Ni siquiera en sus últimas decisiones, esta administración ha demostrado empatía con el pueblo uruguayo. Se despiden dejando una marca indeleble de lo que fue su gestión, más blanca que multicolor, con un Luis Lacalle Pou que actuó como un monarca sin corona y socios coalicionistas que se comportaron como súbditos complacientes.
Este gobierno se retira como no podía ser de otra manera: golpeando los bolsillos de los uruguayos. En la última semana del año se anunciaron los ajustes en las tarifas públicas que rigen desde el 1.º de enero. OSE y Antel aumentaron un 7%, muy por encima de la inflación, mientras que UTE, ya sobrecargada por el sistema de escalones, subió un 3%. Además, el precio de la nafta Súper 50 aumentó $3,50 por litro (4,66%), la nafta Premium 97 un 4,51% y el supergás, el combustible más usado por los hogares, subió $7,71 por kilo, lo que representa un mazazo del 9,49%.
A modo de comparación, el Frente Amplio no ajustó las tarifas públicas en enero de 2019, a pesar de que quedaban dos meses para el cambio de gobierno.
El ajuste de jubilaciones: una vergüenza
Apenas 36 horas antes del fin de 2024, se anunció el ajuste de las pasividades que se cobrará en febrero, con un incremento del 5,93%. Sin embargo, para los jubilados de menores ingresos, que recibieron un adelanto del 3% en julio, el aumento real será de apenas un 2,93%. Esto es una afrenta, que recuerda la crisis del 2002, cuando las pasividades crecían por debajo del costo de vida.
Si bien la inflación cerró en 5,49%, este ajuste vuelve a representar una pérdida de poder adquisitivo, lo que confirma un nuevo retroceso. Ni siquiera el adicional correspondiente a diciembre logrará compensar esta situación.
Parece que el gobierno castiga a los jubilados y trabajadores por haber perdido las elecciones. Sin embargo, esta decisión no tendrá un costo político inmediato, ya que la derecha se prepara para pasar cinco años en la oposición.
Un ajuste que ignora a los más vulnerables
El ajuste de pasividades se calcula según el Índice Medio de Salarios Nominales, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución. Sin embargo, este índice es un piso, no un techo. Los gobiernos progresistas lo usaron como referencia mínima, ajustando las jubilaciones por encima de la inflación en 14 de los 15 años de gestión, logrando un aumento real superior al 60%.
Durante el actual quinquenio, los pasivos perdieron poder adquisitivo entre 2020 y 2022 y sus ingresos permanecieron congelados en los años siguientes, salvo excepciones. Este ajuste parece tener un claro aire de venganza electoral.
Por su parte, los salarios también tendrán incrementos a partir de este mes. En el sector privado, los ajustes dependerán de los acuerdos colectivos. Los empleados estatales recibirán un incremento cercano al 5%, basado en la inflación proyectada para 2025 y no en la inflación real de 2024, que fue del 5,49%. Esto confirma la política de desindexación salarial adoptada por el gobierno, que desvincula los ajustes salariales de la inflación pasada.
Un peligroso desacople con la realidad
El riesgo de esta política es que, ante un escenario económico global volátil, los precios puedan dispararse y desacoplarse de los ingresos. Si la inflación supera la proyección oficial, los trabajadores podrían quedar sin mejoras salariales significativas en el transcurso del año.
El futuro gobierno frenteamplista debería retomar el criterio de ajustes salariales vinculados a la inflación pasada, que se utilizó durante las tres administraciones progresistas. Esto permitió que los salarios aumentaran un 55,5% en términos reales y el poder adquisitivo de los trabajadores se triplicara.
En este quinquenio, tanto los salarios como las jubilaciones sufrieron pérdidas significativas entre 2020 y 2022. Esas pérdidas no se recuperarán, ya que los ajustes posteriores no fueron retroactivos. Según el Instituto de Economía, esa pérdida asciende a 7.440 millones de dólares.
El discurso oficial: entre la confusión y la mala fe
Durante la campaña electoral, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que el gobierno había alcanzado el mayor nivel salarial del último medio siglo. Sin embargo, confundió la masa salarial —la participación del salario en el PIB— con el nivel salarial real. Esa mejora fue leve y solo se sintió en el quintil de mayores ingresos, mientras que la mayoría de los trabajadores y jubilados no percibió ningún alivio en sus bolsillos.
Promesas para los más vulnerables
El futuro gobierno de Yamandú Orsi deberá cumplir su promesa de devolver el adelanto descontado a los jubilados que perciben las pensiones más bajas. Muchos de estos pasivos viven en condiciones de indigencia. Además, deberá priorizar la mejora de los ingresos de los 550.000 trabajadores que ganan menos de $25.000 mensuales y atender la situación de los más de 300.000 empleados que trabajan en negro.
Conclusión: un legado de estafas
Este gobierno se despide de la peor manera: con tarifazos, rebaja de jubilaciones y congelación salarial. Fiel a su estilo, priorizó a los sectores más ricos en detrimento de quienes dependen de ingresos fijos. Los uruguayos deberían pasarle factura en las elecciones departamentales de mayo.