El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, renunció en mayo, tras descubrirse que se había atendido en el Hospital Policial. Eso fue lo que se hizo público; sin embargo, el verdadero motivo fue que tanto él como el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, fueron denunciados por actos de “discriminación por orientación sexual y acoso laboral”. Paralelamente, se viralizó un patético video del jerarca en el cual invitaba a una mujer a un encuentro sexual, estando él desnudo en la ducha.
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Lo cierto fue que a Santiago González se le venía la noche y renunciar por algo menor, como lo relativo a la atención en el Hospital Policial, le permitía irse de manera menos indigna.
En junio, y cuando el Senado se aprestaba a votar su desafuero, el senador Gustavo Penadés también renunció a su banca y al Partido Nacional, tras las múltiples denuncias en su contra, también por delitos de carácter sexual.
Emilio Daniel del Pino Llanes, alias "Toto", de 31 años, era director de la Oficina de la Juventud del municipio de Paso de los Toros en Tacuarembó. A fines de agosto, y tras la operación “Hospedaje”, terminó procesado, ya que la Brigada Departamental Antidrogas y la Fiscalía lograron demostrar que estaba vinculado a dos puntos de venta de drogas en una pensión. Este narcotraficante figuró en el segundo lugar de la lista 1550 del Partido Nacional, la cual apoyaba a Wilson Ezquerra, quien ganó la Intendencia de Tacuarembó.
En setiembre renunció el asesor del ministro del Interior Luis Alberto Heber, Andrés Capretti, tras ser denunciado por acoso sexual y laboral. Caras y Caretas publicó un informe con fotografías de chats enviados por Capretti que demostraban el delito.
La exvicecanciller, Carolina Ache, acusó la semana pasada al ministro de Relaciones Exteriores, expresando públicamente: “La negativa de Francisco Bustillo, en marzo de 2021, a abrir una investigación por denuncias (de acoso) por parte de 70 mujeres diplomáticas representó una relación diplomáticamente hostil”.
La coalición multicolor ha demostrado recurrentemente que tiene un verdadero problema con estos temas.
También en setiembre cayó el nacionalista Carlos Albisu, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande después de que el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente decidieran interpelar a los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) en la Cámara de Diputados por una treintena de designaciones directas que recayeron en militantes del Partido Nacional y algunos pocos del Partido Colorado.
Con la anuencia de Lacalle Pou, Carlos Albisu usó la CTMSG como botín electoral para beneficiar a sus partidarios, burlándose de concursos y sorteos. Para colmo, su sucesor es Martín Burutarán Panissa, su socio en la empresa Vesta Asociados S.R.L., (inmobiliaria, agencia de seguros y estudio jurídico contable), y uno de los treinta correligionarios acomodados a dedo, el cual aseguró que seguiría en la misma línea de gestión de su predecesor. Burutarán, contador público graduado de la Universidad Católica del Uruguay, fue elegido edil de la Junta Departamental de Salto para el período 2020-2025 por la Lista 404 del sector Aire Fresco, del Partido Nacional, la misma lista de Albisu. La empresa que ambos integran es deudora de la DGI y el BPS.
La renuncia de Albisu fue solo para tapar el ojo, porque todos los acomodados por él continúan en sus cargos, con el visto bueno del presidente de la República.
La Cámara de Diputados investiga 54 subas de categoría de funcionarios a los que se les hizo un contrato nuevo, además de las 32 designaciones directas.
Los últimos manotazos de ahogado de Heber
Su coeficiente intelectual es muy modesto. No tiene una gran capacidad de expresión, carece de carisma y es un pésimo actor. Sin embargo, domina los hilos del poder de manera magistral y nadie como él conoce a los Lacalle. Quizá en esto último radique su poder.
Luis Alberto Heber Fontana, nacido en Montevideo el 22 de diciembre de 1957, pertenece a las familias patricias del Partido Nacional. En la antigua Roma, el patriciado era un sector muy acaudalado e importante de la sociedad. Los patricios eran considerados descendientes directos de los primeros fundadores de la ciudad de Roma.
Luis Alberto es hijo del herrerista Mario Heber Usher (1921-1980) y de María Cecilia Fontana Etchepare, quien murió envenenada en setiembre de 1978. Su tío tatarabuelo fue el terrateniente Juan D. Jackson (1833-1892); su tío bisabuelo Alejandro Gallinal (1872-1943) fue diputado por Soriano y su tío abuelo, Alberto Gallinal Heber (1909-1994), intendente de Florida. Su tío Alberto Heber Usher fue el último presidente del segundo colegiado blanco en el período 1966-1967.
En 1977 inició su carrera política en la Juventud Herrerista y en 1985 se convirtió en diputado nacional por el Departamento de Rivera con solo 26 años. A partir de ahí, toda su vida sería un político profesional. Fue reelecto diputado en 1989 y electo senador en 1994, siendo reelecto y ocupando la banca hasta el año 2020. Fue presidente del directorio del Partido Nacional de 2011 a 2018, ministro de Transporte y Obras Públicas entre 2020 y 2021 y pasó a ser ministro del Interior desde el 25 de mayo de 2021, tras la muerte de Jorge Larrañaga, ocurrida el día anterior.
Desde que asumió Lacalle Pou, los blancos han hecho lo imposible para engañar a la gente, intentando mostrar como exitosa su gestión en seguridad; pero la realidad es que ha sido nefasta. La primera artimaña fue duplicar de un plumazo la calificación de muertes como dudosas para que descendieran las cifras de homicidios. En 2019, las muertes así calificadas fueron 105; en 2022, milagrosamente, pasaron a ser 200.
A la vez, se constataron maniobras para desestimular las denuncias de delitos; todo ello sumado a que las cifras oficiales no coincidían con las de Fiscalía y la prensa. Con Larrañaga y Heber se multiplicaron los casos de abusos policiales, mientras que en las cárceles aumentó el hacinamiento y alcanzamos el récord histórico de homicidios y suicidios.
Heber, el canciller Francisco Bustillo y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, están siendo indagados judicialmente por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, a la vez que el primero tiene mucho por aclarar todavía con respecto a la entrega de los servicios portuarios a Katoen Natie, cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas.
Pese a todo, el presidente lo mantiene en su cargo pagando por ello un altísimo costo político. ¿Por qué?, ¿cuál es el poder de Heber dentro del Partido Nacional?
En marzo renunciará a la cartera para dedicarse a la campaña política; pero ya se puso en marcha un plan para justificar su fracaso como ministro del Interior. Ese plan tiene dos claves: el proyecto para aumentar la pena para el homicidio simple y el proyecto para habilitar los allanamientos nocturnos. De naufragar ambas iniciativas, podrá decir que su gestión no pudo ser mejor debido a la falta de apoyo legislativo. Parece que la LUC, pese a avalar múltiples abusos, no resultó suficiente.
Para lo segundo hay dos vías: modificar la Constitución o aprobar una ley interpretativa indicando que cuando un domicilio está destinado a vender drogas no es un hogar. El allanamiento nocturno fue uno de los pilares de la campaña “Vivir sin miedo”, proyecto rechazado en las urnas por la ciudadanía en 2019. Pese a tal rechazo, los blancos insisten en su aprobación.
Con la tecnología actual (drones, cámaras y escuchas telefónicas) se hace innecesario modificar la Constitución para combatir con éxito a las bocas de venta de droga. Si bien es cierto que suelen operar de noche, también lo es que, si realmente hay voluntad, se pueden lograr los mismos resultados con o sin allanamiento nocturno. Por otra parte, considerando que muchos policías están totalmente descontrolados y se han multiplicado los casos de abuso con este gobierno, esta medida representaría un enorme peligro. No se trata de defender a los narcos. Ya se dio el caso de un allanamiento en Soriano realizado en una casa equivocada. Los policías entraron destrozando la puerta, aterrorizando a la familia y obligando a dos chicas a salir de la cama en ropa interior, en medio de la humillación y el pánico.
No queremos ese Uruguay. No queremos, por ejemplo, al jefe de Policía de Maldonado, Herode Ruiz, liderando un procedimiento.
Es hipócrita simular que se quiere combatir al narcotráfico mientras con la LUC hicieron más fácil la tarea de lavar dinero y, muy particularmente los blancos, se han negado desde 2017 a votar el proyecto del Frente Amplio sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ponen como excusa que están en contra de poner un límite a los aportes, mientras que Cabildo Abierto condiciona su aprobación (según comentó el diputado Martín Sodano) a que les den cargos en la Corte Electoral.
Es hipócrita simular el deseo de liquidar al narco y cuando la Fiscalía pide, para funcionar más o menos bien, 6 millones y medio de dólares, en la Rendición de Cuentas le dan 950.000 dólares.
En cuanto a aumentar la pena mínima del homicidio simple de 2 a 6 años, hay que considerar que ya tiene un máximo de 12. Rechazado el proyecto por la Cámara Baja, Heber volvió a presentarla en el Senado con una modificación: que el mínimo fuese de 4 años. El cambio obedeció a las críticas de jueces, fiscales y defensores de oficio, ya que lo propuesto quitaba la posibilidad de resolver casos de homicidio a través de acuerdos abreviados, debido a que el artículo 272 del Código de Proceso Penal establece que los delitos que tienen mínimas superiores a cuatro años de prisión no admiten proceso abreviado.
La pregunta es si, en caso de aumentarse la pena, descendería la tasa de homicidios simples. Los datos de 2021 de algunos países citados por el mismo ministro pueden evitar muchas discusiones.
Uruguay, con una pena mínima de 2 años, tuvo 306 homicidios y una tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes de 8,90 %. Brasil, con una pena mínima de 6 años (tres veces más), tuvo 47.722 homicidios. Claro, la cantidad de población es incomparable, por lo que toca ver la tasa de homicidios: 22,38 %.
Cuba tuvo en 2019 (último dato al que pudimos acceder) 500 homicidios, lo que representa una tasa de 4,42 %; muy superior a la de Uruguay, pese a que la pena mínima en Uruguay es de 2 años y en Cuba es de 20. ¡Una pena 10 veces más grande y los resultados son peores!
España, con una mínima de 10 años, tuvo 290 homicidios y una tasa de 0,61 %. Francia, con una pena mínima de 30 años, registró 734 homicidios y una tasa de 1,14 %. O sea que, pese a aplicar una pena tres veces superior a la de España, tiene casi el doble de tasa de homicidios.
Conclusión: ni uno ni otro son los caminos correctos. Heber tendrá que buscar excusas más inteligentes. Como sea, todo indica que se irá cuando se le dé la gana, porque el presidente no se atreve a sacarlo. No dudó con Ernesto Talvi, ni con Irene Moreira, ni con Germán Cardoso, ni con Carlos María Uriarte, ni con Carolina Ache, ni con muchos otros, pero a Heber le teme.
¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de su poder dentro del Partido Nacional? ¿Cuánto sabe? ¿Por qué es insumergible?
¿En qué manos has caído, Uruguay?