Ante la confirmación de que el Partido Nacional no votaría la venia, el Frente Amplio, en representación del Gobierno, anunció que esta actitud podía hacer caer el acuerdo por el otorgamiento de 40 cargos para la oposición. En ese contexto, el Partido Colorado anunció que votaría la venia de Layera, corroborando que para esta colectividad son más importantes los cargos que la unidad de acción de la Coalición Republicana, que, luego de cinco años de gobierno, en la oposición demuestra un visible deterioro. No en vano, fue muy dura la disputa entre los partidos tradicionales por los espacios de poder otorgados por el Gobierno, a lo cual se sumó la actitud de la bancada colorada de desalinearse de sus socios blancos. Ello corrobora que la ambición de poder pesa bastante más que los eventuales principios, que hace tiempo que están ausentes de las colectividades fundacionales. De acuerdo al criterio de distribución, que es proporcional al caudal electoral obtenido en las elecciones nacionales de octubre del año pasado, al Partido Colorado le corresponden 14 cargos, lo cual supone otros tantos espacios de poder, con posibilidades de contratar a militantes como secretarios.
La actitud del coloradismo es consecuente con su pasado, ya que el partido gobernó durante 139 años de nuestra vida independiente, desde 1830, cuando Fructuoso Rivera se transformó en el primer presidente constitucional, hasta 1958, cuando perdió las elecciones con el Partido Nacional y fue desplazado del gobierno por primera vez en la historia.
En 1967 regresó al poder y su hegemonía se mantuvo hasta 1973, cuando se consumó el golpe de Estado cívico militar encabezado por Juan María Bordaberry. Como el dictador mantuvo el poder hasta 1976 antes de ser destituido por los mandos militares, podría afirmarse que los colorados gobernaron en los primeros tres años de la dictadura criminal que asoló al país.
Por ende, como siempre, los colorados se aferran al poder. No en vano, otrora fueron parte de varios pactos de coparticipación con el nacionalismo, en el siglo pasado encabezaron dos gobiernos de coalición blaqui-colorada y en el quinquenio 2020-2024 presidido por el nacionalista Luis Lacalle Pou, integraron un tercer gobierno de coalición, en concubinato con los blancos y el partido de extracción militar Cabildo Abierto. Por ende, como tienen vocación de poder aunque estén a años luz de sus años dorados, los colorados se aferran a los espacios de poder como garrapatas.
Por su parte, el Partido Nacional, que sabe a ciencia cierta que el oficialismo cumple con sus compromisos y que sus 22 cargos en el Estado están asegurados, pese a que desde el punto de vista constitucional no hay obligación de concederlos, esgrimió burdas excusas para no acompañar la iniciativa, alegando razones de confianza, personales y funcionales. No parece una razón valedera no votar la venia porque Layera no les cae simpático, lo cual es un razonamiento baladí y hasta infantil. Con respecto a lo funcional, es muy reconocida la idoneidad profesional de Layera, así como su vasta experiencia y trayectoria.
Empero, preferimos detenernos en el tema de la falta de confianza en el futuro jerarca, que es la que menos se sostiene, por un tema de coherencia o de falta de ella. En efecto, el Partido Nacional no puede alegar falta de confianza, cuando le tuvo confianza, hasta su procesamiento, al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, imputado de asociación para delinquir. En efecto, Astesiano cometía sus fechorías desde el propio cuarto piso de la Torre Ejecutiva, en las narices del por entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del hoy exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
El Partido Nacional, con el hoy expresidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, le mantuvo la confianza a los exministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, hasta sus ceses, pese a que estos le mintieron groseramente al Parlamento cuando afirmaron desconocer que el narco Sebastián Marset era un delincuente peligroso y le otorgaron un pasaporte que le permitió fugarse y seguir delinquiendo sin despeinarse.
También le tenían confianza al senador Gustavo Penadés y lo defendieron a capa y espada hasta que este fue procesado por 24 aberrantes delitos de abuso sexual de menores, violación y otras deleznables barbaridades cuya mera mención asquea. Antes de su imputación, confiaron en el pedófilo el expresidente Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber. Empero, cuando fue enviado a la cárcel por la encubridora fiscal Gabriela Fossati, todos manifestaron su sorpresa, aunque Penadés militaba desde hace 30 años en la colectividad, habiendo ocupado cargos electivos de edil, diputado y senador.
Naturalmente, también confiaron en el exintendente de Artigas Pablo Caram y en la exdiputada Valentina dos Santos, hasta que fueron procesados con prisión, por haber estafado 8 millones de dólares de los contribuyentes por el pago de horas extras ficticias. Por supuesto, los imputados no estuvieron ni cinco minutos privados de libertad, al beneficiarse de juicios abreviados.
Sin dudas, también le mantienen la confianza al exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, imputado de siete delitos. Incluso, le permiten seguir integrando la colectividad y mantener su postulación en las elecciones departamentales del 11 de mayo, además de acusar a la Fiscalía y a la Justicia de estar infiltrada por la izquierda y de actuar con malicia e intencionalidad política.
Es claro que el Partido Nacional es la colectividad más corrupta del sistema político y suma 60 procesamientos de ciudadanos que ocuparon cargos ejecutivos y/o electivos, desde 1985 hasta el presente. Evidentemente, el sentido de la ética y de la honestidad de los blancos difiere radicalmente del universalmente aceptado, porque muchos de sus gobernantes han delinquido, algunos fueron procesados y otros permanecen impunes. Sin embargo, o los defienden y minimizan sus fechorías o se hacen los distraídos alegando que no estaban enterados.
Evidentemente, es mejor que el Partido Nacional no le tenga confianza a una persona, porque si se la tiene, casi seguramente se trata de un delincuente. En efecto, contrariamente a lo que marca la norma, si los blancos confían en alguien no correría la presunción de inocencia sino, paradójicamente, la presunción de culpabilidad. Esa es la “ética” de los blancos.
