Últimos datos de la consultora Factum: 1) La evaluación del desempeño del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública en el 2° bimestre del año se presenta con un saldo negativo. El 4 % tiene una opinión muy buena sobre el desempeño y el 31 % buena, totalizando 35 % de opiniones positivas. El 35 % tiene una opinión mala y el 25 % muy mala, totalizando una opinión negativa del 60 %. El restante 5 % tiene una opinión neutra al respecto o no opina. O sea, 60 % de los ciudadanos consideran que la acción de gobierno en materia de seguridad, es mala. 2) El 30 % de los encuestados manifestó que el problema del país que más le preocupa son los temas económicos, 29 % la seguridad pública, 19 % el agua, 8 % la educación y 2 % la salud. Además, 9 % indicó que le inquietan otros temas, mientras que 3 % no opinó. Es decir: la seguridad está en el segundo lugar en la preocupación ciudadana.
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¿Qué hacer?
Este gobierno ganó porque fundamentalmente hizo un planteo general muy vigoroso criticando al Frente Amplio sobre la inseguridad. El tema estaba en la agenda de la gente y la coalición gobernante ofreció soluciones que lo sintetizaban así: “se acabó el recreo”. Pero no era fácil. El fallecido Jorge Larrañaga ofreció una estrategia comunicacional para laudar el asunto: helicópteros volando, patrulleros con sirenas abiertas y caída de delitos, omitiendo que el país estaba en pandemia, con escasa movilidad. Había que construir la percepción del cambio en materia de seguridad. Pero la delincuencia se lo llevó puesto, y a Luis A. Heber los criminales lo caminan por arriba, con galera y bastón.
Fracasan en cualquier estrategia, por más que diseñen planes desde una mirada académica como la de Diego Sanjurjo. La verdad se los come en dos panes.
Frente a esto, la estrategia parece ser, nuevamente, apostar a la comunicación, un elemento en donde el presidente Lacalle se ha mostrado eficaz y ducho. “Hagamos cosas de Bukele, pero no digamos que copiamos a Bukele”, parece haber dicho el presidente.
La seducción militar
Frente a las crisis, la pulsión autoritaria -que toda sociedad tiene- parece emerger. Si por la vía de la construcción de acuerdos y el diseño de políticas no obtenemos éxitos, vayamos por la “vía autoritaria”. El general Manini dice haberle entregado en tres oportunidades sus planes al Ministerio del Interior para combatir el delito. Nunca lo divulgó ni se filtró. Queda el olor a que hay que ejecutar más medidas represivas, más patrullaje, aunque nunca habló de utilizar las fuerzas militares en el combate.
El diputado colorado Gustavo Zubía, exfiscal, hace tres meses insinuaba políticas parecidas a las que desarrolla Bukele en El Salvador. Hace pocos días desembozadamente se “bukelizó” y, junto al diputado excabildante Eduardo Lust, plantean que los militares salgan a las calles.
La experiencia que lleva adelante Bukele en el país centroamericano provoca reflexiones diversas. El Salvador era un país en donde las bandas criminales dominaban hasta resortes del Estado y los homicidios eran la herramienta de dominio ciudadano. Bukele se saltó las leyes, hizo otras, caminó por arriba de la Constitución, construyó cárceles de alta seguridad, mandó a las tropas detrás de los criminales y utilizó una fantástica estrategia comunicacional -con videos cinematográficos- para seducir al electorado de su país. Pero las imágenes y el éxito no se limitaron a las fronteras salvadoreñas. Bukele es global. Si uno busca en Google, su apellido entrega casi 33 millones de documentos que lo mencionan. Una barbaridad.
En la Argentina del dislate, ahora mismo, la candidata Patricia Bullrich planteó hacer una cárcel de alta seguridad y ponerle el nombre de “Cristina Fernández de Kirchner”. Un planteo poderoso desde lo comunicacional, pero que se pinchó a las pocas horas cuando se supo que la maqueta que exhibía era de una cárcel de Estados Unidos. Carolina Pìparo, candidata de Javier Milei para la gobernación de la provincia de Buenos Aires dijo que estaba en contacto con quien construyó las cárceles en El Salvador. Incluso informó que ya tenía el predio seleccionado para construir la cárcel.
Bukelización herrerista
Como al gobierno no le da la nafta para poner a los militares a combatir a los criminales -apenas despliega efectivos en la frontera en uso de una ley de Tabaré Vázquez-, ahora inventó otra jugada comunicacional para satisfacer a los ciudadanos: traer tropas de élite de Estados Unidos.
El semanario Búsqueda informó que la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos (SFAB, por su sigla en inglés) -creada en 2017 como una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico- llegará a las costas orientales.
La SFAB se instaló finalmente en Colombia, Honduras y Panamá. Este año mantuvo una “presencia fuerte” en estos tres países y en breve prevé expandirse a Ecuador, Perú y Uruguay, según un documento del Ejército de Estados Unidos, del 21 de agosto, informado por Búsqueda.
La misión principal de las SFAP es realizar operaciones de asesoramiento, apoyo, enlace y evaluación de los países en los que está. La unidad está conformada por personas especializadas en ayudar en esas operaciones.
“El Comando Sur del Ejército está trabajando en concretar la primera oportunidad de intercambio con Uruguay durante 2024 para continuar fortaleciendo la asociación entre nuestros ejércitos y avanzar en los objetivos compartidos de seguridad nacional”, declaró la consejera de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Kerri Spindler-Ranta, a Búsqueda.
La funcionaria explicó que las SFAB funcionan enviando pequeños equipos a los países socios que colaboran con sus ejércitos. Las brigadas se vinculan con las ramas educativas y con los niveles de mando de las fuerzas, como las academias de servicio, escuelas superiores de guerra, comandos de fuerzas especiales, batallones de ingenieros y escuelas de mantenimiento de paz.
La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, señaló en una entrevista con Búsqueda semanas atrás que intentará “capitalizar las herramientas” de los dos países para combatir a los narcotraficantes, la droga y la criminalidad.
“El desafío con los narcotraficantes y con los elementos criminales es que tienen muchos recursos y son muy creativos, y puede ser desafiante para los gobiernos hacerles frente. Pero sé que hay mucha voluntad en Uruguay para hacerlo. Nosotros estamos muy enfocados en una cantidad de iniciativas para construir capacidades”, indicó la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, según recogió el portal argentino Infobae.
En una reunión que Fulton mantuvo con el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés (un funcionario de confianza del presidente Luis Lacalle Pou), el jerarca del gobierno le planteó el interés del país por aumentar la cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, informó por su parte el portal de El Observador.
Uno de los pedidos que Uruguay hace a Estados Unidos es que vuelva a instalar la oficina de la Administración del Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) que en 2019 se retiró del país en el marco de una redistribución de recursos en la región.
Así como hay casi 34 millones de documentos que mencionan a Bukele en Google, hay 1.660.000 de documentos sobre la legalización de las drogas. El combate militar y policial al narcotráfico fracasó, pero se insiste. Quizás el camino de la legalización de todas las drogas sea el más eficaz para enfrentar a los criminales que están destruyendo naciones. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?