Hace 24 años, pese a que vivíamos momentos de tensión por los estragos provocados por una crisis devastadora generada por la irresponsabilidad y la ineptitud de un gobierno de coalición integrado por las colectividades tradicionales que hundió a la sociedad uruguaya en un abismo, todos los partidos políticos con representación parlamentaria estuvieron acordes a convalidar el Estatuto de Roma y los principios que lo inspiran. Asimismo, en las cuatro administraciones siguientes, tres encabezadas por el Frente Amplio y la siguiente por la Coalición Republicana de derecha, nadie puso en cuestión la pertenencia de Uruguay a este organismo multinacional.
Incluso, la orden de arresto internacional contra el gobernante israelí, acusado tras una investigación internacional como responsable de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza, se emitió el 21 de noviembre de 2024, junto con otras dos contra Yoav Galant, exministro de Defensa israelí, y Mohamed Deif, dirigente militar de Hamás. Como se recordará, estas sentencias fueron dictadas apenas tres días antes del balotaje que consagró la victoria de Yamandú Orsi y lo confirmó como presidente electo. Luego, en los tres meses de transición hasta el 1º de marzo de 2025, cuando Lacalle Pou le entregó la banda presidencial a su sucesor, nadie objetó nada, pese a que, desde ese 21 de noviembre, nuestro país estaba obligado, por su pertenencia a la Corte Penal Internacional, a colaborar, dentro de sus posibilidades, con la captura de los tres convictos acusados internacionalmente.
En ese momento, faltaban tres días para el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Luis Lacalle Pou todavía era presidente con mayoría parlamentaria de la Coalición Republicana, pero ni en los meses que le quedaban de gobierno ni tras la asunción de las actuales autoridades hubo, desde las colectividades partidarias, cuestionamientos a esas órdenes de captura o propuestas de que Uruguay abandonara CPI para no acatar sus decisiones. Resulta entonces contradictorio que, ahora, blancos y colorados, que tuvieron tiempo antes de entregar el poder de retirar a Uruguay de esa corte internacional y así invalidar esa obligación, no lo hicieron.
Evidentemente, aunque la transición duró tres meses, es obvio que estaban muy ocupados en maquillar los números reales del déficit fiscal, en blanquear deudas del Estado que quedaron impagas y en firmar, contrarreloj, el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, en el marco del proyecto Neptuno, que luego naufragó. También estaban apurados por concretar, el 13 de diciembre de 2024, el primer pago de casi 10 millones de euros al astillero gallego Cardama por la construcción de dos lanchas patrulleras oceánicas, pese a que la empresa jamás cumplió sus obligaciones.
Evidentemente, todos esos apuros por dejar la “casa en orden” antes de entregar el gobierno, o más bien por barrer la mugre bajo la alfombra, distrajeron al Gobierno de Luis Lacalle Pou, que, en las postrimerías de su mandato, no advirtió que la pertenencia de Uruguay a la Corte Penal Internacional podría transformarse en un boomerang para sus aliados sionistas, cuyas tropelías justificó durante su mandato luego de la criminal ofensiva militar que se inició en octubre de 2023 en la Franja de Gaza, en represalia por el ataque perpetrado por Hamás contra Israel.
Las polémicas reflexiones de Valeria Csukasi, que fueron hábilmente soslayadas por el presidente Yamandú Orsi, ante la imposibilidad de que el primer ministro israelí visite Uruguay, coinciden con opiniones del mismo tenor expresadas por el canciller de la República, Mario Lubetkin, quien se expresó en análogos términos sobre el particular, aunque no haya sido tan explícito como la vicecanciller.
La derecha ratifica su absoluto alineamiento con Israel y, por ende, con su tutor imperial, Estados Unidos, ignorando y justificado todas las fechorías perpetradas por el Estado judío en la Franja de Gaza que, en los últimos tres años, han provocado más de 60.000 muertos. Esta actitud, por acción u omisión, constituye un agravio a nuestra tradición de apego al derecho internacional y un deleznable acto de obsecuencia con el poder económico global y con el poder económico local hegemonizado por la comunidad judía.
