"Ni casas sin gente ni gente sin casas", se puede leer por las calles de Montevideo en grafitis y murales, una declaración de principios que apunta a una utopía: que la vivienda sea un derecho garantizado para toda la población.
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Aunque la Constitución de la República establece en su artículo 45 que "todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin", la realidad es que nadie está obligado a brindarla: es la paradoja de los derechos atravesados por el mercado.
Los datos muestran una realidad que dista mucho de los ideales tallados en lo más profundo de nuestra normativa democrática. Faltan aproximadamente 70.000 viviendas para cubrir las necesidades de la población, dato que recogió el Poder Ejecutivo en el proyecto presupuestal para el quinquenio. Las proyecciones a 2025 estiman un déficit de 87.500 viviendas.
En el documento aseguraron que esa carencia "es una de las causas del aumento del número de asentamientos, que, según un informe de Techo a febrero de 2019, pasaron de 589 en 2011, con una población total de unas 165.000 personas, a 656 en 2018, con una población total de 200.000 personas distribuidas en 60.000 hogares".
La ministra de Vivienda, Irene Moreira (CA), había prometido construir 50.000 viviendas nuevas en su período, pero luego se retractó y dijo que no había recursos para hacerlo.
Déficit sostenido
El ingeniero civil Benjamín Nahoum, referente en materia de vivienda en Uruguay y asesor de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), dialogó con Caras y Caretas sobre la evolución del déficit de Vivienda en Uruguay, y opinó que la falta de recursos ha sido un problema sostenido en el tiempo. “En 2010, cuando asumió el gobierno de José Mujica, declaró la emergencia habitacional y, posteriormente, se creó el Plan Juntos para enfrentar la situación. En 2022 podríamos afirmar que la situación de emergencia se mantiene y que, más que crear un plan diferente para abordar el problema, es necesario volcar recursos suficientes para realizar acciones de impacto. El país viene desde hace bastante tiempo, prácticamente las últimas tres décadas, haciendo una inversión pública en vivienda que no supera el 5 por 1.000 del Producto Interno Bruto (PIB), es un porcentaje muy bajo que se ha mantenido con diferentes gobiernos”.
El referente reconoció que, si bien en el período de gobierno anterior hubo una batería de medidas interesante que abarcaba una gran cantidad de problemas en materia de vivienda, como vivienda nueva, mejoramiento de stock, programas de servicios y alquileres, los recursos destinados a estos rubros fueron limitados por lo que no se pudieron llevar a cabo acciones de impacto real.
Pero en los últimos años la problemática de la vivienda se agudizó, según Nahoum. De acuerdo con datos proporcionados por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), el PIB destinado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) cayó de 0,51% en 2019 a 0,46% en 2021. Además, el presupuesto de la cartera sufrió un recorte de inversión de 50 millones de dólares, de los cuales el 70% (36 millones) se destinaba a la adquisición de nuevas viviendas.
“En el período de gobierno actual, los recursos son inferiores a los anteriores. Además, se insiste con la línea de buscar la inversión privada, que sería muy positiva si se utiliza para la construcción de viviendas de interés social y el mejoramiento de las viviendas en sectores de bajos recursos”. En tal sentido, el entrevistado dijo que “la experiencia con la política de vivienda promovida demostró que la inversión privada no está volcada hacia esos sectores”, sino a sectores de ingresos medios altos y altos. Y añadió: “El Estado está sacrificando 70 millones de dólares anuales por exoneración de impuestos para construir viviendas en sectores que no tienen necesidad de que se los ampare. En definitiva, los precios no bajan, sino que suben, y todo ese esfuerzo que hace el Estado se traduce en aumentar las ganancias de los inversores privados”.
Según detalló Nahoum, acceder a una vivienda de tres dormitorios, que es la que necesita la familia tipo uruguaya, con las tasas de interés actuales que aplican los préstamos bancarios, implica una cuota mensual de entre 30.000 y 35.000 pesos. “Eso no es vivienda social, es inaccesible para sectores de bajos recursos”.
Con respecto a las políticas de vivienda del actual gobierno para enfrentar la emergencia habitacional, opinó que, hasta el momento, “son solo anuncios” y que las propuestas planteadas son tendientes a reducir los recursos existentes. “Anunciaron una inversión de 200 millones de dólares adicionales en programas de vivienda, pero no se sabe de dónde salen. Se habla de un fideicomiso que implica préstamo de dinero por parte de ahorristas para la realización de ciertas obras, pero por ahora es solo una idea, no está instrumentada. Lo único concreto es lo que figura en el Presupuesto, que es inferior a lo de períodos pasados. Por ejemplo, en el sistema cooperativo se está aplicando un freno muy fuerte, a través de la adjudicación de menos préstamos para vivienda, y lo previsto para 2023 y 2024 es reducirlo con más fuerza. Se está desmontando lo que funcionaba bien porque no es parte de los objetivos de este gobierno, pero no se implementan programas nuevos”.
El MVOT presentó recientemente un nuevo plan de vivienda denominado “Entre todos. Sueños en obras”, que, según información institucional, tiene como objetivo “facilitar el acceso a la vivienda de los sectores socio-económico bajo, medio-bajo y medio de la población”. Sobre esta política, Nahoum opinó que es más de lo mismo: “Nuevamente exonera impuestos, recurre a inversión privada y, por las cifras que están manejando, de 1.800 o 2.000 dólares por metro cuadrado, no van a estar destinadas a los sectores de bajos recursos ni de medios recursos”.
Para Nahoum la gran solución al problema del déficit de vivienda que tiene Uruguay es la asignación de más recursos, “no hay nada que inventar [...] Como mínimo hay que duplicar la inversión actual y alcanzar el 1% del PIB”.
El entrevistado recordó que la ley de vivienda del año 1968 preveía la creación de un fondo de vivienda que se nutría de varios recursos, como el impuesto a los sueldos, pero que se derogó y finalmente desapareció con la reforma tributaria del año 2007, por lo cual, actualmente, los recursos llegan por la vía de Rentas Generales. “Si en este momento existiera este impuesto, se estarían recaudando aproximadamente 400 millones de dólares. Sin embargo, lo que ingresa actualmente no alcanza los 250 millones. Es decir, estamos en un nivel de recursos mucho más bajo que hace 50 años”.
“No hay demasiado que inventar, lo que se ha inventado se está usando: nuevos materiales, nuevos procedimientos y nuevas herramientas como el cooperativismo, que demostró ser muy eficaz. Pero sin recursos lo que se puede hacer es muy poco”, insistió.
Más datos que arrojan luz a la situación de la vivienda en Uruguay, extraídos del 4º encuentro programático del Sunca de 2021: 95.000 hogares (8% del total) tienen una situación estructural precaria o muy precaria; 557.000 viviendas (45% de los hogares) se encuentran en situación coyuntural mala o muy mala; hay 67.083 hogares construidos en terrenos que no les pertenecen; 9.000 viviendas ocupadas sin permiso del dueño. Eso da un total de 76.000 hogares en lo que se denomina "tenencia insegura". Estos datos, analizados en articulación con el déficit de vivienda, muestran que la problemática es más compleja y profunda.
El otro problema que hay que solucionar, aseguró Nahoum, es el acceso al suelo, ya que en Uruguay la gran mayoría del suelo urbanizado es propiedad privada, y que en muchos casos se encuentra abandonada.
Fucvam propuso en un documento que entregó a todas las bancadas y al MVOT que se reactive el Fondo Nacional de Vivienda, que se grave un 1% al impuesto de patrimonio al gran capital, lo que supondría una inyección de 116 millones de dólares al ministerio. También insistió en la necesidad de tener una cartera de tierras a nivel nacional, un registro de las tierras en posesión del Estado que podrían ser cedidas para diferentes proyectos, por ejemplo, la construcción de cooperativas.
“Con la creación de la cartera de inmuebles del Ministerio de Vivienda se suponía que existiría un avance importante en esta problemática, pero la realidad es que el instrumento no se está usando. El acceso al suelo mediante esa cartera es muy limitado, problema que se agudizó con la llegada del nuevo gobierno. Entonces, el que no tiene tierra para construir no va a tener vivienda. El camino empieza con el acceso a la tierra, hay que trabajar sobre eso”, concluyó Nahoum.
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