre uno de los episodios más polémicos de la gestión de la anterior administración y sobre la responsabilidad de los distintos jerarcas que intervinieron en la investigación administrativa.
