El culebrón de otoño fue esa adquisición, por la cual Orsi habría obtenido un sustancioso descuento. El episodio, de tono menor, fue transformado por la oposición y por sus fieles amanuenses mediáticos en un circo luego de que se presentaran denuncias ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Ante esta embestida, los errores de comunicación de la Presidencia, así como la jerga coloquial del presidente, no contribuyeron a arrojar la luz necesaria sobre el asunto. Empero, aquí hay algo muy claro: no existe ninguna ilegalidad en esa compra, que fue procesada por el mandatario antes de asumir la presidencia. Aunque se presentaron públicamente todos los documentos que avalan la legalidad de la transacción, algo no habitual, la polémica creció incesantemente por el avieso propósito de la oposición de deteriorar la imagen del gobernante, quien peca de demasiado honesto y pudo, como tantos otros políticos, fraguar su declaración patrimonial ante la Jutep.
Luego del video en el cual brindó explicaciones a la población y de un encuentro con la prensa, quedó muy claro que el negocio fue transparente. El tema es no haber olfateado que algo que no es delito ni es ilegal se transformaría en un escándalo inexistente, con el cual medró el contubernio derechista.
La realidad es que, como parte del pago del vehículo adquirido, Orsi entregó dos automóviles de su propiedad. Uno de ellos era el que tenía para su uso particular desde hace un buen tiempo y el otro es una donación originada en una rifa organizada en campaña por el Frente Amplio, en la cual el número sorteado no había sido adquirido por nadie. Si las donaciones estuvieran prohibidas, los partidos políticos no podrían financiar sus campañas electorales.
Con la entrega de esos dos valores, Orsi se aseguró adquirir un vehículo que reuniera las condiciones necesarias para su uso cotidiano. Incluso, su intención era utilizar su vehículo personal para ahorrarle al Estado el costo de la locomoción oficial, algo que no hicieron sus predecesores. Es decir, otra vez se pasó de honesto y esto, aparentemente, para algunos actores de la política vernácula, parece ser un pecado. Por eso, decidió donar su camioneta a la ANEP para disipar el humo y dar otro ejemplo.
Aunque a los frenteamplistas les pueda chirriar que un presidente progresista adquiera un vehículo de alta gama, sus razones de seguridad resultaban de recibo. Los que no son de recibo fueron los reclamos que partieron desde la vereda derecha, que es una vereda tan mugrienta que no puede limpiarse ni con agua ni con jabón ni con detergente ni con ácido sulfúrico. Incluso, ni siquiera con la cal viva que usaban los militares represores aliados a la derecha blanqui-colorada, con el propósito de degradar los cuerpos de quienes asesinaban antes de inhumarlas.
Estos esperpentos reclamaron que el presidente explicara y nunca quedaron conformes, por más que las explicaciones abundaron. Incluso, se aferraron a una frase bien coloquial de Orsi, quien afirmó: “Cuando veo un descuento, me tiro de cabeza”.
El gobierno de Luis Lacalle Pou sí se tiró de cabeza cuando aceptó la “generosa” oferta de Cardama para la fabricación de dos lanchas patrulleras para la Armada Nacional por la mitad de su valor de mercado. El problema es que para la adjudicación de esa compra estatal se saltearon todas las normas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que rige las compras estatales; se otorgó a la empresa beneficiaria información privilegiada; se rubricó un contrato con un astillero sin experiencia en la construcción de ese tipo de embarcaciones que tenía a su vez graves problemas económicos y no se contempló la garantía de fiel cumplimiento. El corolario de lanzarse de cabeza a una piscina sin agua fue una terrible estafa contra el Estado, por la flagrante violación de todos los términos del contrato y, por ahora, la pérdida de 30 millones de dólares. Hoy, la Armada Nacional no tiene lanchas patrulleras y el Estado perdió mucho dinero, porque el exministro de Defensa Nacional y actual senador blanco, Javier García, y el hoy expresidente Luis Lacalle Pou se lanzaron de cabeza a sabiendas de que el destino sería el desnuque. Sin embargo, los desnucados, que deberían ser ellos, permanecen impunes, pese a que toda la operación huele a podrido y tiene apariencia delictiva.
No voy a caer en la guarangada de cuestionar cuando Lacalle Pou, siendo ya presidente de la República, adquirió una moto de alta gama en 55.000 dólares. Sin embargo, sí es pertinente preguntarle cómo hizo para acrecentar su patrimonio en un 60 % durante su mandato. Aunque su salario era muy alto y la mayoría de los gastos en los cuales incurrió no salieron de su bolsillo ni de su cuenta bancaria sino de las arcas del Estado, el incremento patrimonial parece desmesurado, siempre que lo declarado ante la Jutep sea cierto. Hay dudas, porque bien se sabe que el exmandatario es un mentiroso contumaz.
Lacalle Pou tiene que explicar, además, por qué Alejandro Astesiano delinquía a sus anchas en la propia Torre Ejecutiva; por qué se otorgó un pasaporte a un narco peligroso; por qué se destruyó documentación que debía ser entregado a la Justicia; por qué en su gobierno se exoneró a familiares de ministros; por qué ASSE le compró servicios a una empresa a la cual había estado vinculado su presidente, Leonardo Cipriani, que ahora volvió a ella; por qué se entregaron viviendas sociales a militantes sin sorteo, y otras chanchadas que, por ahora, están impunes.
El que le debe explicaciones a los uruguayos es Luis Lacalle Pou, por los actos espurios perpetrados por su gobierno, tanto los no investigados como los en proceso de investigación. Resulta obvio que no conocen el significado del vocablo honestidad y ahora cuestionan a la Jutep, que antes no cuestionaron en su gobierno cuando se sumó a la denuncia de Antel contra Carolina Cosse por los costos de construcción del Antel Arena. La causa se archivó, fue apelada y se volvió a archivar, porque no había delito.
