¿Es justo y serio hablar de narcogobierno, o deberíamos hablar de narcooposición? Veamos.
La acusación de Botana tuvo un merecido efecto boomerang, porque mientras dirigentes blancos cuestionan al actual Gobierno por sus políticas frente al narcotráfico, un asesor de un edil nacionalista de Montevideo acaba de ser condenado por esa actividad.
Se trata de Pablo Leiva, de 48 años, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado a dos años y seis meses de prisión por blanquear el dinero obtenido por la venta de drogas. La Operación Trazador permitió incautar 265 kilos de droga —141 kilos de pasta base y 124 de cocaína—, unos $3 millones, U$S 42.564, armas, municiones y una máquina para contar billetes.
Leiva cobraba aproximadamente $52.000 mensuales como asesor de Gómez.
Lucio Leiva, hijo de Pablo, también era uno de los cinco asesores de este edil. Fue detenido inicialmente durante el operativo, pero después quedó en libertad y aparentemente desafectado de la investigación.
Tres preguntas en el aire
Todo el país se pregunta tres cosas. La primera es cómo Lucio podía desconocer las actividades delictivas de su padre si vivían en la misma casa y los elementos que las prueban estaban a la vista. La segunda pregunta es en qué asesoraban, padre e hijo, al edil nacionalista. La tercera, qué favor le debía Gómez a un narcotraficante para pagarle más de 52.000 pesos por mes con dineros públicos.
La contadora Laura Scalabrino, esposa de Jorge Gandini, líder del sector al que pertenece Gonzalo Gómez (lista 250), está también bajo la lupa por ser la propietaria de la casa de cambio utilizada para estas maniobras por parte de Pablo Leiva. Puede ser casualidad y no voy a dudar de la honestidad de la contadora hasta que esto se aclare; pero es inevitable unir cabos. Antes de ser edil, Gonzalo Gómez fue asesor y secretario político de Gandini entre 2023 y 2025.
Gandini hizo de la lucha contra el narcotráfico uno de los ejes de su discurso durante la campaña de 2024. Propuso un “pacto antinarco” entre los partidos y sostuvo que Uruguay debía “blindarse” frente al crimen organizado. “Lo que antes veíamos en Netflix: México, Colombia, Paraguay, Ecuador, ahora lo vemos acá”, dijo. También reclamó mayores controles fronterizos, radares y escáneres.
Lo que parece de Netflix es que justamente su sector, y con tan encomiable discurso, estuviera solventando a un narcotraficante.
Hoy Gandini ya no ocupa una banca en el Senado. Desde mayo de 2025 es director vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), algo que en su momento cuestioné a Yamandú. ¿Qué aporte positivo le ha hecho Gandini al país para que le sigamos llenando los bolsillos todos los meses desde hace décadas?
¿Y por qué, cada vez que hablamos de narcotráfico (una vez sí y otra también) aparece un blanco involucrado?
Dime con quién andas
No es solamente Pablo Leiva.
Emilio Daniel del Pino Llanes, alias “Toto”, de 31 años, era director de la Oficina de la Juventud del municipio de Paso de los Toros en Tacuarembó. A fines de agosto de 2023, y tras la operación “Hospedaje”, terminó procesado, ya que la Brigada Departamental Antidrogas y la Fiscalía lograron demostrar que estaba vinculado a dos puntos de venta de drogas en una pensión. Este narcotraficante figuró en el segundo lugar de la lista 1550 del Partido Nacional, la cual apoyaba a Wilson Ezquerra, quien ganó la intendencia de Tacuarembó.
Julio Luis Deal Barrios, acusado de lavar dinero para Sebastián Marset, fue capturado en Bolivia. Las redes sociales dejaron al descubierto que era ferviente admirador de Luis Lacalle Pou y llegó a integrar una lista del Partido Nacional. Se publicaron fotos suyas posando con Luis Alberto Heber y Laura Raffo. Claro, estamos en un país donde cualquiera se saca una foto con quien quiera, pero también está el hecho de que todos nos conocemos. No parece que éste fuera el caso de un simple y desconocido simpatizante que se arrima a dos figuras públicas para sacarse una selfie.
El antecedente más reciente antes del caso Trazador fue el de un edil suplente del Partido Nacional en Cerro Largo, condenado en noviembre de 2025 a nueve meses de prisión efectiva por suministro de sustancias estupefacientes en modalidad de acto preparatorio. El dirigente integraba la lista 93, liderada por el intendente de Cerro Largo, Christian Morel. La Policía había incautado marihuana, una balanza de precisión, un automóvil y un revólver calibre 38 con municiones.
Esta gente siempre anda calzada.
En febrero de 2024, otro dirigente nacionalista, Carlos Mengen, entonces coordinador del Municipio de Cardona, fue formalizado con prisión preventiva por su participación en la operación de un cargamento de 2,16 toneladas de cocaína incautado en Amberes, Bélgica, después de haber salido de Uruguay.
Son casos diferentes, con responsabilidades judiciales diferentes, pero todos tienen un denominador político común: personas vinculadas al Partido Nacional que terminaron involucradas en investigaciones o condenas relacionadas con drogas o lavado.
Y está, por supuesto, Sebastián Marset. El narcotraficante obtuvo un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos, durante el gobierno de Lacalle Pou. Esto terminó provocando la caída de dos ministros y dos subsecretarios, y poniendo en la palestra a Roberto Lafluf por destruir un documento público en Torre Ejecutiva porque los comprometía.
Durante el gobierno de Lacalle Pou, enormes cargamentos de cocaína que habían pasado por Montevideo fueron descubiertos en Europa. En diciembre de 2023, Bélgica incautó 2,16 toneladas de cocaína en un contenedor exportado desde Uruguay. En junio de 2024, Barcelona decomisó 4.020 kilos de cocaína escondidos entre bolsas de arroz. El contenedor había pasado por el puerto de Montevideo. Y en agosto de ese año Portugal incautó 3.600 kilos ocultos entre harina de soja. El contenedor había pasado por Montevideo y, según la investigación, había sido sometido a escaneo en Uruguay.
No fueron pequeñas operaciones: casi 10 toneladas de cocaína en esos tres episodios.
Entonces, ¿narcogobierno o narcooposición?
Ni lo uno ni lo otro. Aseverar cualquiera de las dos cosas es irresponsable e injusto con las personas honestas de cada lado.
Cuando el narco llega a una zona, entre sus planes urgentes está la compra de jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, médicos y políticos para asegurar su impunidad, leyes benignas, áreas liberadas, certificados falsos y, sobre todo, facilidad para lavar dinero. Ningún partido político está libre de que esta plaga se meta en sus filas. Mañana puede ser un frenteamplista el que esté imputado.
Sin embargo, hay algo indiscutible: el partido que por lejos ha generado escándalos por sus vínculos con el narco y diferentes hechos de corrupción pública y privada es el Partido Nacional.
A frenar la lengua, entonces, Botana, Da Silva y compañía, porque ustedes acusan a los demás cuando todo el país sospecha de ustedes.
