Derecho al olvido y otras necesidades nuevas

Datos personales, en Uruguay y en el mundo

Una de estas soluciones, al menos parcial, a estas vulneraciones ha quedado incorporada a la jurisprudencia uruguaya a través de una sentencia, aún de 1ª instancia, del Juzgado Civil de 5º Turno de Montevideo, de este año 2022. A través de la misma, y como implementación del derecho de habeas data, de protección de los datos personales, se obliga a los motores de búsqueda en la red a desindexar la aparición de determinados datos erróneos anteriormente publicados, cuya constante aparición como ‘resultado’ en una búsqueda nominal personal configuraría una vulneración del derecho a la privacidad, intimidad y honor, que es constitucional e internacionalmente protegido, en especial desde 2014.

En ese caso uruguayo de 2022, se obtiene la protección de los datos personales de un individuo que, solo convocado judicialmente como testigo de un ilícito, fue mencionado como acusado de la comisión de ese hecho ilícito por el mero hecho de su presencia judicial. La permanencia de este error o falsedad en la foja comunicacional de las búsquedas en la red afectaría, obviamente, al injustamente difamado, por lo cual se accionó y se obtuvo la prohibición futura de la publicidad de esa información.

Lo que en Uruguay se ha perseguido como aplicación del derecho al habeas data en 2022, en el mundo, ya desde 2014, se persigue mediante un nuevo derecho, sumado al creciente elenco de los derechos humanos sociales: el derecho al olvido. ¿Y por qué al olvido? Porque la defensa del derecho no obliga a borrar de la red la información, sino tan solo a que los algoritmos de los motores de búsqueda dentro de determinado nombre personal solicitado no exhiban determinados datos personales del nombre buscado: no obliga a su eliminación de la red, lo que colidiría con el derecho de las empresas a la libertad de expresión, sino tan solo a su ‘desindexación’ en los procesos de búsqueda de datos personales; para que no aparezcan, continua y ominosamente, con motivo de búsquedas que nada tienen que ver con la información que aparece siempre sin ser solicitada, y que puede ser difamatoria y ofensiva para el honor del ‘buscado’, aun cuando esa información haya contenido verdad y realidad en algún momento del tiempo. Abundemos. En el caso uruguayo, la información siempre fue errónea o falsa; pero la omisión solicitada puede valer también para evitar la reiteración al infinito y siempre de algo cometido por un individuo, pero que, ni lo ha reiterado, ni su pasado debería condenarlo a que se lo caracterice básicamente como tal para siempre, en todo tiempo y lugar. Imaginemos que un individuo, en su juventud, o hasta infancia, cometió una transgresión moral o legal; pues bien, no sería correcto, ni justo, que, de ahí en adelante, en cada búsqueda sobre él, la reaparición del asunto llevara a que ‘fulano’ ya no pudiera dejar de ser ‘el ladrón fulano’, u otra cosa. Eso es difamación: la utilización de algo, de mención coyuntural innecesaria, con efecto o propósito de vulnerar la privacidad, intimidad y honor de alguien de modo permanente, y de arrojar así un manto de sombras, dudas y estigmas sobre la persona. Más abajo veremos su importancia para la judicialización, en desafortunado auge, de la política.

El Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2014, estableció el tal ‘derecho al olvido’, más literalmente el ‘derecho a ser olvidado’ (the right to be forgotten). La Unión Europea amplió en 2018 el punto, emitiendo el Reglamento Central de Protección de Datos, que tipifica un ‘derecho a la supresión’ de datos, posiblemente más abarcativo. Y que fue ya adoptado en 2015 por Rusia, y luego por Turquía y Siria.

Su utilidad: evitar excesos publicitarios, comerciales y políticos

Tales nuevos derechos, a la supresión, al olvido, a ser olvidado, se hacen crecientemente necesarios claramente en el medio de procesos tales como los de la ‘judicialización mediática de la política’, proceso que identificamos precozmente en reuniones de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, y que reiteramos en varias columnas de Caras y Caretas. En efecto, la correcta descripción y análisis del fenómeno implica no solo una judicialización de la política, que sí lo es, sino una judicialización mediática, porque, más aún que la sustitución del debate público argumental por la acusación moral-judicial, importa mucho que la vía de comunicación de la tentativa político-electoral sea la acusación o inminencia judicial sí, pero por la vía de la comunicación periodística, mucho más eficaz y eficiente para impactar político-electoralmente en la opinión pública que la argumentación parlamentaria o que las acciones ejecutivas. Son las iniciativas en torno al tercer poder del Estado, el Judicial, difundidas con magnificación cuantitativa y dramatización cualitativa reiteradas y redundantes por el nuevo cuarto poder informal del Estado, las tentativamente privilegiadas: a través de la prensa, caño colector y letrina -aun sin barométrica sanitaria - del acontecer cotidiano. Una informada y fundada argumentación parlamentaria, o una exposición completa de motivos para una ley o decisión ejecutiva, exceden largamente las inquietudes adrenalínicas de las audiencias y las capacidades y tiempos de las coberturas periodísticas, y no mueven la aguja. Lamentablemente, sí que mueven la aguja amenazas judiciales, ceño fruncido, gesto épico y compungidos/ofendidos correligionarios; proporcionan mejores elementos para un tinglado político-electoral más lucrativo.

Justamente para evitar que personas variadas, con antecedentes políticos amplios puedan ser caricaturizadas, estereotipadas y ‘emoticonadas’ por medio de una sola sospecha o hecho omnipresente e injustamente sustitutiva de la totalidad de la persona, es que habeas data, o derechos al olvido y a ser olvidados, deberían ser esgrimidos; para evitar esa lumpenización gritona del debate político, condicente con la conversión de la prensa en un vehículo comercial e ideológico-político con la cada vez más pobre excusa de la información actualizada.

Y, ya que estamos bordeando esos temas, vale la pena que nos hagamos conscientes de la progresiva invasión y abuso de nuestras antaño privacidades, intimidades, confidencialidades y honores. Estamos progresiva y agresivamente invadidos, avasallados, por tropas comerciales e ideológico-políticas que nos desbordan como personas y residentes de hogares y lugares que debieran estar vedados o blindados frente a dichos invasores neo-coloniales. Veamos.

Usted paga para ver determinados programas y programaciones, no para ver toda la avalancha creciente de publicidades y propagandas que recibe antes, después y -lo peor- durante aquello por lo que y para lo que pagó, para ver lo cual está continua y progresivamente molestado.

Listemos algunas de las infinitas y crecientes maniobras para que usted termine viendo cada vez menos y peor de aquello por lo cual pagó, y que vea, oiga y lea cada vez más de aquello por lo cual no pagó, y que empeora la calidad y cantidad de lo que recibe por lo que pagó. Como las ‘garantías comerciales e industriales’: leer los folletos de las garantías implica leer una larga lista de todas las circunstancias en las cuales, excepcionalmente, no podrá usted reclamar su garantía, sin contar las kafkianas vueltas que tendrá usted que dar si, por ventura, usted consiguió que lo que pasó fuera admisible como riesgo a cubrir por el seguro (probablemente un olvido de los abogados en la letra chica, que los hará despedibles por ese olvido). La polución visual, por ejemplo, con motivo de un partido de fútbol, es imponente: todo empieza con la publicidad de la hora de comienzo; casi invariablemente será anunciada antes de la hora real de inicio, cosa que tenga que comerse alguna tanda más que las muchas que ya sabe que sufrirá; en realidad empieza antes, porque las enormes dudas que produce el bombardeo publicitario, la mala información incluida en las redes, la fugacidad y mezcla con otras cosas llevan a que usted termine viendo aún más de lo que precisa para confirmar horarios futuros. La programación es solo una anzuelo publicitario y propagandístico; porque además de antes y durante las tandas programadas, hay creciente publicidad sobrepuesta a la imagen en todo momento, bien con la excusa de informar tiempo de juego, tanteador y otras cosas, exhibidas mucho más de lo necesario, y sumadas a la publicidad estática del estadio, al aumento de furtivas menciones publicitarias supuestamente ubicadas del lado opuesto al juego -pero que distraen, molestan y terminan tapando durante bruscos cambios del lugar de la acción- y, en los intervalos, si usted cree poder aprovecharlos para ir al baño, comunicarse con alguien, o hacer algo personal, será perseguido por un aumento desaforado del volumen de la programación, para que al menos oiga la tanda si no se la pueden encajar visualmente. Agregue relatores y comentaristas que sobreponen anuncias verbales a la estática del estadio y a los anuncios sobrepuestos en pantalla; y a la publicidad en la ropa deportiva. Usted paga para ver un programa y ve mucha más publicidad que eso. Ok, todos los costos de la tecnología, producción y transmisión cuestan, deben ser cubiertos y además producir cierta ganancia para los involucrados, que también arriesgan y anticipan gastos. Pero tampoco la pavada. Esa creciente invasión de nuestros lugares, tiempos y espacios, esa minimización de lo que queremos y hemos pagado para ver y oír, esa maximización acelerada de la invasión de aquello por lo que pagamos; son cosas que piden a gritos castigo y recursos para oponerse.

Personalmente, desligo o saco volumen a las tandas (en Venezuela es inconstitucional pasar publicidad a más volumen que la transmisión del programa), trato de no comprar nunca los productos o relacionarme con las empresas que perjudiquen mi disfrute del partido por el que pagué y que me prometieron; ok de nuevo, puedo instalar bloqueadores de publicidad, pero ya me bloquearán accesos a contenidos si lo hago.

Así como aparece un derecho al olvido de lo ofensivo y difamatorio, que surjan derechos al disfrute pleno del sonido e imágenes contratadas, sin adulteración ni impedimentos visuales y orales permanentes y crecientes, sin información clara sobre qué, cuándo y cuánto se verá, teniendo que soportar, como usuario de una programación, que en el mismo programa en que usted no está viendo lo que querría, le anuncien dónde lo van a dar, a lo que usted no accede aunque haya pagado por un pack que no necesita para ver lo que no ve, pero donde debe soportar, además, que le digan donde lo puede ver, claro que fuera del pack excesivo que usted paga para no ver lo que quiere; pero para ver en cambio, en ese lugar y momento, dónde lo pasan fuera de su vista, pack y pago. Un abuso que espera justicia. Que esta aparición del derecho a ser olvidada determinada información despierte sed de justicia para los innumerables y crecientes abusos personales que sufrimos. Odio, por ejemplo, que me ofrezcan cosas que infieren como agradables para mí porque me espían para ello. Prefiero que no me ofrezcan ni sugieran nada; prefiero que no me espíen; y que no me filtren spam, correo no deseado, eliminados, etc.; porque se equivocan, eliminan lo que deseo y dejan pasar lo que no deseo; resultado, tengo que revisar lo que me mandan y, además, lo que me filtran, porque se han equivocado mucho cuando confié en sus filtros; también es indignante la invasión comercial de los celulares, y hasta de los teléfonos fijos. Sin hablar de antivirus.

Hay mucho paño para cortar; el derecho al olvido, al derecho a ser olvidado, a la supresión de difamaciones e invasiones, es un paso en la dirección correcta. Pero falta mucho, y nos estamos volviendo ovejas de matadero, pacíficamente derecho al verdugo, especialmente desde la covid.