La transnacionalización del delito es obra de decisiones equivocadas tomadas por políticos que no solo protegen intereses sino que además se han involucrado en la trama delictiva. Porque alrededor del tema seguridad hay un mundo de actividades que generan mucho dinero y también pagan campañas.
Una breve historia
El ser humano ha consumido algún tipo de drogas desde sus orígenes, pero conocer los motivos no es objeto de esta nota. Hasta finales del siglo 19 el consumo era legal, incluso aconsejado por médicos de la época. La primera fórmula de la bebida cola más famosa del mundo incluía cocaína. Los problemas graves surgieron con la prohibición.
Los primeros laboratorios de heroína fueron descubiertos en Marsella en 1937 y pertenecían a un mafioso corso. Este sería el embrión de lo que luego se denominó “conexión francesa”. La materia prima provenía de Turquía, donde se producía opio para su venta a compañías químicas que fabricaban productos legales. Pero los campesinos vendían sus excedentes a los narcotraficantes, quienes transformaban la pasta de morfina en heroína y la transportaban a los Estados Unidos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la mafia corsa comenzó a colaborar con la recién creada CIA para impedir que los comunistas franceses controlasen el puerto de Marsella. Antes muchos mafiosos habían sido colaboradores de la Gestapo después de que Alemania invadió a Francia.
La conexión tuvo su momento de mayor éxito en los años 1960 y 1970, en los que fue responsable de la mayor parte de la heroína que consumían los estadounidenses.
El primer gran caso contra estas mafias surgió cuando se descubrió que Mauricio Rosal, embajador de Guatemala en los Países Bajos, traficó unos 200 kilos de heroína por semana desde Beirut hasta Marsella usando su condición diplomática.
A principios de los 70, Lucien Sarti, mafioso francés, viajó reiteradamente a Uruguay para abrir rutas al tráfico de drogas y blanquear dinero. Fue abatido en México por la Policía cuando lo encontraron traficando heroína hacia el norte.
EEUU presionó a Turquía para que redujera su producción de opio y la CIA acusó al empresario Jean Venturi, representante de la compañía de licores Pernod Ricard en Norteamérica, de ser un distribuidor de la "conexión francesa". No fue arrestado, pero sí obligado a abandonar definitivamente el país.
En 1972 Turquía prohibió la producción de opio. Y a partir de allí policías de varios países, no sin violencia, lograron liquidar a la conexión francesa. Pero justo así comenzó un problema más grave.
La producción masiva de opio se trasladó hacia Afganistán, entonces un país moderno y occidentalizado pero desconocido por las mayorías. Y los franceses se vincularon a delincuentes mexicanos que luego formaron cárteles.
Como todavía no producían ni cocaína ni marihuana, las drogas más consumidas en EEUU se asociaron a los colombianos que sí tenían la materia prima y ya fabricaban estupefacientes. Tarea que habían aprendido de un chileno que producía cocaína en el desierto de Atacama y había sobrevivido a un fusilamiento masivo por parte de militares pinochetistas cuando ubicaron su establecimiento.
Todo lo que ha sucedido luego tanto en Colombia como en México es historia reciente y más conocida.
Los cárteles en Uruguay
A solicitud de un juzgado federal de California, en febrero de 1989 fue detenido Raúl Vivas, un argentino que operaba el Cambio Italia en la avenida Gorlero frente al Casino Nogaró. También surgió a la luz pública la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar las montañas de dinero que produce la venta de drogas ilegales. Este sujeto había logrado legalizar unos mil millones de dólares para el Cártel de Medellín.
Del expediente sustanciado en el Juzgado de 4º Turno en lo penal de Maldonado se desprende que el Cambio Italia estaba estrechamente relacionado al Cambio Dyana cuya razón social era Ariadna S.A., y ambos se dedicaban al tráfico de oro, tarea dirigida por Vivas en Uruguay. Un ciudadano francés de apellido Ducó fue quien vinculó a ambos cambios con un tercero llamado Victoria, que tenía sucursal en Rivera.
Pero el dato más sorprendente fue que Ángel María Gianola, quien pocos años después fuera designado ministro del Interior por Luis Lacalle Herrera, era el presidente de Ariadna S.A. cuando el Banco Central del Uruguay ordenó su clausura por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero. Entre el personal ejecutivo del Cambio Dyana también figuraba el mayor de ejército (r) Alberto Casabó, quien fuera durante años director nacional de Turismo hasta que se creó el Ministerio, y para quien se armó una embajada uruguaya en Gabón. Vivas fue extraditado a EEUU pero ninguno de sus asociados uruguayos fue procesado porque no existía ley antilavado y el tráfico de metales preciosos era libre.
Vivas también estaba vinculado al asesinado empresario Luis Ernesto González, con quien tuvieron negocios comunes en el tráfico y venta de oro. El juez argentino Juan José Galeano reclamó investigar "varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas algunas situadas en Punta del Este y a una empresa constructora". El dinero circulaba por el Chase Manhattan y el Citibank.
Dos años después la Policía española descubrió que Ramón Humberto Puentes Patiño, contador del Cártel de Cali, vivía en el hotel Playa de Punta del Este donde fue detenido a solicitud del juez Baltasar Garzón. Portaba tres pasaportes a nombre de José Lezcano Patiño, panameño; José Lezcano Patiño, argentino; Raymond Puentes, cubano con pasaporte de EEUU. Entre 1982 y 1986 había introducido unos 10.000 kilos de cocaína a los EEUU. La droga provenía de bases ubicadas en Panamá e ingresaba vía Miami. Pero el origen de la misma era Colombia. Cuando en el año 1988 se descubrió un cargamento de 530 kilos de cocaína en Barcelona, España, Puentes decidió que Centroamérica había dejado de ser un lugar seguro para trabajar y trasladó sus operaciones al sur; más concretamente a un paraíso fiscal que comenzaba a ponerse de moda. Ese lugar era Uruguay.
Un cuaderno gordo de tapas duras encontrado al narcotraficante puso en evidencia al gobierno de Carlos Menem. Su cuñada y secretaria de Audiencias, Amira Yoma, estaba mencionada como trasladando un "cargamento" de dinero desde Nueva York en las legendarias valijas Samsonite color azul. La agenda dice exactamente: "Amira 720 (- 50)".
Como para que no quedaran dudas de que era la misma Amira, también aparece el nombre de su marido, Ibrahim Al Ibrahim, responsable de la Aduana de Ezeiza gracias a un decreto firmado por el entonces vicepresidente y exgobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. El marido de la cuñada presidencial era mucho más efectivo, ya que, según consigna esa agenda, trasladó 7.559.000 dólares. La "sociedad" tenía varias cuentas en el Banco de Santander en las que había depositado decenas de millones de dólares.
El expediente abierto en el Juzgado de 4º Turno consigna que “en varios viajes sucesivos Amira Yoma trasladó hacia Uruguay una cantidad de dinero imposible de cuantificar, escondida en puertas y carrocería de una camioneta Peugeot 505 break color gris”. Ese dinero fue depositado en las sucursales de los bancos Pan de Azúcar y Discount ubicados en la avenida Gorlero.
A principios del año 2000, investigando las actividades del Cártel de Juárez en Punta del Este, el inspector Roberto Rivero, entonces responsable de la Dirección General Antidrogas, descubrió que el periodista Danilo Arbilla había vendido una casa a testaferros de Amado Carrillo Fuentes. El periodista era vendedor de buena fe, no sabía a quién vendía. En cambio, su escribano, sí. Pero para intentar evitar un escándalo público, Arbilla entonces director de Búsqueda usó todo su poder y logró que el vicepresidente Luis Hierro López y el ministro del Interior Guillermo Stirling destituyeran a Rivero, que entonces ya había sido nombrado director nacional de Policía. Nunca más se investigó nada sobre el cártel y la Policía perdió a uno de sus mejores hombres.
Según dice el periodista argentino Andrés Oppenheimer en su libro “Ojos vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina”, el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, (a) “El Señor de los Cielos”, “contrató al estudio Posadas, Posadas y Vecino para representarlo en Uruguay”. En el año 2016 fue detenido en Montevideo Gonzalo González Valencia, líder del Cártel de Los Cuinis ligado al poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación. Vivía tranquilo en Punta del Este desde el 2011. Acá lavó una cifra desconocida mediante la compra de propiedades inmobiliarias con sociedades armadas en el estudio Mossack-Fonseca de Panamá. Fue extraditado en el 2020.
En el 2017 cayó Rocco Morabito, el mafioso más buscado por Italia, prófugo de la Justicia de su país desde octubre de 1994, después de que la Policía lo descubriera pagando 8 millones de dólares para importar casi una tonelada de cocaína. Vivió un par de años en Brasil y en el 2002 se estableció en Punta del Este usando documentos de identidad brasileños falsos con el nombre de Francisco Capeletto, aunque tenía otros documentos falsos. Aquí compró campos en ruta 12 sobre Laguna del Sauce y se dedicó al negocio de la soja. Sin embargo, no tenía casa, sino que vivía en una alquilada. Dos años después de su captura, logró fugarse de la Cárcel Central. En el 2021 fue arrestado en Brasil y poco después fue extraditado a su país de origen.
En sus estadías en Brasil y Uruguay, Morabito forjó lazos estrechos entre la Ndrangheta, mafia calabresa, y el Primer Comando de la Capital, mafia brasileña. En la cárcel uruguaya también forjó lazos con González Valencia y los carteles mexicanos. Y a los dos, en la misma cárcel, los conoció Sebastián Marset.
Un relato falso de legisladores de la Coalición
“El narco se instaló en Uruguay en los últimos 15 años”, gritan a voz en cuello legisladores y exlegisladores desinformados o malintencionados. Pero su argumentación no resiste el mínimo análisis porque desde fines de los 80 ya operaba en Maldonado Omar Clavijo y en Carmelo “Lillo” Martínez. Del primero la Policía sospechó que había asesinado a un hombre que fuera entrenador de la selección de fútbol de Maldonado, pero nunca lo pudieron probar. En cambio, el segundo fue quien ordenó el asesinato y posterior descuartizamiento de un empresario gastronómico puntaesteño. Ambos fueron abatidos a balazos. Clavijo en Pedro Juan Caballero, y Martínez en Carmelo, su ciudad natal. Ambos tuvieron excelentes relaciones con autoridades políticas blancas de la época.
Párrafos antes de esta misma nota ya contamos sobre la presencia de cárteles colombianos y mexicanos en Punta del Este. El 29 de noviembre de 1997 un ciudadano norteamericano, su esposa y el propietario de la residencia que habitaban en Porto Alegre ciudad del estado brasileño Río Grande del Sur sufrieron gravísimas quemaduras al explotar el laboratorio clandestino en el que fabricaban "crack"; cuarenta días después escaparon del CTI donde estaban internados. John Michael White (46) estadounidense y su esposa, Sonia Helena Soares Mello White (44), brasileña, eran los fabricantes de la droga.
En Punta del Este el matrimonio había lavado unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias, pero tenían planes para “invertir” otros 8 millones. En el “laboratorio” ubicado en el barrio Cristo Rei, de la ciudad de Porto Alegre, la Policía incautó 6.800 piedras de crack.
En 1992 se descubrió que el empresario brasileño PC Farias, el hombre que recolectaba las coimas para el entonces presidente Fernando Collor de Mello, era el principal inversor de la empresa propietaria y desarrolladora del Hotel Conrad.
El Círculo Húngaro
En 1993, más precisamente a fines de agosto, fue asesinado el empresario uruguayo Luis Ernesto González. Y a pesar de que hay procesados y remitidos a prisión, todo lo que rodeó su vida y su asesinato permanece en la nebulosa.
Luis Ernesto González era un importante hombre de negocios uruguayo. Propietario de varios free shops en el Chuy y en Rivera, también tenía una vida oculta menos honorable pero mucho más redituable. Una sola de sus agendas revelaba una increíble red de contactos con algunos de los más importantes dirigentes políticos de la época. Y también estaban los teléfonos, datos y misteriosas cifras de tres personajes que fueron decisivos en su vida: Roberto Blankleder, Alfredo Yabrán y Rúben Ormart.
El contador Blankleder fue procesado dos veces y remitido a prisión acusado por “lavado de dinero” y estafa por su vinculación al tráfico de armas desde Argentina hacia Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Menem. Según fuentes de Inteligencia argentina, a las que en su momento accedió el diario La República, corroboradas con informaciones en poder de la Justicia de ese país, González, Blankleder, Yabrán y Ormart eran alguno seguirá siendo prominentes figuras de una organización mafiosa internacional conocida como el “Círculo Húngaro”.
Pero no era una mafia cualquiera. Según una nota publicada en el diario “Tiempos del Mundo” en octubre de 1998, que cita a Interpol como fuente, las actividades del “Círculo” eran investigadas por la Policía internacional por hallarse involucradas tráfico de armas, de drogas, de oro, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Interpol, según el periódico, había logrado determinar que “mantenían una relación muy fluída con estudios contables y una red de cambistas de Montevideo”. El Círculo Húngaro cambiaba armas por diamantes y oro. El “empresario” González estuvo involucrado en una estafa millonaria contra UTE y no son pocos los que consideran que el dramático incendio ocurrido en el Palacio de la Luz tiene algún grado de vinculación con sus actividades mafiosas.
El más famoso cuchillero
En una entrevista publicada por la revista Noticias de Argentina el 31 de mayo de 1999, Abel Reynoso, jefe regional de la DEA con sede en Buenos Aires, dijo que “investigaba una red que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay y Brasil”.
Reynoso explicó detalladamente cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que expuso fueron los de “Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menen y Luis Alberto Lacalle”.
El agente especial explicó que “en esa investigación participaron el FBI y la US Securities Exchange Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el expresidente y entonces nuevamente candidato presidencial, Luis Lacalle Herrera”, en obvia referencia al Estudio De Posadas.
“Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillos por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”, dijo luego Ignacio De Posadas. El exministro de Economía afirmó que la plaza financiera uruguaya “no da para lavar dinero”, por lo que consideró que son “macanas” las acusaciones realizadas por la diputada argentina Elisa Carrió. Aunque Carrió lo que hacía entonces era recoger lo que documentó una investigación del Senado de los EEUU sobre lavado de dinero en América Latina y especialmente sobre el Citibank. El conocido como “Informe Carrió” recogía toda esa documentación más toda la información obtenida por la Comisión parlamentaria argentina. Y allí había datos concretos. Por ejemplo, un subcapítulo vincula a De Posadas con Gaith Pharaon (definido por el FBI en los años 90 como el mayor lavador de dinero del mundo) y con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, también vinculado a Carlos Menem. "El acta de constitución de FUNDS S.A. (empresa propiedad de Al Kassar) fue suscripta por los mencionados Francisco Obes Secco y Tomás Guerrero Costa, Ignacio De Posadas Montero (casado con María Magdalena Secco De Souza), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21, Montevideo”.
El documento agrega que “Tomás Guerrero Costa suscribió también el acta de constitución de Quantum Trade S.A., nuevamente con domicilio en Juncal 1305, piso 21, Montevideo. Los abogados de Merrill Lynch Group, Tomás Guerrero Costa y Juan C. Oreggia Carrau, pertenecían al estudio que corre con la denominación ‘Posadas, Posadas & Vecino’, ubicado en la calle Juncal 1305, piso 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la empresa ‘Comeral S.A.’, una empresa de servicios del grupo Pharaon, cuyo único accionista (100 %) era la empresa Concorde International (grupo Pharaon); siendo director de Comeral S.A. una persona llamada Antonio C. L. de Souza Bandeira (no identificado hasta el momento)".
En mayo de 1994 la jueza federal argentina María Servini de Cubría, acompañada por la fiscal Alejandra Perroud, junto a jerarquías del Banco Central de ese país y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, allanaron la sucursal uruguaya de Merrill Lynch buscando documentación sobre Gaith Pharaon, quien estaba prófugo acusado por lavado de dinero. El allanamiento se hizo con anuencia de la Justicia uruguaya.
A la hora y media de estar allanando las oficinas, y cuando habían obtenido muchísima documentación demostrativa de que las empresas de Pharaon eran manejadas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, abogados de este estudio interrumpieron el allanamiento aduciendo el secreto bancario, aunque Merrill Lynch no era todavía una institución financiera. Una semana después, el Gobierno que De Posadas integraba la declaró Casa Bancaria.
Vale recordar que De Posadas fue director de Merrill Lynch entre 1980 y 1989. La relación del estudio con la política brasileña viene de finales de la década del 80, “cuando el empresario Alcides dos Santos Diniz utilizó los servicios del ‘señor Ignacio’ para colocar 5 millones de dólares en la campaña electoral de Fernando Collor de Mello a través de una SAFI (Sociedad Anónima Financiera de Inversión). La secretaria de Diniz, Sandra Fernandes de Oliveira, confesó y presentó documentación en la comisión investigadora parlamentaria de Brasil que confirmó el pago de honorarios a De Posadas”, escribió el periodista Gabriel Tenenbaum en Brecha.
Por su parte, el periodista Fabián Werner escribió en Sudestada que “el estudio Posadas, Posadas & Vecino recibió al menos 264 mil dólares del exdiputado brasileño Eduardo Cunha, preso por haber cobrado 1,5 millones de dólares de coima debido a su participación decisiva en la ruinosa compra de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benin”.
Según el Ministerio Público y Fiscal de Brasil, el dinero que engordaba la cuenta de Orion SP provenía de "valores desviados de Petrobras". Por lo tanto, los 264 mil dólares pagados por Cunha al bufete provinieron del dinero sucio extraído de la empresa petrolera a fin de pagar los servicios de asesoría para blanquear los sobornos.
El origen del dinero fue la cuenta Orion SP #481602 que Cunha manejaba en el banco Merrill Lynch y que había sido abierta por De Posadas. El dinero se transfirió a la cuenta No. 060-439429-001 en el banco HSBC de Nueva York. La coima de 1,5 millones de dólares fue recibida en varias entregas, a través de distintas empresas en diferentes cuentas bancarias. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta en Ginebra, en la sucursal del banco Merrill Lynch (que luego cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton Investments PTE Ltd., con sede en Singapur.
Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga del estudio de abogados uruguayo Posadas, Posadas & Vecino, sostuvo Werner.
Sudestada informó además que “otra vez el estudio jurídico y contable que lleva el nombre del exministro de Economía aparece señalado en una causa judicial en el exterior como el articulador de maniobras de lavado de dinero. En este caso, fue uno de los principales exdirectivos de la empresa Petróleos Brasileiros SA (Petrobras) el que se valió de sus servicios para ocultar el rastro del dinero”.
En el curso de la investigación, la Policía Federal brasileña definió al estudio Posadas, Posadas & Vecino como “responsable de la administración de las empresas extranjeras” de un escritorio de Río de Janeiro denominado “JRF Consultoria Empresarial Ltda.”. Este bufete, según los investigadores, se dedica “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.
Junto a Agustín Urtubey y Rosario Medero, Ignacio De Posadas participó activamente en la venta de Banco Comercial a los hermanos Rohm durante el gobierno de Lacalle Herrera.
El Estudio De Posadas fue contratado por el gobierno de José Mujica para elaborar la estructura jurídica de Gas Sayago la empresa que operaría la regasificadora y a la vez encargarse de la auditoría sobre las empresas extranjeras que se presentarían a la licitación. Así llegó la empresa brasilera OAS, que luego debió abandonar el proyecto al quedar involucrada en el esquema de pago de coimas denominado “Lava Jato”.
Ignacio De Posadas se retiró del estudio que lleva su nombre, pero la “fábrica de cuchillos” siguió adelante.
NUEVAS PALABRAS, NUEVOS ALINEAMIENTOS
LUBETKIN LLAMA “NARCOTERRORISMO” AL VIEJO NARCOTRÁFICO
Aunque a veces nos parece sobreestimado, el crecimiento del delito y del crimen organizado aparece como el principal motivo de preocupación en toda la sociedad y se ve reflejado en todas las investigaciones sobre la opinión pública en nuestro país y a lo largo y lo ancho del continente americano.
El combate a este flagelo es además uno de los principales desafíos de los factores políticos en el hemisferio occidental, y aunque las realidades varían entre países, existen varias estrategias que se están implementando y debatiendo para enfrentar este problema.
Tal vez sería demasiado simplificado decir que hay una mirada de izquierda y otra de derecha para abordar esta amenaza y las mismas tienen su expresión en las acciones que se adoptan para combatir las formas que ha adoptado el delito. La actitud más primaria que se adopta para combatir la delincuencia organizada es el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el aumento de efectivos policiales, el mejoramiento de la capacitación, la incorporación de tecnología de vigilancia e inteligencia y la coordinación entre policías, fiscales y jueces.
Esta problemática ha dado lugar a cierto grado de cooperación internacional dando por cierto que muchas organizaciones criminales operan en varios países. En virtud de esta cooperación, los gobiernos intercambian información, realizan operativos conjuntos y colaboran en la extradición de delincuentes.
Más recientemente, esta cooperación ha permitido el rastreo y la persecución de las finanzas del crimen organizado procurando identificar y confiscar bienes obtenidos ilícitamente, combatir el lavado de dinero y controlar los flujos financieros ilegales.
Viendo que las mencionadas acciones no obtienen los resultados esperados, las legislaciones han aumentado las penas, aflojado los requisitos para tipificar los delitos, abreviado los tiempos judiciales en perjuicio de los derechos del acusado y fortaleciendo la independencia de fiscales y jueces de manera de aumentar las condenas. Simultáneamente, se fortalece el control de fronteras y puertos, y se incrementan los controles sobre el tráfico de drogas, armas, personas y mercancías ilícitas mediante tecnología y cooperación regional.
Aquellas miradas que resisten esta orientación fuertemente punitiva, así como numerosos gobiernos y organizaciones, promueven programas dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con mejoras en educación, empleo, deporte y desarrollo comunitario para reducir el reclutamiento por parte de grupos criminales y procuran legislaciones que refuercen las medidas alternativas a la prisión, refuercen la rehabilitación de los excarcelados y les faciliten la incorporación laboral para disminuir la reincidencia.
Estas orientaciones, la que podríamos llamar conservadora y la otra progresista, tienen una contracara política. Unos proponen mano dura, y otros ponen el acento en la prevención. Algunos sostienen que se necesitan penas más severas, mayor presencia policial y un uso más intenso de la fuerza. Otros argumentan que estas medidas, por sí solas, no resuelven las causas profundas del delito y deben complementarse con políticas sociales.
En algunos países se ha recurrido a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado. Sus defensores consideran que aportan capacidad operativa frente a organizaciones fuertemente armadas; sus críticos advierten sobre riesgos para los derechos humanos y cuestionan su eficacia a largo plazo.
En lo que se refiere a las políticas con referencia a las drogas existe también un debate sobre si mantener estrategias centradas en la prohibición y la represión o avanzar hacia enfoques que incluyan regulación de algunos mercados, reducción de daños y tratamiento del consumo como un problema de salud pública. Se discute, además, cómo evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación del crimen organizado, mediante una mejor infraestructura y gestión penitenciaria, rehabilitación de los internos y control efectivo de las comunicaciones y las finanzas.
Algunos analistas promueven como una alternativa, o más bien una opción complementaria, el uso de la tecnología y particularmente la inteligencia artificial, el análisis de datos, el reconocimiento de patrones y otras herramientas tecnológicas, en la medida que ofrecen nuevas capacidades para prevenir e investigar delitos, pero también generan debates sobre privacidad, protección de datos y supervisión.
En términos generales, existe un amplio consenso entre especialistas y organismos internacionales en que el crimen organizado requiere una respuesta integral. Esto implica combinar una aplicación efectiva de la ley con instituciones judiciales sólidas, cooperación internacional, combate a la corrupción, control de las finanzas ilícitas y políticas sociales orientadas a reducir los factores que favorecen la violencia y la incorporación de personas a organizaciones criminales.
Ninguna de estas medidas, aplicada de forma aislada, ha demostrado ser suficiente para resolver un problema que tiene dimensiones económicas, sociales, políticas y transnacionales.
¿Se considera que estas políticas han sido ineficaces o el crimen organizado ha sido lo suficientemente activo e ingenioso como para seguir avanzando? En general, más allá de que se han aplicado conjunta o alternativamente todas las medidas, acciones u opciones descritas anteriormente, no puede afirmarse que las políticas aplicadas en el continente hayan logrado contener de manera definitiva al crimen organizado. En muchos lugares se han obtenido éxitos importantes contra determinados grupos o mercados ilícitos, pero las organizaciones criminales han demostrado una gran capacidad para adaptarse.
Aquellos que encuentran mérito en las políticas que aplican o dicen aplicar con mayor o menor despliegue o intensidad recurren a algunos presuntos éxitos para justificarlas. Estos éxitos que se anotan son la captura o abatimiento de líderes de organizaciones criminales, el decomiso de grandes cantidades de drogas, armas y dinero. El desmantelamiento de redes específicas de trata de personas, contrabando o lavado de dinero. Estos presuntos éxitos suelen ocupar los titulares de la prensa con el propósito de hacer propaganda de las acciones acometidas por las fuerzas represivas.
Hay cierto consenso alentado por países o potencias dominantes de que una mayor cooperación entre países, que ha permitido investigaciones y operativos conjuntos, obtiene éxitos más trascendentes. Sin embargo, estos éxitos suelen ser relativamente efímeros por cuanto los jefes detenidos con frecuencia son rápidamente sustituidos o eventualmente los grupos se fragmentan en organizaciones más pequeñas y difíciles de combatir.
Muchas organizaciones ya no dependen solo del narcotráfico; también participan en minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, ciberdelitos y lavado de activos. Aprovechan fronteras extensas, debilidades institucionales y diferencias entre las legislaciones nacionales para trasladar sus operaciones. Se infiltran en instituciones públicas y privadas, lo que constituye uno de los principales factores que dificultan una respuesta efectiva. Es sabido que el dinero proveniente del delito se ha lavado, entre otros, en organizaciones religiosas, compra de vehículos de alta gama, construcción de viviendas lujosas e instituciones deportivas. Emplean comunicaciones cifradas, criptomonedas, drones y plataformas digitales para coordinar actividades y ocultar recursos.
Muchos especialistas consideran que el crimen organizado funciona como una red empresarial ilícita: si una ruta se bloquea, busca otra; si un mercado deja de ser rentable, desarrolla uno nuevo; si aumenta la presión en un país, desplaza parte de sus operaciones a otro. Esa capacidad de adaptación explica por qué, pese a numerosos golpes policiales y judiciales, el fenómeno persiste. También existe un debate sobre cómo medir el éxito. Por ejemplo:
Una disminución de los homicidios puede indicar una mejora en la seguridad, pero no necesariamente que el crimen organizado haya desaparecido.
Un aumento de las incautaciones puede reflejar una mayor eficacia policial, aunque también podría indicar que el volumen del tráfico ilícito sigue siendo elevado.
La desarticulación de una organización puede generar disputas entre grupos rivales y producir un aumento temporal de la violencia.
Por ello, un número creciente de expertos sostiene que la evaluación no debe basarse únicamente en detenciones o decomisos, sino también en indicadores como la reducción sostenida de la violencia, el debilitamiento financiero de las organizaciones, la disminución de la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones y la recuperación del control estatal sobre los territorios afectados.
En síntesis, la experiencia en América muestra que el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación, lo que ha limitado el impacto de muchas políticas tradicionales.
Al mismo tiempo, también existen casos en los que estrategias integrales y sostenidas han producido mejoras significativas sobre todo en acciones locales o regionales. La conclusión más extendida es que no existe una solución única: la eficacia depende de la combinación de seguridad, justicia, cooperación internacional, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional mantenidos en el tiempo.
Recientemente, el presidente de los Estados Unidos ha convocado a algunos presidentes de América Latina, con los cuales mantiene una relación personal, ideológica y geopolítica privilegiada, a constituir una iniciativa que se denominó Escudo de las Américas, que procura constituirse en una organización supranacional contra el “narcoterrorismo” bajo la órbita de su gobierno. México, Colombia, Brasil y Uruguay fueron excluidos de la mencionada convocatoria, al parecer porque sus gobiernos no caerían en los que constituyen el círculo de confianza de Donald Trump.
En el caso de Colombia, el resultado de las elecciones que encumbró a De la Espriella supondría una nueva incorporación al Escuadrón de las Américas, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha declarado que, de ser invitado, participaría con gusto del evento.
Brasil y México no son dos países más: son las dos mayores economías de América Latina, concentran una parte muy importante de la población, poseen extensas fronteras y son actores centrales en cualquier estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, México es un país clave por ser el principal corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y Brasil es un gran mercado de consumo y una importante ruta de tránsito hacia Europa y África. Por eso, desde una perspectiva estrictamente operativa, es difícil imaginar una estrategia hemisférica completa sin la participación de ambos países y se explica desde tres perspectivas.
Una perspectiva política. La composición inicial del Escudo de las Américas mostró una clara afinidad entre gobiernos cercanos a la Administración Trump. México, Brasil y también Colombia quedaron fuera de la convocatoria inicial, lo que llevó a varios analistas a interpretar que la afinidad política influyó en la selección de participantes.
Una mirada estratégica. Estados Unidos podría haber optado por comenzar con un grupo reducido de países dispuestos a adoptar rápidamente un determinado enfoque de seguridad, dejando abierta una eventual ampliación posterior.
Otra diplomática. México y Brasil tienen tradiciones de política exterior que privilegian la autonomía y son cautelosos respecto de mecanismos que puedan percibirse como una subordinación a una estrategia liderada por otra potencia.
En el caso de México, además, existe una particularidad. Aunque no participó en la iniciativa, mantiene una cooperación bilateral muy intensa con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia, control fronterizo y combate al narcotráfico. El gobierno mexicano sostuvo que esa cooperación continúa por otros canales y relativizó la importancia de no haber asistido a la cumbre.
En cuanto a Brasil, su política exterior históricamente ha buscado preservar un margen de autonomía y proyectarse como una potencia regional con capacidad de diálogo con distintos actores internacionales. Esa tradición hace menos probable su incorporación a una alianza percibida como alineada con una administración estadounidense específica.
Desde un punto de vista geopolítico, la ausencia de Brasil y México alimenta dos interpretaciones contrapuestas: que el Escudo de las Américas es una coalición de voluntarios, que podrá ampliarse con el tiempo conforme aumente la cooperación, o que la iniciativa refleja una alianza político-estratégica entre gobiernos ideológicamente afines, más que un sistema hemisférico verdaderamente inclusivo. Esa interpretación se vio reforzada porque las ausencias más notorias fueron precisamente las de México, Brasil .
¿Puede construirse una arquitectura de seguridad continental sin la participación activa de los dos países que concentran buena parte del problema del narcotráfico y del crimen organizado?
Muchos especialistas consideran que será difícil. Incluso quienes apoyan el Escudo de las Américas suelen reconocer que, para alcanzar resultados sostenibles, tarde o temprano será necesario algún nivel de cooperación con México y Brasil, cualquiera sea la orientación política de sus gobiernos.
Recientemente, el ultraderechista presidente de Chile Kast ha convocado en Santiago de Chile a Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay para constituir una coordinación regional contra el narcotráfico, el crimen organizado y el narcoterrorismo.
Uruguay parece dispuesto a adherir a ambas, o al menos a la iniciativa de Kast, y por primera vez autoridades uruguayas hablan de “narcoterrorismo”.
La situación de Uruguay es interesante porque, si efectivamente el Gobierno uruguayo avanza hacia una adhesión o una coordinación más estrecha con iniciativas como la promovida por José Antonio Kast o el denominado Escudo de las Américas, implicaría un cambio relevante en el lenguaje y en el enfoque tradicional de la política de seguridad del país.
Hasta hace poco, en Uruguay el debate público se concentraba principalmente en términos como narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y violencia asociada al delito. La utilización del concepto "narcoterrorismo" representa un cambio de marco interpretativo porque coloca al fenómeno dentro de una lógica de amenaza a la seguridad nacional, no solamente como un problema policial o judicial. Ese cambio puede analizarse como un cambio en la percepción de la amenaza o como un alineamiento regional más cercano a la visión de seguridad de otros gobiernos, particularmente a la de los Estados Unidos.
En ese sentido, las declaraciones del ministro de Economía Gabriel Oddone sobre las “presiones inostenibles” que el Gobierno recibiría del Gobierno de Estados Unidos, la negativa a calificar como un genocidio la masacre israelí en Gaza, la visita del presidente Orsi a un portaaviones norteamericano en el puerto de Montevideo, la adhesión inmediata de Orsi a la propuesta de Kast y la austera ayuda solidaria a Cuba, bloqueada por la Armada de EEUU, podrían abonar este nuevo alineamiento.
Uruguay históricamente se consideró un país con niveles de violencia relativamente bajos en comparación regional. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por el uso del territorio uruguayo como punto logístico para redes internacionales de narcotráfico, el crecimiento de disputas entre organizaciones criminales, el aumento de los homicidios relacionados con disputas entre bandas y el uso de puertos y rutas comerciales para operaciones ilícitas. Desde esta perspectiva, algunos sectores de la derecha opositora e incluso desde el propio Gobierno sostienen que el país enfrenta un fenómeno cualitativamente distinto al delito tradicional.
Si Uruguay adopta una terminología como "narcoterrorismo" y participa en mecanismos hemisféricos de seguridad, podría acercarse a una visión compartida por algunos gobiernos de la región que consideran que los grandes grupos criminales funcionan como actores con capacidad de desafiar al Estado.
Esto no necesariamente significa una alianza política completa con Estados Unidos o con gobiernos de una determinada orientación ideológica, pero sí puede indicar una mayor coincidencia con un enfoque que prioriza la inteligencia regional, la cooperación militar o policial, el intercambio de información y la persecución financiera de organizaciones criminales.
Aquí aparece una tensión interesante. Uruguay históricamente ha defendido el multilateralismo, el derecho internacional, la autonomía diplomática, la cooperación regional. Por eso, una participación en iniciativas de seguridad hemisférica puede generar debate interno: algunos la verán como una respuesta necesaria frente a una amenaza creciente, mientras otros podrían advertir sobre el riesgo de importar una agenda de seguridad diseñada desde una perspectiva externa.
Hay una notable diferencia entre la denominación de "crimen organizado" y "narcoterrorismo"
El uso de esta última palabra también plantea una cuestión jurídica y política. Para algunos, describir a ciertos grupos como narcoterroristas ayuda a dimensionar la amenaza y facilita herramientas de cooperación e incluso de intervención internacional que eventualmente afecta la soberanía de los países.
Esto se ha puesto en evidencia con el bombardeo y hundimiento de lanchas en el mar Caribe por navíos y aviación norteamericana, el bloqueo a Cuba, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela y en la captura y extradición de presuntos jefes narcos en México y Bolivia, así como la calificación de narcoterrorista al Comando Capital de Brasil y el Tren de Aragua en Venezuela por parte de la Justicia de Estados Unidos, lo que eventualmente permitiría acciones militares de Estados Unidos sobre territorios de otros países.
Para otros, puede llevar a una sobrerreacción, porque no todo grupo dedicado al narcotráfico tiene necesariamente objetivos políticos o busca desafiar al Estado como lo hacen organizaciones terroristas clásicas.
En el caso uruguayo, el punto central del debate probablemente será si el término describe una transformación real de las organizaciones criminales que operan en el país o si implica adoptar un marco conceptual proveniente de otras realidades regionales. En ese sentido, la participación de militares en la lucha contra la delincuencia o el propio uso de recursos militares con este fin ha motivado una polémica que va más allá del episodio en sí, sino en la elección de la vía represiva o otros caminos para el combate del delito.
En síntesis: el eventual acercamiento de Uruguay a estas iniciativas marcaría una evolución importante en su política de seguridad, porque supone pasar de una visión predominantemente policial del narcotráfico hacia una visión de seguridad estratégica.
La discusión de fondo será si ese cambio permite anticipar mejor las amenazas o si puede conducir a respuestas más amplias que requieran controles institucionales adicionales.
¿Las características del delito en Uruguay han cambiado cualitativamente, o la incorporación del término narcoterrorismo parece ser solo una imitación del lenguaje que se promueve políticamente? La pregunta toca un punto central del debate uruguayo actual: si el cambio de lenguaje ("narcoterrorismo") responde a una transformación real del fenómeno criminal o si es principalmente una adopción de un marco político y geopolítico externo. La respuesta más equilibrada es que hay elementos de ambas cosas, pero no necesariamente en la misma proporción.
¿Ha cambiado cualitativamente el delito organizado en Uruguay?
Sí, hay cambios importantes respecto de décadas anteriores. Uruguay pasó de ser visto principalmente como un país de tránsito o de bajo impacto del narcotráfico a ser considerado un territorio con funciones más relevantes dentro de redes internacionales.
Algunos cambios observables son:
- Mayor inserción en redes internacionales de narcotráfico. Uruguay ha adquirido importancia logística por su estabilidad institucional, su infraestructura portuaria y su posición geográfica. El puerto de Montevideo ha sido mencionado en investigaciones internacionales vinculadas al envío de cocaína hacia Europa.
- Mayor presencia de organizaciones criminales con conexiones transnacionales. Algunas estructuras locales dejaron de ser simples grupos dedicados a la venta minorista y pasaron a integrarse con redes locales.
