Luego, el fiscal Alejandro Machado absolvió a los exministros blancos Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber por el insólito pasaporte otorgado al narco Marset que le permitió fugarse de una cárcel emiratí. Sin embargo, el propio magistrado explicitó, en su escrito de archivo de la causa, que ambos gobernantes le mintieron al Senado cuando afirmaron que desconocían que se trataba de un delincuente peligroso, pese a que los indagados declararon ante Machado lo mismo que expresaron en el Parlamento. Empero, el fiscal mantuvo la causa abierta por la supuesta destrucción de documentos por parte del exasesor presidencial Robert Lafluf, quien evidentemente no actuó por su cuenta, pese a que el presidente “sólo pasó a saludar” a la reunión secreta que se celebró en la Torre Ejecutivo, que fue denunciada por la exvicecanciller Carolina Ache. Esta causa, que claramente compromete a Luis Lacalle Pou, está congelada desde hace dos años. Es decir, marcha a ritmo de tortuga.
En cambio, sí marcha a la velocidad de una liebre la causa penal contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera, a cuyo frente está la fiscal Sandra Fleitas, quien indagó al presidente Yamandú Orsi por presunto abuso contra una trans y, por la falsedad de la acusación, todo se laudó con el procesamiento de la militante blanca Romina Papasso, aunque se omitió seguir investigando y la tortuga se durmió definitivamente.
Ahora, Carrera, quien renunció voluntariamente a sus fueros, a su banca como senador y a su postulación en las elecciones de 2024, deberá enfrentar un juicio y una eventual pena de hasta cuatro años de prisión, acusado de delitos que no existen. Su único “delito” fue gestionar la internación en el Hospital Policial de alguien que quedó parapléjico a consecuencia de una bala perdida disparada por un subcomisario borracho en Rocha. Por entonces, era director general de Secretaría en el Ministerio de Interior. Esta causa marcha a una velocidad de Fórmula 1.
El fiscal Alejandro Machado, que tenía en carpeta dos causas pesadas como la eventual destrucción de documentos en la Torre Ejecutiva, derivada del caso Marset, y la compleja investigación por la megaestafa del astillero Cardama contra el Estado uruguayo por la construcción de las patrulleras oceánicas tramitada por el Gobierno anterior y con graves implicancias por el espurio proceso de adjudicación, acaba de ser trasladado por la fiscal de Corte Mónica Ferrero a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, a la cual se habría postulado. Sin embargo, el magistrado, cuando fue consultado, no emitió comentarios. No parece feliz con la decisión, que lo quitó de dos causas pesadas contra el Gobierno anterior. Incluso, se supo que, en los últimos días, había tomado denuncias contra tres dirigentes colorados, dos de ellos legisladores. En efecto, el convencional colorado Esequiel Ibarra denunció penalmente al senador colorado Andrés Ojeda por sus dichos en el programa Arriba Gente de Canal 10 y en Radio Sarandí, donde el parlamentario dijo que Ibarra había sido sumariado por denuncias falsas contra el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y por casos de acoso contra sus compañeros y apertura de correspondencia. Las declaraciones fueron realizadas en diciembre de 2025, en el marco de la discusión sobre la compatibilidad del cargo de Ojeda como senador y el ejercicio de su profesión, que había sido denunciado como inconstitucional por Ibarra ante las autoridades partidarias. La demanda que se había presentado en diciembre en Florida fue derivada al fiscal Alejandro Machado, e incluye denuncias por abuso de funciones contra el diputado colorado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, quienes en el período pasado ejercieron como presidente y vicepresidente de Antel, donde Ibarra es funcionario.
No parece lógico que Machado haya sido relevado de la responsabilidad de indagar al expresidente Luis Lacalle Pou y al exasesor presidencial Roberto Lafluf, en una causa que involucra a los exministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, y de indagar a tres colorados: al senador Andrés Ojeda, al diputado Gabriel Gurméndez y al exsenador Pablo Lanz. A lo sumo, despierta lógicas suspicacias ante la posibilidad de que esas causas abiertas devengan en tortugas y queden congeladas.
Incluso, no debemos olvidar que el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, acusado de siete delitos de corrupción con dineros públicos, hoy es una suerte de carmelita descalza, luego de que la fiscal que lo formalizó fue sumariada y trasladada por presiones del Partido Nacional, su subrogante fue apartada de la causa y la tercera magistrada optó por absolverlo, seguramente para curarse en salud y no comprometer su carrera.
Ahora, la fiscal Sandra Fleitas, que quiere mandar preso a Charles Carrera y antes indagó a Orsi, reabrió la investigación sobre algunos hechos presuntamente irregulares de la gestión de Álvaro Villar como director del Hospital Maciel, coincidiendo con la denuncia penal de ASSE contra jerarcas del pasado gobierno, por la contratación de servicios de empresas privadas con apariencia delictiva.
La fiscal de Corte Mónica Ferrero, en uso de sus legítimas potestades, ha ordenado movimientos de fiscales objetados por el Frente Amplio. En cambio, la derecha la defiende a capa y espada como si fuera la reina Victoria. Algo huele mal en Dinamarca.
