En la primera entrevista tras el estallido social del 18 de octubre, concedida al medio británico BBC y que recoge este martes la prensa local, Piñera dijo que va a llegar al fin de su gobierno: “Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”, expresó.
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En las multitudinarias manifestaciones muchos participantes reclaman la renuncia del mandatario, mientras que la más reciente encuesta de la consultora Cadem señala que el respaldo a Piñera solo llega al 13%, el nivel más bajo entre todos los presidentes que han pasado por La Moneda desde 1990.
Además, sobre el gobernante pesa una acusación constitucional promovida por partidos de oposición por su responsabilidad en la represión desatada por las fuerzas militares y policiales contra las manifestaciones pacíficas.
Al respecto señaló: “Si alguien quiere hacer una acusación constitucional, está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución es respetar las reglas de la democracia y no desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente”.
Sobre las reiteradas denuncias por el excesivo uso de la fuerza por parte de Carabineros y militares, expresó que “hay quejas”, y como ha expresado en otras ocasiones anunció que el tema será investigado y procesado por el sistema tradicional.
Con respecto a la recurrente petición de los manifestantes y los partidos de oposición de avanzar hacia una nueva Constitución, el mandatario, que no ha tenido este tema nunca en su agenda, dijo no descartar esa posibilidad.
Sin embargo, le dio largas al asunto al señalar que “después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución”.
Además, aunque según estudios de opinión casi el 80% de los chilenos reclama una Asamblea Constituyente, el gobernante dijo que la instancia más adecuada para discutir los cambios en la constitución es el Congreso Nacional.
Fuerzas de oposición y movimientos sociales reclaman una Asamblea Constituyente porque permitiría la más amplia participación de la sociedad en la confección de una nueva constitución, mientras que si el tema se debate en el Congreso, le permitiría al gobierno maniobrar para frustrar o mediatizar la redacción de una nueva Carta Magna.