Cifras ocultas, privilegios y consecuencias de un modelo que Uruguay ya no puede sostener

Con la idea de que los afiliados aportarían a cuentas de ahorro personal y las administradoras invertirían ese dinero con el objetivo de generar ganancias para los aportantes, se vendió a los trabajadores uruguayos el cuento de que cobrarían jubilaciones espectaculares. Al BPS le tocaba la parte pesada: administrar el componente de solidaridad intergeneracional.

La ley 16.713, sancionada en 1995 durante el mandato de Luis Alberto Lacalle Herrera, obligó a todos los menores de 40 años a afiliarse al nuevo sistema. ¿En qué terminó tan genial idea? Pregunten a quienes se jubilaron ya por ese sistema y vean sus “millonarios” recibos.

¿Un pueblo dormido y resignado?

Lo que sigue es un resumen de lo que viene gritando el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (MONDESS) por todo el país, un país que parece dormido. Pues habrá que sacudirlo y de urgencia, porque nada cambiará si el pueblo no despierta y se moviliza. Como dijo Artigas: Nada podemos esperar sino de nosotros mismos.

En el 95 tuvimos una dura y perversa reforma de la seguridad social, pero no logramos que la mayoría de los trabajadores reaccionara contra esta estafa histórica que se estaba imponiendo. Como dice Óscar Andrade: “Cuando un recorte se anuncia para dentro de 10, 20 o 30 años, nadie protesta. Perdimos en el Parlamento y ni siquiera juntamos las firmas para enfrentar este atropello. 8 de cada 10 trabajadores de la construcción llegaban a los 65 sin tener 35 años de aportes para jubilarse. En los hechos, en casi todas las áreas, había que cumplir 70 para jubilarse por edad avanzada. ¿Cómo vive un paisano con eso? Problema de él. La mayoría tomó conciencia de la gravedad de todo esto cuando le tocó en carne propia”.

¡Esto no funciona!

Desde que la ley 20.130 introdujo las cajas paraestatales a las AFAP, el Estado quedó obligado a aportarles 5 mil millones de dólares durante veinte años.

El negocio es espectacular para las administradoras; pero no para los afiliados. El Estado le pasa a las AFAP por adelantado la comisión por administrar las cuentas de los afiliados, seguros de vida e invalidez. O sea, que ni siquiera tienen riesgo de inversión como ocurre con cualquier otra empresa. Si esas inversiones salen mal, quienes pagan los platos rotos son los afiliados, no las administradoras.

Es más: si un trabajador se queda sin trabajo, se le sigue descontando para la AFAP y se le debita de su cuenta acumulada. Llamarle abuso es poco.

Los aportes correspondientes a salarios que están entre 120.000 y 260.000 pesos se destinan por entero a las AFAP.

El sistema actual requiere profundos cambios. No es admisible que los asalariados aporten el 15 % de sus ganancias al BPS mientras las patronales solo aportan el 7,5 %. En los últimos años el Estado ha sido extremadamente generoso con las empresas. Solo en 2025, por citar un ejemplo, las exenciones y exoneraciones de pagos a las empresas llegaron a los 5.300 millones de dólares.

El sistema está creado para mantener los privilegios de los que más tienen. Un ejemplo grotesco está en el hecho de que todo lo que se gane por encima de 260.000 pesos está liberado de la obligación de aportar al BPS. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¡Políticos y empresarios! O sea, los que hacen las leyes y los que financian sus campañas.

En el caso del aporte rural patronal al BPS, que se calcula por hectáreas, los favorecidos son los grandes terratenientes y los que más lo sufren son los pequeños productores.

Este sistema no da para más. En 2025 el BPS transfirió 1.840 millones de dólares a las AFAP, mientras que de Rentas Generales salieron 583,5 millones de dólares para cubrir el Servicio de Jubilaciones y Pensiones de la Caja Militar y 60 millones más para tapar el agujero de la Caja de Profesionales.

Según un estudio del CINVE (Centro de Investigaciones Económicas), si el dinero que hemos depositado en las AFAP fuera transferido al BPS, sus finanzas quedarían saneadas por 15 años. Estas administradoras manejan más de 25.400 millones de dólares, o sea, el 30 % del PBI anual de Uruguay.

El sistema de las AFAP ha fracasado con un éxito rotundo. País tras país van denunciando que no lograron los objetivos prometidos. El sistema es caro y, en varios casos, insostenible; debilita al sistema de seguridad social en general y produce más pobreza. De 30 países que habían adoptado el sistema, 18 ya han renunciado total o parcialmente al mismo.

Tal como ha explicado la presidente de ATSS Karina Sosa, del dinero de los trabajadores que administran, las AFAP han prestado 106 millones a TA-TA para la instalación de cajeros automáticos para disminuir el número de empleados y otros cientos a la empresa de peajes que automatizó los peajes y realizó despidos masivos. O sea, usan el dinero de los trabajadores para financiar empresas que generan desempleo.

Antes de las AFAP (1996) no había problemas de riesgo país, ni de financiamiento de obra pública; pero ahora nos asustan con ambas cosas para que continuemos sometidos a un sistema que está lejos de ser la maravilla que nos prometieron.

O le metemos neuronas y coraje o marchamos

¿Está bien, es ético que cientos de miles de personas que se rompieron el alma trabajando para hacer crecer a este país estén cobrando jubilaciones de miseria mientras que las familias más poderosas y dueñas del Uruguay se benefician con subsidios, exoneraciones y privilegios desmedidos?

Óscar Andrade ha expuesto lo que cada trabajador debería preguntarse con respecto a las AFAP: “¿Está bien que yo le dé la mitad de mis aportes al sistema privado cuando si me enfermo o quedo sin trabajo es el BPS el que me paga el seguro de paro; y que voy a tener un hijo y es el BPS el que me da la Asignación Familiar; y tengo un vecino con discapacidad y es el BPS el que le da la prestación? ¿Y tengo un hijo con enfermedades raras y es el BPS el que tiene el Crenadecer para atender como centro de referencia? ¿O preciso una prótesis y es el BPS…?”.

Los gobiernos que han sido demandados por revertir los sistemas de pensiones de capitalización individual han logrado defenderse con éxito en los tribunales internacionales, mientras que en otros casos las empresas demandantes no han obtenido los resultados esperados. Argentina, por ejemplo, enfrentó varias demandas internacionales después de nacionalizar el sistema de pensiones privado en 2008. Sin embargo, en muchos de estos casos, el Gobierno argentino prevaleció o las empresas retiraron sus demandas, principalmente porque los tribunales fallaron que la nacionalización era parte de las prerrogativas del Estado para garantizar la seguridad social.

En el caso específico de MetLife, si bien “ganó” la contienda, solo se le concedió el 1 % de lo que pretendía a modo de indemnización. De hecho, apenas logró cobrar poco más de la mitad de lo que gastó en llevar adelante la demanda.

El punto es que no debemos frenarnos por temor a ser demandados.

Un maquillaje, un retoque o un parche no solucionará este desastre. Se requiere una acción revolucionaria; pero de eso hablaremos más adelante.

Por ahora, baste con recordar que la eliminación de las AFAP es una promesa contenida en el programa del Frente Amplio, y soy de los que sostienen que ese programa debe ser lo que la Biblia para los cristianos o el Corán para los musulmanes. Por más que se intente interpretar de otra manera, el mandato es claro: el sistema de seguridad social debe tener tres pilares: uno solidario (“no contributivo”), otro de reparto intergeneracional (“contributivo”) y un tercero de ahorro (“no lucrativo”). Las AFAP no entran en ninguna de esas categorías.

Continuar con el sistema actual solo hará que, gobierne quien gobierne, el país estará obligado en cada quinquenio a aumentar su deuda externa para tapar agujeros hasta que llegue el momento en que no solo el sistema previsional sea inviable.

Lo inviable será Uruguay.