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Claroscuros de un ministro de acción

Por Rafael Bayce.

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Se puede compartir y disentir en muchas cosas con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pero más allá de los matices que puedan existir sobre su gestión, es inaceptable la forma en que caricaturiza a quienes disienten con él, abusando del mayor espacio del que dispone en los medios. Pero eso, al fin de cuentas, es de ‘bicho’ político, casi de viveza criolla, y prácticamente no hay político que no usufructúe de este tipo de manejo en los medios de comunicación.

Los acuerdos

Empecemos, a la hora de desmontar los claroscuros de su gestión, con los acuerdos, con lo que creemos lo mejor de su acción como ministro. Casi seguramente, todo indica que lo mejor está en su tarea interna en el ministerio, con sus reformas sobre la efectividad del servicio y el ataque a la corrupción y al abuso policiales.

El equipamiento y la reorganización para la más pronta respuesta, en donde suceden hechos o es reclamada la presencia policial, una de las necesidades sentidas y apreciadas por la población, ha mejorado sensiblemente. Esto implica uso de GPS, relojes biológicos, equipamiento material y comunicacional para respuestas y seguimientos, redistribución de efectivos con mayor proporción de personal ejecutivo que administrativo y atención permanente a la convergencia de fuerzas en lugares ‘rojos’. Concordamos con los pasos dados y en la lucha que emprendió contra las resistencias a la intencionalidad de mejorar la eficacia técnica del servicio.

Su posición combativa en defensa de sus convicciones y medidas tomadas es otro de los puntos positivos de su gestión. En ese sentido, fue el ‘ministro de gobierno’ que todo ministro del Interior debe ser en el organigrama político y también como hombre de confianza de la cúpula ejecutiva. Por eso lo mantuvo Vázquez en el gabinete, a pesar de que se trata de un ministro con desgaste del entorno del ex presidente José Mujica. Hace tiempo que dos ex tupas, si sumamos la labor de Eleuterio Fernández Huidobro en Defensa Nacional, administran el monopolio de la fuerza, como diría Max Weber. Paradójicamente, ambos fueron combatidos por las Fuerzas Conjuntas en la dictadura y se convierten en ministros del Interior y Defensa cuando se afirma la democracia y la izquierda accede al gobierno. ¿Síndrome de Estocolmo? Lo cierto es que se trata de un apasionante tema para el que no tenemos espacio en esta columna.

Otro acuerdo posible con Bonomi está en su lucha por redefinir y reeducar a la Guardia Republicana, incorporándola a la pelea por la seguridad pública sin tener por ello que convertirla en una ‘guardia nacional’, que era lo que quería el ex ministro (del período de gobierno de Luis Alberto Lacalle) Ángel Gianola, en línea con los mandatos norteamericanos de control, cuando el Plan Cóndor y las dictaduras desprestigiaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, y se sustituyó a los militares por las policías y las guardias nacionales ante el remozado Plan de Conflictos de Baja Intensidad, alimentados y aprovechados para mantener un control no militar, no tanto de énfasis político sino cotidiano. Nosotros pensábamos que la Guardia Republicana avizorada por Bonomi era la neoimperial intentada por Gianola. Nos equivocamos: no es eso lo que pretendía Bonomi. Y no nos oponemos a sus ahora aclaradas intenciones.

Los desacuerdos

El mayor desacuerdo con el ministro radica en la creencia y fuerte inversión en la Policía como instrumento básico de persecución de la seguridad pública. Ni siquiera se trata de plantear experimentos nórdicos que han conseguido éxitos en las tareas de seguridad, despoliciando y comunitarizando muchas funciones y tareas de seguridad, pero si efectivamente se cree que la Policía puede ser un instrumento eficaz, eficiente y equitativo de persecución de la seguridad, vía la represión cotidiana, la vigilancia, la prevención y el auxilio a la Justicia, entonces hay que mejorar su funcionalidad y su instrumentalidad. El equipamiento técnico necesario para ello es muy caro y sobredimensiona al Ministerio del Interior y a la Policía, convirtiéndolos en una cuarta rama militarizada de poder físico en el monopolio estatal del uso y amenaza de uso de la fuerza; una fuerza gobernante de izquierda debería dedicar mucho más de su presupuesto al ataque de las causas de la inseguridad. Además de ello, el aparataje represivo es surreal y no le hace honor a una ideología de izquierda en la lucha por la seguridad. Este es un punto crucial para la definición de una posible política de seguridad ‘de izquierda’.

Discrepamos frontalmente cuando Bonomi pretende colocarse en un sabio punto medio entre una supuesta derecha que sólo pretende seguridad mediante represión y una supuesta ‘izquierda ingenua’ que sólo cree en políticas sociales sin represión cotidiana. Es muy fácil aparecer como el sabio punto medio, caricaturizando a las posiciones disidentes, como modo de aparentar un auténtico izquierdista equilibrado que no caería en ninguno de esos errores radicales. No hay nadie de derecha que abdique de políticas sociales de ataque a las causas estructurales de la inseguridad, como tampoco hay nadie de izquierda que crea que haya que dejarse matar porque «pobres, fueron tan humillados y violados de niños, que hay que entender que nos quieran robar y matar». El asunto viene a ser de matices y de grados de confianza en las políticas sociales o de la represión cotidiana.

También hay desacuerdo con lo que es un error muy común en la apreciación que cierta izquierda tiene sobre la función de la seguridad y la represión, vigentes desde la criminología soviética. Lo ponemos en una frase textual de Bonomi: “Si no es ideológico proteger el fruto del trabajo de quienes trabajan, entonces no sé qué es ideológico”. Expresa el ministro múltiples errores teóricos por falta de formación sistemática: esa teoría criminológica data de momentos en que los criminales que no trabajaban –al igual que los nobles rentistas– ofendían un ideal de mundo en el que el trabajo y la sindicalización eran herramientas vitales para la revolución proletaria. Sería de izquierda atacar a ambos. Se olvida, sin embargo, que los comerciantes –angelizados por Bonomi y la prensa– pueden entenderse como creadores de plusvalía, embriones de acumulación y desigualación; en pocas palabras, son también explotadores. Se olvida que ese pobre trabajador, sacrificado para su familia, explota y contrata en negro, entre otras irregularidades cotidianas. No por ello se los debe eximir de la ayuda de la seguridad del Estado, pero tampoco se debe, junto a la prensa, angelizarlos y eximirlos de responsabilidad, porque son estructuralmente explotadores y generan ganancia y acumulación típicas capitalistas. No es de izquierda, en todo caso, demonizar a quienes han sido producto de la explotación y la acumulación de esos ‘pobres angelitos’. Ponerse del lado de los ‘honestos y sacrificados comerciantes e industriales’, patrones, y en contra de los que reaccionan a su explotación y exclusión por ellos no es para nada de izquierda. Por todo esto, además de la represión de los delitos comunes de rapiñas y asaltos, se debería incrementar la persecución de delitos ‘económicos’ en todas las formas de explotación, humillación y exclusión, todas ellas criminógenas, causales no tan indirectamente de los delitos contra la propiedad tan estigmatizados.

Ser de izquierda, ministro, no es responder de forma complaciente a la paranoia geriátrica hipocondríaca de una población miedosa y en envejecimiento demográfico. Ser de izquierda es privilegiar, en el discurso y en la acción, el castigo a las causas estructurales, criminógenas. Está más que claro que ni el Ministerio del Interior ni la Policía son importantes en la planificación, financiamiento y gestión de políticas sociales que reduzcan desigualdades, injusticias, exclusiones, consumismos y hedonismos; pero que no discriminen a los ‘pichis’ sino que los entiendan como producto de aquellos a quienes defienden de forma ideológicamente equivocada y miope. Se necesitan represión, vigilancia, prevención y auxilio a la Justicia, sí, pero también ser de izquierda debe demonizar más a los criminógenos y menos a los criminales. Lo que sucede, y es en parte entendible, es que es políticamente más redituable enfatizar las necesidades urgentes de represión, porque enfatizar la necesidad de políticas sociales de cambio estructural significa reconocer que hay inequidades, desigualdades, injusticias y exclusiones que no debieran ser tales con un gobierno de izquierda tan prolongado. Sería un mea culpa implícito, si no explícito, que no es político-electoralmente conveniente. Es más cómodo y políticamente correcto hacerse el ‘sabio realista’.

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