Blancas gauchadas

Siempre le encuentran la vuelta para burlar concursos, licitaciones, sorteos o carreras administrativas y acomodar a los suyos, mientras aquellos que siguen los caminos correctos quedan esperando un milagro para acceder a una vivienda, una ayuda estatal o un empleo público, capacitándose muchas veces al santo botón y viendo cómo los políticos y sus amigos acceden al cargo para el que ellos están cien veces más preparados. De nada valen la experiencia, un legajo impecable, la preparación, la dedicación, la honestidad o la necesidad; la prioridad la tendrán los amigos de los amigos.

El periodista Eduardo Preve ha dado a conocer recientemente estas dos perlas que refrendan la grave acusación que acabamos de hacer.

Llamada de Presidencia

El caso Irene Moreira está lejos de concluir. Cuando salió a la luz la manera en que la exministra usaba el poder de su cargo para hacer proselitismo, el presidente le hizo pagar a Cabildo Abierto sus reiterados desacatos y la sacó del forro. La medida era más que aplaudible, ya que un presidente no debe tolerar semejantes hechos de corrupción. Pero… oh, sorpresa… El mismo presidente formaba parte de la cadena de favores irregulares.

El 18 de marzo, el secretario personal de Luis Lacalle Pou, Horacio Gadea, le solicitó por mail a la entonces ministra Irene Moreira que agilizara un subsidio total de alquiler a favor de una mujer que trabaja para una empresa contratada por Presidencia y que, anteriormente, cumplía funciones en el Parlamento. Cumpliendo con tal solicitud de aplicar la discrecionalidad que posteriormente condenaría a la ministra, el trámite fue aprobado cinco días después, dejando de lado limitaciones formales y legales.

El correo electrónico enviado a la esposa del líder de Cabildo Abierto dice: “Estimada ministra: en esta semana van a tratar un caso de alquiler con subsidio de la señora xxx, un tema que estamos siguiendo y queremos ayudar. Le agradezco todo lo que se pueda hacer”. Un par de días antes hubo una llamada al despacho de la ministra por el mismo asunto.

Antes de seguir, dejemos algo en claro: si eres ministro/a y te llama la mano derecha del presidente de la República, no lo tomas como un pedido, sino como una orden del altísimo.

El equipo técnico (bah, político) integrado por representantes de Cabildo Abierto y el Partido Colorado aprobó la solicitud el 23 de marzo poniendo como condición que la beneficiaria regularizara su situación en el clearing. La ley pone como impedimento, para aprobar esta medida, que la persona figure como deudora en tal base de datos. El beneficio aprobado rondaría las 15 unidades reajustables.

No nos interesa dar el nombre de la beneficiaria porque no es ella la que merece un escrache, sino los políticos que juntan votos haciendo favores con dinero ajeno, porque el Estado somos todos y el dinero del mismo es patrimonio de cada uruguaya y uruguayo. Estaría genial que estas “gauchadas” las hicieran con dinero de su propio bolsillo, ya que la mayoría de estos “benefactores” son millonarios. La situación de vulnerabilidad de la mujer no es excusa para evadir las exigencias legales aplicando la discrecionalidad que tanto criticaron a la exministra.

Ahora, si el presidente expulsó del gabinete a Irene Moreira por sus reiterados actos de discrecionalidad, ante este caso, solo tiene dos acciones a tomar. Una: despedir de inmediato a su secretario por tráfico de influencias y actuar en su nombre. Dos: hacerse cargo de haber ordenado el procedimiento irregular y enfrentar las consecuencias.

¿Alguien cree que el presidente se hará cargo de algo?

Premio blanco con dinero de Juan Pueblo

Ya hemos escrito varias veces que lo de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande es escandaloso, por lo inmoral y abusivo. Reparto de cargos a dedo con sueldos y gastos siderales la han convertido en una fuente de recursos electorales. ¿Qué hay de nuevo?

El herrerismo ha decidido premiar a uno de los suyos con una prejubilación de 400.000 pesos mensuales por cuatro años. En este caso sí corresponde dar el nombre. No se trata de ninguna persona en situación de vulnerabilidad económica, sino de Carlos Gelpi, empresario con varios medios de comunicación y uno de los suplentes de la lista de senadores liderada por Carlos Albisu, presidente por Uruguay de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y puntal de Álvaro Delgado.

Carlos Gelpi era jefe de seguridad y fue prejubilado con 56 años, pese a que al resto de los trabajadores se les jubila a los 65. ¿Cómo hicieron esto? Crearon un cargo de asesor elevando su escalafón y aumentando su sueldo a un rango de 450.000 a 485.000 pesos. El beneficio terminará siendo de 700.000 dólares durante siete años. Durante seis años le pagaremos a Gelpi, sin que trabaje, el 85% de su salario, lo cual disminuirá gradualmente hasta el 70%. Al finalizar ese lapso le daremos un premio adicional equivalente a diez salarios. Por si fuera poco, sus benefactores se aseguraron de dejar plasmado por escrito que cualquier ajuste salarial que se aplique a los trabajadores de Salto Grande también comprenderá a la indemnización otorgada al herrerista.

Este “acuerdo” lleva en el papel la firma de Carlos Albisu, líder político de Carlos Gelpi. Sería bueno preguntar a Álvaro Delgado, líder de ambos, y a Luis Lacalle Pou, líder de los tres, qué opinan de este abuso.

¿Cuándo dejarán de robarnos descaradamente con la creación de cargos de “asesores” para beneficiar a los correligionarios?

¿Cuándo los uruguayos tomarán las calles (en paz, pero con determinación) para poner un freno al saqueo?

¿Cuándo se hartará Juan Pueblo de que le metan la mano en el bolsillo?

“¡Qué fácil, qué fácil es administrar mal

si tengo el bolsillo de Juan Pueblo

ahí cerca pa’ meterle la mano!”.

Candidato presidencial Luis Lacalle Pou. Parque Viera. Marzo de 2019.

“No hay lugar en mi gobierno para los que despilfarran el dinero de la gente.

La austeridad va a ser el centro de nuestro gobierno”.

Candidato presidencial Luis Lacalle Pou. Parque Viera. Marzo de 2019.