Obviamente, como en otros tantos casos, el pretexto de las autoridades es una supuesta violación de la laicidad, que prohíbe a los funcionarios públicos desarrollar actividades político partidarias en sus lugares de trabajo.
La filial Montevideo de la Asociación de Maestros de Uruguay (ADEMU), que se declaró en conflicto, rechazó tajantemente las prácticas de persecución e intimidación del Gobierno, calificando el hecho como un flagrante ataque a la libertad sindical. “Este hecho no es inocente, ya que obstaculiza la organización y convocatoria sindical”, manifiesta un comunicado de los educadores, quienes afirmaron que se trata de “una provocación”, cuyo objetivo “es acallar las voces de quienes se oponen a la reforma educativa (transformación educativa)”.
En otro orden, el sindicato explicó que “en ningún momento de la investigación y el sumario se pudo demostrar una violación a la laicidad, ya que el contenido de la proclama leída no es de carácter proselitista, aspecto que fue claramente demostrado en los alegatos expresados por la defensa de las compañeras”.
Por supuesto, si bien la mentada “transformación educativa” es un tema político, no es político partidario, por lo cual no se trata de una actividad proselitista ni nada que se le parezca. Por ende, la sanción aplicada a las educadoras no se ajusta a derecho y es, como otras actividades represivas que ha practicado el Gobierno, groseramente ilegal.
Luego del sumario administrativo, que incluyó la retención del 50 % de los haberes de las implicadas, con el perjuicio económico que ello supone, las autoridades educativas notificaron, el pasado 8 de enero, que se aplicará a las sumariadas una sanción de 30 días de suspensión con la retención total de sus salarios.
La medida punitiva fue oficializada en pleno receso veraniego, con los docentes en licencia y con las escuelas cerradas, a los efectos de evitar una paralización de actividades que eventualmente pudiera afectar el normal desarrollo de los cursos.
Sin embargo, ADEMU, que pidió formalmente que la sanción sea dejada sin efecto, comenzó el año con medidas de lucha tendientes a visibilizar la situación.
Asimismo, en caso de que no se atienda su reclamo, el gremio presentará un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el ámbito idóneo donde se impugnan los actos administrativos del Estado.
Se trata de una decisión autoritaria, propia de un Gobierno que ha hecho de la represión una suerte de modus operandi. Estas actitudes intolerantes, que comenzaron durante la gestión del CODICEN presidido por el hoy precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, mantienen su rigor con la presidencia de la abogada riverense Virginia Cáceres.
Esta nueva escalada represiva, que es congruente con el talante autoritario del Gobierno, tuvo su primer capítulo en febrero de 2021, cuando las autoridades de la ilegal Dirección General de Educación Secundaria que encabeza Jenifer Cherro, dispusieron el sumario de quince docentes maragatos, con separación del cargo y retención del 50 % de sus haberes.
En este caso, también se acusó a los docentes de violar la laicidad por haber participado, en 2019, de una demostración de repudio a la reforma constitucional “Vivir sin miedo” que promovió el fallecido exministro del Interior, Jorge Larrañaga. El recurso no prosperó, ya que fue rechazado en las urnas.
Aunque la actividad sindical que originó la sanción se registró durante la pasada administración, el expediente que contenía la denuncia formulada por la exdirectora del Liceo n.º 1 de San José, Miriam Arnejo, fue desarchivado por orden de Jenifer Cherro.
Naturalmente, tampoco en este caso hubo violación a la laicidad, ya que el acto militante de los docentes no fue proselitista ni tuvo una impronta político partidario. Por ende, la medida adoptada por las autoridades de la DGED, obviamente con el aval del CODICEN, es también de una grosera ilegalidad.
Empero, el año pasado se registró el hecho más bochornoso cuando las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria resolvieron sumariar al director del emblemático Instituto “Alfredo Vázquez Acevedo”, Leonardo Ruidiaz, con la consecuente separación del cargo y retención del 50 % del salario, a raíz del conflicto generado por la eliminación del salón gremial. El docente fue acusado de desacatar las órdenes de las autoridades y de haber hecho causa común con el reclamo de los adolescentes, quienes resistieron, con varias ocupaciones y una valiente actitud militante, la draconiana medida de despojarlos del espacio físico que, en 2009, les fue otorgado para el desarrollo de sus actividades gremiales, un derecho consagrado por la Constitución.
Pese a que la División Jurídica del organismo no encontró méritos para sancionar al jerarca y luego de haber transcurrido más de seis meses éste debería ser reintegrado y percibir el total de sus haberes, el organismo dirigido por Jenifer Cherro perpetró una nueva ilegalidad no exenta de arbitrariedad.
En efecto, alegando razones de inconveniencia, la DGES –que fue creada por la LUC en una grosera violación al artículo 202 de la Constitución de la República– dispuso el traslado del docente al Departamento de Documentación Estudiantil, una dependencia que cumple un rol meramente administrativo, que nada tiene que ver con la actividad que, por su formación académica, despliega el jerarca.
La resolución, que es una suerte de castigo, es improcedente, ya que, de acuerdo a la normativa vigente, al no haber elementos que puedan configurar faltas graves que ameriten una medida punitiva mayor, el removido educador debió ser reintegrado a su cargo jerárquico en el IAVA sin más trámite, en la medida que ya transcurrió el plazo legal del sumario, que es de seis meses.
Aunque desde la cúpula del organismo se alega que la presencia de Ruidiaz puede entorpecer una investigación interna que ya culminó sin consecuencias, lo cierto es que Secundaria vulnera –inmoralmente– los derechos del sancionado y lo relega a un rol meramente decorativo, en una oficina que desempeña funciones que ninguna relación tienen con su rol de gestión educativa.
El sumario, en cuyo marco Ruidiaz fue desplazado, aún sigue su curso, pese a que la normativa vigente establece que este acto jurídico-administrativo debe sustanciarse en un plazo máximo de seis meses, al término del cual la División Jurídica debe informar a las autoridades que, en este caso, debieron reintegrar al jerarca a su puesto de trabajo original.
Como se recordará, Leonardo Ruidíaz fue separado de su cargo en el marco del conflicto derivado del desalojo del salón gremial por parte de las autoridades. Al respecto, se acusó al docente de haber apoyado el reclamo de los jóvenes y, en ese marco, de incurrir en un virtual “desacatado” y de desestimar las órdenes impartidas por el unipersonal órgano cupular. El recinto fue clausurado definitivamente.
El IAVA fue intervenido por inspectores y, según testimonios del colectivo docente, la conducción tiene una impronta autoritaria, acorde al talante de las jerarquías de la ANEP, que, en lugar de negociar, reprimen, como en el caso de las maestras de la Escuela n.º 35 del Buceo y de los sancionados docentes maragatos.
