La mentira como grave patología recurrente

Al respecto, en su escrito, el fiscal Alejandro Machado aludió a la conversación telefónica entre la exvicecanciller de la República, Carolina Ache, y el exsubsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en la cual éste último le advirtió que “Sebastián Marset era un narcotraficante muy peligroso y pesado” y que “sería terrible que fuera liberado”. El alerta fue ignorado y la maniobra de ocultamiento fue completada con la intervención del exasesor presidencial Robert Lafluf, quien afirmó haber destruido pruebas que debieron haber sido entregadas a la Fiscalía, con la aquiescencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou, quien negó haber participado en un encuentro que se realizó en el piso once de la Torre Ejecutiva. “Sólo pasé a saludar”, precisó con un cierto aire de insolente ironía.

En ese contexto, una omisión fácilmente perceptible hasta para un lego en materia de derecho, es que Machado no reprochó penalmente a los indagados por haber declarado en las respectivas audiencias judiciales, prácticamente lo mismo que habían expresado en el ámbito parlamentario. Eso es falso testimonio o, en lenguaje jurídico, perjurio y, por ende, un delito. Según el magistrado, todos mintieron. Incluso, replicaron esa conducta en la sede penal con el mismo descaro que en el recinto senatorial. Es inexplicable que el fiscal sólo haya concentrado su indagatoria en los aspectos meramente administrativos del trámite, siendo que Heber acudió a la citación incluso con una copia de la versión taquigráfica que registra lo expresado ante el pleno del Senado.

Sobre la posibilidad de que las autoridades le entregaran a Marset un documento por un solo viaje con destino a Uruguay, Machado aclaró que este documento es entregado si las personas solicitantes “manifiestan su deseo de regresar a la República”, pero desde el inicio de las comunicaciones con Cancillería la pareja de Marset “había dejado en claro que no tenían ninguna intención de retornar a Uruguay”.

Esta especificación no es de recibo, ya que la única hipótesis para la entrega de un pasaporte a un ciudadano uruguayo que esté en el exterior es el extravío o el robo. Obviamente, no se daban ninguna de estas dos causales, porque Marset no tenía pasaporte uruguayo, el cual le había sido negado en 2019 ya que aún tenía una causa penal abierta. En ese marco se movilizaba con su pasaporte falso paraguayo, hasta que este Gobierno le blanqueó la situación.

El magistrado consideró que el pasaporte entregado a Marset no fue determinante para su liberación. Sin embargo, en una comunicación se lee claramente que Alejandro Balbi, abogado patrocinante del delincuente, argumentó que la expedición del pasaporte era “vital para el proceso”, ya que así “la Justicia emiratí se asegura que el ciudadano uruguayo tenga un documento válido de identidad y puedan tomarse las medidas que se entiendan pertinentes por la Justicia”.

En otro orden, está plenamente confirmado que la Policía uruguaya estaba al tanto de las actividades delictivas del narco, particularmente en lo relativo al lavado de activos, y colaboraba con la DEA en la investigación ya en agosto de 2021, dos meses antes de la expedición del documento. ¿Es posible que el por entonces ministro Luis Alberto Heber no estuviera enterado? El comentario de Maciel a Carolina Ache parece desmentirlo.

Esta contingencia no debió haber sido pasada por alto por el magistrado y tampoco la postura de diplomáticos uruguayos radicados en el lugar de detención como el embajador Álvaro Ceriani, quien recomendó actuar con cautela, tomando en cuenta que el peticionante estaba preso por intentar ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un documento falso y tenía antecedentes penales en Uruguay, por más que las causas estaban cerradas. Estas situaciones debieron ser atendidas o por lo menos inducir a actuar con menos celeridad y tomar mayores precauciones.

Incluso, hubo una flagrante irregularidad que fue pasada por alto. En efecto, el decreto 129/2014 establece, a texto expreso, que el documento debe ser tramitado personalmente y esa gestión no puede ser delegada en una tercera persona. Obviamente, a priori no se trata de un delito sino de una mera irregularidad. Por supuesto, el motivo por el cual esa norma fue ignorada es que el delincuente estaba preso.

Lo realmente insólito es que el exministro del Interior y actual senador blanco, Luis Alberto Heber, considere que el dictamen de Fiscalía fue una suerte de “victoria”. Más inverosímil aún es que afirme haber salido “tan limpio” como entró. Evidentemente, no leyó la totalidad del escrito del fiscal Alejandro Machado, en cuyo contexto se afirma que tanto las autoridades del Ministerio del Interior como las de la Cancillería de la República “faltaron a la verdad y ocultaron información” durante su comparecencia en el Senado. Esa aseveración revela graves responsabilidades políticas y éticas por haberle mentido groseramente al Parlamento, aunque éstas no sean susceptibles de reproche penal. Incluso, el mero hecho del archivo de una causa penal no implica que no exista delito. Esta acción se determina cuando no hay pruebas concluyentes de eventuales hechos de apariencia delictiva.

Si bien no se puede afirmar fehacientemente que lo actuado por el Gobierno haya violado la ley, tampoco se puede aseverar que no la haya vulnerado. Realmente, es una cuestión subjetiva. En efecto, los dictámenes judiciales son emitidos por seres humanos que son falibles y no guardan ninguna relación con los diez mandamientos presuntamente grabados a fuego por Dios (Jehová) y entregados al profeta judío Moisés en el Monte Sinaí, tal cual está documentado en el Antiguo Testamento.

Como todo pronunciamiento judicial, el archivo de esta causa puede ser apelado y, en la hipótesis de que el recurso fuera acogido, podría eventualmente ser analizada por otro fiscal.

Ahora queda abierto un segundo expediente judicial, que corresponde a la presunta destrucción de documentos por parte del exasesor presidencial Roberto Lafluf. La acusación fue formulada por la exvicecanciller Carolina Ache, quien debería ratificar su denuncia porque ésta tiene responsabilidad penal. Como se recordará, el anuncio de este presunto ilícito habría estado a cargo del propio Lafluf, en el marco de un encuentro reservado desarrollado en el piso once de la Torre Ejecutiva.

En ese contexto, no debería ser pasada por alto la comunicación telefónica en la cual el hoy excanciller de la República, Francisco Bustillo, le recomendó a su subordinada Carolina Ache que destruyera o extraviara su celular. Al respecto, le comentó que aguantara para “ver si se puede enderezar esto, porque es un desastre”. Esa sugerencia, que todos escuchamos porque el audio era realmente muy claro, debería implicar al extitular de la diplomacia uruguaya.

¿Qué quería ocultar Bustillo? ¿Qué había que enderezar? ¿Cuál era el desastre que estaba en el horizonte? Si bien el tono del exsecretario de Estado fue coloquial porque estaba conversando con una persona con la cual tenía mucha confianza, el sustantivo desastre, que según el diccionario de la Real Academia Española es una desgracia, un cataclismo o una catástrofe, es elocuente. Si el fiscal Alejandro Machado procede acorde a los elementos de prueba disponibles, no debería darse por satisfecho con meras ambigüedades.

¿Se puede creer en los integrantes de un gobierno que ha hecho de la mentira una suerte una patológica adicción? La pregunta se responde sola. Marset sigue libre y delinquiendo gracias al salvoconducto que le entregó el Gobierno.