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Columnas de opinión | corrupción | Partido Nacional |

Turbiedad

Corrupción y acomodos en Uruguay

Algunas acciones no son precisamente ilegales, pero sí inmorales. Otras merecen ser investigadas porque despiden un blanco humo nauseabundo.

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Siempre estamos atrasados en este intento de llevar una crónica actualizada de los hechos de corrupción o abusos por parte de este gobierno.

Pablo Iturralde: ¿ayudando a un prófugo?

Es inadmisible que muy pocos medios de comunicación hayan replicado la noticia publicada por Crónicas del Este luego de una investigación que pone en el banquillo, nuevamente, a connotadas figuras del Partido Nacional. Este blindaje de los medios hegemónicos de desinformación de Uruguay ha sido criticado desde el canal C5N, entre otros medios de Argentina.

El hecho es que diputados argentinos del Frente de Todos afirman que el prófugo macrista Fabián Rodríguez Simón, apodado Pepín, ha estado en Uruguay bajo el amparo del presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Este abogado y político argentino está acusado de haber amenazado a un juez para anular una orden de allanamiento en una causa por corrupción del entorno de Macri en 2016. También se le acusa de espionaje ilegal, con fines de extorsión, a políticos, empresarios, periodistas y otros ciudadanos. Cualquier similitud con el caso Astesiano y el espionaje a senadores, estudiantes, sindicalistas y otras personas en Uruguay, ¿será simple coincidencia?

Está demostrado que el gobierno de Mauricio Macri montó una unidad de inteligencia ilegal llamada “mesa judicial”.

En una entrevista telefónica con el diputado argentino Eduardo Valdés, este le comentó a Crónicas del Este: “Estoy lejos, en un lugar de difícil conexión de internet, en el sur argentino; pero le ratifico la información que yo tengo: que desde el momento en que se profuga Rodríguez Simón de Argentina y se instala en Uruguay, recibe la asistencia de quien es el presidente del partido blanco en Uruguay, el señor Pablo Iturralde. Eso se lo ratifico plenamente”.

Hasta que fue descubierto por C5N en Maldonado, el prófugo se quedaba en una casa de La Barra llamada “La Colorada”. Esta residencia está prácticamente pegada al chalet “Blue”, propiedad de Julia Pou Brito del Pino, madre del presidente de la República.

En Argentina, varios medios repiten que Pablo Iturralde iba “de acá para allá” con Rodríguez Simón. Consultado el dirigente nacionalista por el periodista Sergio Secinaro, se limitó a decir “no es cierto”. Cuando le preguntaron si quería agregar algo más, solo contestó: “¿Qué más querés que te diga? ¿Qué te voy a decir? De algo que no es cierto, yo que sé…”.

¿Cuántos días más podrán estar los principales medios de comunicación de Uruguay ignorando esta bomba periodística?

Acomodos y negocios turbios

La coalición de gobierno usa los dineros del Estado para beneficiar a amigos, correligionarios y familiares sin pudor alguno. Si no hay un cargo para colocar a alguien, se crea.

Desde que Enrique Montagno, vocal del directorio de ASSE en representación de Cabildo Abierto, se jactaba de haber metido en ASSE a 135 personas a dedo, montando una estructura política gigantesca, las cosas han empeorado. La coalición ha acomodado a innumerables correligionarios en la Ctmsg saltándose concursos y hasta creándose cargos con nombre y apellido.

Los casos son múltiples, pero resaltamos los siguientes:

Graciela Bianchi. El 4 de noviembre de 2021 el Congreso de Intendentes resolvió contratar al escribano Bruno Lombardo Bianchi, hijo de la senadora Graciela Bianchi.

Irene Moreira. En mayo de 2021 Brecha difundió mensajes intercambiados entre las cabildantes Irene Moreira (titular del MVOT) y Silvana Romero (titular de la Ursea), en los que la ministra pregunta si pudo colocar a alguien de Cabildo Abierto y se le responde que sí. La beneficiaria mencionada es María de los Ángeles Pereda, esposa del diputado Martín Sodano, del partido militarista.

Mvotma. El ministerio dirigido por Cabildo Abierto gasta 156.750 dólares beneficiando a la empresa Teregal, que pone cuatro vehículos con chofer durante un año y cuatro meses. La pregunta es por qué en lugar de alquilar no se compraron cuatro vehículos pagando unos 40.000 dólares por unidad.

Isaac Alfie. En enero de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou designó en forma directa como titular de la recientemente creada Dirección de Zonas Francas a Ana Violeta Alfie Stochek, hermana del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Issac Alfie Stochek.

Heber y Lema. En 2022 el Mides inventó el cargo de director nacional de Gestión Territorial para acomodar al abogado Alejandro Sciarra Marguery, yerno del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Azucena Arbeleche. La ministra de Economía y Finanzas firmó una resolución de promoción de inversiones que brindó exoneraciones impositivas a la empresa Lanafil SA, o sea, a su propio esposo. Abusando de su poder, Arbeleche ya había beneficiado a Isaac Alfie, socio político en la coalición y director de la OPP, con una serie de beneficios que debieron retirar cuando tomaron estado público. La hermana de la ministra, Florencia Arbeleche, fue designada Directora Nacional de Integración Social y Urbana.

MTOP. En 2021, el representante uruguayo de la empresa china de camiones Sinotruk, propietario de Galimix SA, tuvo acceso a los pliegos de una licitación del MTOP, más de dos semanas antes de que el ministerio los publicara en la web de Compras Estatales, para adquirir 45 camiones con volcadora. Hablamos de unos dos millones de dólares. Está claro que alguien le hizo un favor a alguien.

Tabaré Viera y Carlos Moreira. En 2023 la bancada del Partido Nacional de la Junta Departamental de Colonia aprobó una condonación de una deuda por contribución inmobiliaria generada por la sociedad anónima Airemar, que estuvo al frente de la gestión del hotel Casino Carmelo entre 1991 y 2020. El regalo, de 65 millones de pesos, fue pedido por el ministro de Turismo, Tabaré Viera, al intendente Carlos Moreira.

Ope Pasquet. El 21 de noviembre de 2022, el Poder Judicial contrató por 50.000 dólares al abogado Gastón Chaves Hountou para modificar el Código Penal uruguayo. La resolución fue firmada por el diputado y presidente de la Cámara, Ope Pasquet, y Virgina Ortiz, como secretaria. Nadie cuestiona la capacidad del contratado; pero la pregunta es: ¿Para qué carajos les pagamos tremendos sueldos y beneficios a nuestros legisladores, muchos de los cuales son abogados penalistas? ¿También quieren privatizar la tarea legislativa?

Pablo Caram. El intendente blanco de Artigas es el caso más emblemático de nepotismo. Los ediles del Frente Amplio presentaron una denuncia penal contra la intendencia por el caso de la funcionaria que cobró más de 200 horas extras en noviembre de 2022 y 196 en diciembre. Debido a esto fue destituido Rodrigo Caram, secretario general de la intendencia, pareja de la funcionaria y primo del intendente. Aun así, Pablo Caram lo acomodó poniéndolo al frente de la Dirección de Desarrollo Productivo. La familia Caram gana fortunas gracias a los aportantes del feudo de Artigas.

Robert Silva. Con su firma logra que la ANEP contrate a la empresa Pimod, cuyo director comercial es Pablo Buela, correligionario de Silva.

Luis Lacalle Pou. En enero de 2020 el presidente designó a Aparicio Ponce de León como vocero presidencial y director de la secretaría de comunicaciones de Presidencia. La figura de “vocero presidencial” fue creada por este gobierno. En 2022 benefició a una tabacalera -que aportó dinero para su campaña- con dos decretos, uno que le permite acceder a beneficios tributarios (lo cual estaba negado por la política antitabaco de Tabaré Vázquez) y otro que terminó siendo tumbado por la Justicia.

A Ganar. Esta “fundación” blanca ha ganado varias “licitaciones” por más de 10 millones de dólares en varias intendencias blancas desde que Lacalle Pou es presidente. Casualmente, la subdirectora de esta organización es Verónica Martínez, hermana de Nicolás Martínez, secretario personal del presidente de la República. Casualmente, la fundación ha ganado una licitación de la Intendencia de Rocha donde el secretario general es Valentín Martínez, hermano de ambos.

Hay mucho más. No olvidamos la compra de 55 vehículos todo terreno por parte del Ministerio del Interior a la empresa Ayax, dirigida por un amigo de la infancia del presidente, el contrato del hotel de la familia de la nacionalista Verónica Alonso, las empresas cuasi fantasmas (caso de Kirma Services, contratada por el Ministerio de Turismo), las adjudicaciones a consorcios inexistentes (caso de la empresa brasileña Cleartech y la uruguaya Cietel para administrar la base de datos de telefonía móvil) o los encargos de auditorías para buscar algo con qué atacar a la administración anterior. Una de ellas fue encargada a Marcelo Caiafa, de la empresa Ecovis, quien se ha manifestado por Twitter “orgulloso de ser blanco”.

En estas manos está el país.

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