El vaticinio de Delgado debe haber estremecido a las empresas consultoras de opinión pública que suelen realizar encuestas de intención de voto, porque las palabras del dirigente devaluarían eventualmente su trabajo. En ese contexto, más de un politólogo de los que suelen auscultar las tendencias de los uruguayos debe haberse cuestionado su propio rol, a la luz de una afirmación que, a priori, no dejaría ningún margen para la especulación. Incluso, los militantes de todos los partidos aflojarían la tensión propia de su trabajo en territorio, porque Delgado ya anticipó el resultado de las elecciones, 37 meses antes de la comparecencia de los uruguayos en las urnas para elegir un nuevo gobierno. Son nada menos que 1.126 días, lo cual equivale a 27.000 horas.
“Venir a celebrar una muerte es difícil de explicar”, reconoció Álvaro Delgado, quien añadió que “nosotros venimos a celebrar lo que dejó esa muerte. Su revolución no fue en vano. Lo que generó Aparicio fue una causa”, aludiendo, como es habitual en los nacionalistas vernáculos, a la palabra libertad, como si ésta fuera monopolio de la colectividad fundada por Manuel Oribe.
Por supuesto, la muerte de Aparicio no fue en vano. Sin embargo, su legado ha sido devaluado por su propio partido, que, luego de la muerte del caudillo Wilson Ferreira Aldunate, acaecida el 18 de marzo de 1988, le puso una lápida y enterró definitivamente las ideas del valiente revolucionario.
Obviamente, Delgado, que fue un pésimo candidato presidencial hace dos años y no logró capitalizar el alto nivel de aprobación de Luis Lacalle Pou, consideró que “la gente empieza a resignarse y no lo podemos permitir. Tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en 2030 como el Uruguay se lo merece, con el Partido Nacional encabezando una coalición de gobierno”.
En noviembre de 2024, la mayoría de los uruguayos le dieron la espalda al Partido Nacional y a la Coalición Republicana como proyecto político. Es obvio que el bajo nivel de aprobación a la gestión de Yamandú Orsi presentado por las encuestas despierta lógicas expectativas de resurrección para el bloque derechista, ahora sin la participación de Cabildo Abierto. Delgado peca de un excesivo optimismo, sólo alimentado por estudios de opinión pública que revelan la foto contextual del momento y una realidad que puede mutar.
Por supuesto, en su discurso, Delgado se dedicó a fustigar la presunta falta de rumbo del Gobierno y cuestionó la actitud de “ir en contra del legado de la Administración de Luis Lacalle Pou”.
¿Cuál fue el legado del gobierno anterior? Por ejemplo, el mayor déficit fiscal en más de tres décadas, que cerró en 4,6 % del Producto Bruto Interno. Este guarismo corresponde a la suma de compromisos impagos, deudas postergadas y adelantos impositivos por un monto estimado en 1.000 millones de dólares. La voluminosa cifra incluyó una monstruosa deuda de la Administración de Servicios de Salud del Estado con proveedores y otra cuantiosa deuda con el Consorcio Grupo Vial, a cuyo cargo está la gestión del ferrocarril central. Fue el peor registro para un final de mandato, sólo superado por las crisis de 1989 y 2002, que se registró en sendos gobiernos de coaliciones rosadas.
¿Qué otro legado nos dejó el gobierno de Lacalle Pou? Aumentó la pobreza infantil en casi cinco puntos porcentuales, casi triplicó el número de personas en situación de calle y bajó el salario real entre 2020 y 2022, al punto que, a fines de 2024, bastante más de medio millón de trabajadores percibían menos de 25.000 pesos. Lo mismo sucedió con las jubilaciones, que perdieron poder de compra en los tres primeros años del gobierno de derecha y luego no lo recuperaron.
Naturalmente, parte de ese legado o herencia maldita es haber enchastrado el prestigio internacional del país, confiándole la jefatura de la custodia presidencial a un delincuente y habiéndole entregado un pasaporte a un narco peligroso, que le permitió escapar de una cárcel emiratí. Si bien la causa fue archivada por falta de pruebas, aún está vivo un expediente judicial por la presunta destrucción de documentos vinculados al caso, que debían ser entregados a la Justicia. El responsable de este delito sería el exasesor presidencial Roberto Lafluf.
Obviamente, tal vez el legado más pesado sea la estafa perpetrada por el astillero gallego Cardama contra el Estado uruguayo, del cual se desprenden graves responsabilidades penales que comprometen directamente al exministro de Defensa Nacional, Javier García, y al propio Luis Lacalle Pou.
Hace bastante más de un siglo, el caudillo Aparicio Saravia proclamó que debía haber “dignidad arriba y regocijo abajo”. Con un prontuario de más de sesenta procesados por corrupción desde 1985 hasta el presente y otros delitos que quedaron impunes, lo que prevalece en el Partido Nacional es la indignidad.
