Prometieron no subir las tarifas. Prometieron no subir los impuestos. Prometieron no subir la edad jubilatoria. Prometieron no bajar el salario real. Prometieron construir 136 liceos. Prometieron construir 50.000 viviendas. Prometieron 100.000 nuevos empleos. Prometieron eliminar los asentamientos. Prometieron no pasar la motosierra a los planes sociales. Prometieron más recursos para la investigación científica. Prometieron rebajar los alimentos para celíacos. Prometieron estar preparados para gobernar. Prometieron terminar con la inseguridad. Prometieron un gobierno de transparencia. Prometieron cuidar cada peso. Prometieron trasladar el Mides a Casavalle. Prometieron no tener gente a ambos lados del mostrador. Prometieron “hacerse cargo”. Prometieron darnos los mejores cinco años de nuestras vidas. Prometieron puentes hasta donde no había ríos.
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Los blancos no cumplieron ni una sola de esas promesas. ¡¿Y se preguntan por qué perdieron?!
A ver… Vamos por partes. Ya sé que soy perverso; pero si hay algo que me gusta es hacer una autocrítica de los demás, sobre todo si eso implica ayudar a la bienamada senadora Graciela Bianchi, inagotable fuente de recursos para los humoristas. A mediados de octubre volvió a concitar la atención de los navegantes de X con una noticia: "Hoy se inicia una recorrida nacional (por regiones) del @PNACIONAL que llevará mucho tiempo y esfuerzo para reflexionar sobre el proceso electoral pasado. Se hace con una base de análisis científico realizado por Opción Consultores y mucho análisis político basado en la confraternidad de un partido de hombres y mujeres libres y, por sobre todo, de ideas. Así se consolida la democracia y se asegura la participación de todos".
Bueno, no tan libres, considerando que hay varios de ellos en la cárcel o, por lo menos, con un pie adentro. Como sea, parece que los blancos necesitan contratar a una consultora (Opción Consultores) y recorrer el país para hallar la infausta e inextricable causa de la derrota sufrida en las urnas en la última elección nacional. El problema es que no hubo una causa, sino muchísimas. Intentaremos colaborar en tan encomiable búsqueda; pero por falta de espacio solo daremos algunas de ellas. ¡Y se las damos gratis!
- La gestión. El Gobierno de Luis Lacalle Pou estuvo plagado de escándalos y hechos de corrupción. De hecho, batió todos los récords desde 1985 hasta ahora.
- El candidato. La falta de carisma de Álvaro Delgado fue ideal para el plan jamás confesado de Luis: que su partido estuviera fuera del gobierno en este quinquenio para evitar el desgaste y así presentarse en 2029 apelando a la mala memoria de la gente.
- El bombón. Luis planificó perder y ya sabía que lo lograría con Delgado como aspirante a sucederlo; pero cuando se le propuso llevar a Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia avaló la fórmula de inmediato, sabiendo que eso sellaría la derrota de manera irreversible.
- Los intendentes y ediles de Luis. A lo largo y ancho del país, tanto intendentes como ediles fueron acusados de toda clase de irregularidades, faltas y delitos, una semana sí y la otra también desde 2020 a 2025. Entre varios casos están los de Guillermo Besozzi (imputado por siete delitos de corrupción en la comuna de Soriano) y Wilson Ezquerra, que enfrenta una causa por vender un campo de su propiedad a una empresa forestal que se iba a instalar en Tacuarembó.
- Los alcaldes de Luis. Varios fueron los condenados, o por lo menos denunciados o imputados por diferentes delitos. Tabaré Leivas, Partido Colorado, abigeato. Juan Carlos Martinicorena, Partido Nacional, violencia doméstica. Alfredo Sánchez, Partido Nacional, corrupción. Juan Andrés Oronoz, Partido Nacional, ciberacoso contra un menor de edad. Humberto Allende, Partido Nacional, violación de una anciana de 77 años. Mario Bandera, Partido Nacional, violencia doméstica agravada y tenencia no autorizada de armas de fuego.
- El caso Astesiano. El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial obligó al presidente a mentir una y otra vez. La fiscal Fossati le sacó las castañas del fuego y solo cayó preso el perejil. Alejandro Astesiano lleva mucho tiempo amenazando con contar lo que sabe de su exjefe.
- El caso Marset. El caso Marset se llevó puestos a los ministros Heber y Bustillo, a los subsecretarios Carolina Ache (MREE) y Guillermo Maciel (MI), y a varios jerarcas. No olvidemos que hicieron desaparecer 10 mails de Cancillería por ese caso y dos celulares por el caso Astesiano, ni que el principal asesor del presidente, Roberto Lafluf reconoció, en una llamada grabada, que había destruido un acta notarial que comprometía al gobierno, ya que contenía el intercambio entre Maciel y Ache evitando que llegara al juzgado.
- El caso Penadés. El exsenador blanco terminó en la cárcel por sus múltiples abusos de menores. Luis lo conocía muy bien; pero lo defendió.
- El caso Iturralde. El presidente del “Honorable” tuvo que renunciar cuando se dieron a conocer los audios de las llamadas con Penadés en que se jactaba de presionar a los fiscales al mejor estilo mafioso.
- El caso Cristino. Las amenazas de la vicepresidente Beatriz Argimón contra el publicista Fernando Cristino (que amenazaba con contar los secretos de Luis para cobrar una deuda) no dejaron lugar a dudas: “Cuidate, sos muy joven. Yo hablé para que no te hicieran nada. Cuidate”.
- El caso Moreira. Las dos fiscales, que archivaron el caso contra el intendente de Colonia Carlos Moreira, que en 2020 insinuó sexo a cambio de renovar una pasantía, tenían con el acusado vínculos que ameritaban excusarse de actuar. La Justicia resolvió pasar el caso Moreira a otro fiscal cuando se supo que el hermano de la fiscal Eliana Travers era edil suplente en la lista del exintendente blanco. Que archivara el expediente el mismo día de su proclamación era más que sospechoso.
- El caso Arbeleche. La ministra de Economía y Finanzas firmó una resolución de promoción de inversiones que brindó exoneraciones impositivas a la empresa Lanafil S.A., o sea, a su propio esposo. Abusando de su poder, Arbeleche ya había beneficiado a Isaac Alfie, socio político en la coalición y director de la OPP, con una serie de beneficios que debieron retirar cuando tomaron estado público.
- El caso de la fiscal cholula. Luego de haber oficiado, más de abogada defensora del presidente en el caso Torre Ejecutiva que como fiscal, Gabriela Fossati renunció y comenzó a militar oficialmente para su investigado a partir del 30 de noviembre de 2023.
- El rey de la chatarra. El exministro de Defensa Javier García despilfarró los dineros públicos en compras y compromisos que deben ser investigados por la Justicia. Los aviones Hércules, las patrullas transoceánicas y aviones de guerra Supertucano.
- Los caprichos de Luis. Mientras la gente pasaba penurias, él mantenía una corte faraónica en Suárez y Reyes. Lo que encendía el cholulismo de algunos provocaba la ira de la mayoría. En marzo de 2019, siendo candidato presidencial, Luis Lacalle Pou dijo en el Parque Viera: “No hay lugar en mi gobierno para los que despilfarran el dinero de la gente. La austeridad va a ser el centro de nuestro gobierno”.
- Las mentiras de Luis. Sus mentiras sobrepasaron los límites de lo soportable. No solo incumplió sus promesas electorales, sino que mintió también en medio de varios escándalos. Frases como “ustedes me conocen”, “duerman sin frazada”, “estoy tan sorprendido como ustedes” y “solo pasé a saludar” son ideales para llevar estampadas en camisetas blancas. En septiembre de 2020 duplicó el sueldo de los presidentes de entes públicos, pasando de 120.000 pesos a 235.000, en plena crisis sanitaria y mientras decenas de miles de uruguayos quedaban sin empleo o vieron disminuidos sus ingresos.
- La inseguridad. Récord de homicidios. Ministros incapaces. ¿Qué sabían Larrañaga, Heber y Martinelli de seguridad? Lo mismo que yo de física cuántica. No les cuestiono el aumento de la criminalidad, porque eso tiene complejas explicaciones, sino la soberbia con la que alcanzaron el poder, carancheando con los cadáveres y haciendo creer que el problema era fácil de resolver.
- Da Silva, Bianchi, Heber, Gandini y García. La soberbia, ordinariez y bajo nivel intelectual y moral de estos cinco jerarcas de primera línea del Partido Nacional provocaron repulsa en buena parte del electorado, contribuyendo a la derrota blanca.
- El caso Romina. La canallada montada por la militante blanca para enchastrar de la peor manera a Yamandú Orsi fue desmantelada y, aunque no cayeron los autores intelectuales, quienes llevaron a cargo la maniobra terminaron en la cárcel. El aplomo de Yamandú para sobrellevar la infame situación fue encomiable. Por su parte, los dirigentes del Partido Nacional, en lugar de repudiar el hecho y solidarizarse con su adversario político, la fueron orejeando hasta el final, orando para que terminara en la cárcel, cosa de poder decir que los degenerados no estaban solo en el Partido Nacional. Les salió el tiro por la culata. Los delincuentes están presos y Yamandú es presidente.
- El caso Albisu. Aun cuando Carlos Albisu ganaría posteriormente las elecciones departamentales, al hacerse públicos sus turbios manejos de la CTMSG, provocó repudio en la ciudadanía honesta. Ya como intendente, sigue haciendo de las suyas, usando su poder y las arcas del departamento para beneficiar a sus correligionarios. Quedo a la orden para concurrir gustoso a un juzgado para ratificar mis palabras en caso de una demanda por difamación e injurias.
- El caso Caram y Dos Santos. El aval dado por Luis a Pablo Caram al acompañarlo en su casamiento el 29 de septiembre de 2023 y sacarse fotos con él, implicó un respaldo explícito a una de las gestiones más corruptas del país y en pleno escándalo por el pago de horas extras. Que Valentina Dos Santos volviera a ser jerarca en la intendencia de Artigas habla peor de la ciudadanía que de ella o su títere Emiliano Soravilla.
- Los aliados. Dime con quién andas y te diré quién eres… Recordemos que no solo perdió el Partido Nacional. Perdió la coalición derechista. Los escándalos de sus socios también perjudicaron a los blancos: algunos casos fueron los de Irene Moreira y el del ministro de Turismo Germán Cardoso, que renunció el 20 de agosto de 2021, tras conocerse irregularidades en compras directas. Enrique Montagno, vocal del directorio de ASSE en representación de Cabildo Abierto, cayó tras saberse que había metido en ASSE a 135 personas a dedo, montando una estructura política gigantesca.
- Los favores de Luis. Comenzaba enero de 2024 cuando el presidente dedicó una tarde a pasearse en el yate de la familia Mailhos, dueña de Montepaz, empresa señalada en Colombia como la principal proveedora de tabaco ilegal.
Luis Lacalle Pou benefició a las tabacaleras con dos decretos (uno anulado por la Justicia), lo que nos llevó, en noviembre de 2023, a perder 60 lugares en el ranking mundial del Centro de Interferencia de la Industria Tabacalera, bajando del puesto número 7 al 67 entre 90 países analizados. Las tabacaleras le dieron miles de dólares para su campaña y él devolvió el favor con decretos pro tabaco que modificaban la normativa aprobada en 2019, cuando gobernaba Tabaré Vázquez.
Luis también usó el avión de un magnate brasileño, al cual benefició vendiéndole un terreno fiscal en Punta Ballena por un precio ridículo. Y también se benefició de su amistad la empresa Ayax, a la que compró 55 vehículos todo terreno pese a no cumplir con las condiciones del pliego licitatorio.
También su hermano hacía favores con recursos del Estado. Juan José Lacalle Pou, hermano del presidente de la República, incidía en autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil para adelantar trámites de cédula de identidad de diversas personas, según lo denunciado por el semanario Brecha.
Pero lo que nos costó más caro de la generosidad de Luis fueron sus esfuerzos para fundir a las empresas públicas y traspasar sus negocios, infraestructura, tecnología y mercados a manos de sus amigos del sector privado. En julio de 2023 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que reglamentó la desmonopolización de la venta de combustibles en aeropuertos, quitando a Ancap el monopolio del suministro para beneficiar a empresarios privados.
En los primeros días de agosto de 2023, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), buscando defender los intereses de Antel, presentó un recurso de revocación contra las licencias para la venta de internet otorgadas a cableoperadores.
Continuando con su plan de desmantelar a las empresas públicas, Luis Lacalle Pou modificó el artículo 56 de la Ley de Medios para habilitar la entrega de licencias indiscriminadamente. Esta ley impedía la acumulación de licencias; pero la modificación permitió llevarse por delante al monopolio de las telecomunicaciones. Los Lacalle siempre estuvieron en contra de tal monopolio y a favor de los intereses privados, lo cual quedó demostrado con la llamada portabilidad numérica, que benefició a Claro y perjudicó a Antel.
En septiembre el Gobierno dio otro golpe bajo, en este caso a la UTE. Los grandes consumidores quedaron habilitados a contratar sin intermediación a proveedores privados que generan energía renovable. Con tal decreto, el Gobierno entregó entre el 20 % y 25 % de su facturación a operadores privados, los que usarán las redes de la UTE.
- Las “fundaciones”. Tanto “A Ganar” como “Uruguay Adelante” estuvieron envueltas en polémicas. El Gobierno de Luis Lacalle Pou y las intendencias dieron a la Fundación A Ganar un total de 90 millones de dólares durante su administración, ignorando los gritos del Tribunal de Cuentas de la República y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
- Presiones a la prensa (Preve, Observador, Delgado a periodista) y espionaje a Mario Bergara, Charles Carrera y estudiantes de un liceo.
Y la dejamos por aquí por falta de tiempo y espacio; pero esperamos haber sido útiles al Partido Nacional en su búsqueda de las causas de su derrota.
Estamos para servirles.