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Columna destacada | acelerador | motos | Ley

Burocracia

Apretar el acelerador

Hay 58 mil motos y centenares de autos en depósitos policiales; y no sabemos cuántos vehículos están en predios de las intendencias.

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Este es el lujo de la miseria. Esos vehículos están al aire libre, deteriorándose, y encima, cuando son restituidos a sus dueños, éstos notan que les faltan piezas, y ni hablar del combustible. Varias personas me han comentado que esta es la "caja paralela" de algunas intendencias. Las venden por partes o te venden la misma moto qué te sacaron. Hay que investigar si hay funcionarios que roban combustible y piezas de los vehículos que están retenidos en todo el país.

Sentido común, el menos común de los sentidos

Ahora, también hay que tomar medidas legales inmediatas para no tener toda esa riqueza pudriéndose sin beneficiar más que a los delincuentes. Los vehículos que no sean reclamados en cierto lapso deberían ser entregados a maestras y maestros de todo el país, priorizando a quienes viven lejos de su escuela, sobre todo en áreas rurales. Una parte puede usarse para patrullaje policial. Otra muy buena idea sería, por medio del Mides, beneficiar a madres solteras con dificultades económicas que no tengan moto y la necesiten para ir a trabajar. Un porcentaje podría ser destinado a estudiantes de zonas rurales con carencias económicas.

Lo que no podemos es dejar que pasen los años y toda esa riqueza se deteriore. Incluso puede estudiarse la posibilidad de uso transitorio de los vehículos, luego de un tiempo prudencial y mientras se sustancia algún reclamo. O sea que se pueden entregar en calidad de préstamo; pero si el dueño regulariza la situación o la Justicia dispone la devolución al propietario original, a la persona que se hubiera beneficiado con la entrega del vehículo, simplemente, se le da otro. Ahora, si la moto o automóvil fuera definitivamente quitado al propietario por alguna ilegalidad, se le pasa la propiedad a quien vaya a usar el vehículo para algo positivo.

Estos móviles tendrían que ser refaccionados, tanto en los talleres del Ministerio del Interior como en los de las intendencias, o por parte de los estudiantes de Mecánica de la UTU. Y no estaría mal reservar un porcentaje de esas máquinas para premiar a tales estudiantes.

Obviamente, debemos considerar que algunos vehículos son retenidos mientras se resuelve una causa; pero sabemos que decenas de miles jamás serán restituidos. ¡Y los dejamos pudrir!

Cambiar la ley y la mentalidad

Si hay que legislar, que se legisle; pero pronto. Para eso pagamos muy buenos sueldos y beneficios a diputados y senadores. Que se pongan las pilas. En realidad, con un par de retoques a la legislación actual alcanza y sobra.

Recordemos que el exministro del Interior Luis Alberto Heber usaba como vehículo oficial una camioneta Audi Q5 que fue incautada en 2021 al narcotraficante Luis Alberto “Betito” Suárez. Esta camioneta quedó a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND) y del Fondo de Bienes Decomisados (FBD) que la adjudicó al Ministerio del Interior. A la vez, su custodia manejaba un BMW y Mario D’Elia, por entonces jefe de Policía de Montevideo, usaba una Chevrolet Captiva, vehículos que habían sido incautados a otros narcotraficantes.

Se me podrá decir que el artículo 68 de la ley 17.930 ya tiene el tema solucionado, puesto que establece que aquellos bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, serán puestos a disposición de la JND, que tendrá la titularidad y disponibilidad de éstos. La ley vigente prevé que tales bienes pueden destinarse a programas de prevención o represión en materia de drogas y de prevención de lavado de activos de la JND o transferidos a entidades públicas que hayan participado de una u otra forma en su incautación.

Sí, genial, pero ¿por qué, entonces, tenemos decenas de millones de dólares en materiales desparramados por todo el país a merced de rateros públicos?

Lo que proponemos es que, en lugar de usarse para el traslado de jerarcas como el incapaz de Heber, se amplíen los alcances de la normativa para beneficiar a quienes sí están haciendo algo por el país: maestros, médicos y estudiantes de áreas rurales, por ejemplo. Y reitero mi preocupación por las madres solteras que luchan por salir adelante contra viento y marea.

En muchos casos, los bienes incautados (no sólo vehículos, también maquinaria, muebles, animales y mercadería variada) han sido rematados, y está bien; pero ¿qué hacemos con decenas de miles de vehículos con casos cuya resolución tarda años?

Lo que planteamos es que dejemos de lado tanta burocracia y burrocracia y seamos más ejecutivos. La “revolución de las pequeñas cosas” puede tener aquí un buen punto de partida.

A veces me gustaría tener un látigo para dar a los jerarcas (de todos los gobiernos) el sentido de urgencia del cual carecen. Este país puede ser mucho mejor de lo que es; sólo hacen falta autoridades que estén dispuestas a trabajar 24/7 y apretar el acelerador a fondo.

Recordemos que la gente no tendrá con la izquierda, ni por asomo, la misma paciencia que le tuvo a la derecha.

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