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Que se hagan cargo

Mediocridad extrema

Mientras todas las semanas sacuden al país con un nuevo escándalo, la pobreza y la indigencia aumentan.

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Dice el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, que el Partido Colorado está “en el peor momento de la historia” y que los colorados son “una mascota del Partido Nacional”. Es algo que todos sabíamos, pero que una figura de ese partido lo admita públicamente da un respaldo inusual a lo que hemos escrito reiteradamente: que Sanguinetti es el sepulturero del partido de José Batlle y Ordóñez.

Álvaro Delgado dice por Twitter que comparte cada una de las palabras del ministro Pablo Mieres, quien se manifestó ofendido por Fernando Pereira y su acusación de que gobiernan para los poderosos. Sin embargo, Álvaro Delgado sabe, Pablo Mieres sabe, y todo el país sabe que eso es cierto. No les queda bien el papel de doncellas mancilladas. Han cumplido una única promesa electoral: la de “desplumar al pollo (trabajadores) pluma por pluma para que no chille tanto”.

Mientras tanto, continúa la devolución de favores a quienes aportaron dinero en dicha campaña. Se acaba de saber que el Poder Ejecutivo eliminó, silenciosamente, en setiembre de 2020, la norma que impedía a las empresas tabacaleras el acceso a beneficios tributarios. Esta medida de Lacalle Pou fue seguida por otras modificaciones a la normativa aprobada en 2019 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez. El actual presidente decretó, en setiembre, modificaciones a las normas sobre etiquetado y empaquetado de los productos de la industria tabacalera a pedido expreso de la empresa Montepaz, la que aportó 14.531 dólares para el Partido Nacional durante la campaña electoral.

Esta clara devolución de favores arrastró al ministro de Salud Pública Daniel Salinas a un estrepitoso fracaso como candidato a dirigir la Organización Panamericana de la Salud, pero el herrerismo no parece lamentarse por ello, ya que la jugada de beneficiar a las tabacaleras cuando faltaban pocos días para la elección de la OPS les permitió sacarse de encima a quien se perfilaba como seguro contendiente para liderar la coalición derechista para las próximas elecciones. Por supuesto que Luis Lacalle Pou no sabía nada. Por otra parte, un grupo de ediles montevideanos acaba de allanarle el camino a Carolina Cosse para arrasar en las elecciones para la Presidencia. Estos ediles han cometido una torpeza de tal magnitud, de manera inconsulta, que varios dirigentes de la coalición gobernante les han soltado las manos; en primer lugar, porque el juicio político no va a prosperar; y, en segundo lugar, porque le permitirá a la intendente capitalina lucirse durante su defensa, ya que la mediocridad de sus adversarios la enaltece.

Estos ediles envían todos los años centenares y centenares de pedidos de informes, muchos de ellos que no corresponden ser contestados por la Intendencia de Montevideo, sino por otras reparticiones del Estado. Otros parecen redactados por niños y no por personas adultas. Recordemos que estos mismos ediles hicieron un escándalo porque los semáforos se pintaron de verde. Es común que cuatro o cinco ediles del mismo partido realicen un pedido de informes, cada uno por su lado y sobre el mismo asunto, demostrando que carecen de la más mínima coordinación y seriedad. En varios casos han solicitado información que ya está en poder de la misma Junta Departamental, en otros han pedido que se gestionen pedidos de informes con los municipios, cuando ellos pueden pedirlos en forma directa. Han preguntado por cosas que están publicadas en la web y hasta por la grilla de TV Ciudad. Es más, ediles que integran la comisión de concesiones piden información que maneja la misma comisión de concesiones. ¿No tenían personas más capaces en los partidos tradicionales para ocupar esas bancas?

Pero hay un tercer motivo más contundente para que los dirigentes derechistas estén molestos con sus ediles (más allá del respaldo formal de la bancada de senadores del Partido Nacional), y es que, si el Frente Amplio respondiera, entrando en el juego que ellos plantean, y respondiera golpe por golpe, le sobran argumentos para impulsar juicios políticos a todos los intendentes blancos y colorados y, por lo menos, a tres ministros. ¿Motivos? No responder pedidos de informes, contratos con Fundación A Ganar y Uruguay Adelante, nepotismo, ignorar recurrentemente las observaciones del Tribunal de Cuentas, crear reparticiones sin el aval de la Junta Departamental, corrupción, etc. No quedaría ni el loro.

En cuanto al supremo del Olimpo, Lacalle Pou designó a la fiscal Sandra Boragno, esposa del ministro Paganini, como procuradora del Estado. Con este cargo le corresponderá asesorar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sobre el contrato entre el Estado y Katoen Natie. La entrega del servicio portuario a la empresa belga fue protagonizada por el antecesor de su esposo, Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, quien ya puede dormir tranquilo.

Mientras tanto, continuamos sin ver la cara de Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado; pero pronto tendrá que darla, ya que el Frente Amplio ha llamado a Heber en régimen de comisión general por el caso Astesiano, extendiendo la convocatoria al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al jefe de Inteligencia.

En el piso inferior al suyo operaba una organización criminal; pero Garcé sigue en el cargo. Beatriz Argimón consideró los casos de Astesiano y Marset como “hechos aislados”; pero, hasta donde sabemos, son más de 84.000 casos aislados.

Tras salir de Dubái, gracias a que el gobierno uruguayo le expidió un pasaporte, yendo a tomarle los datos a la cárcel y poniéndole como domicilio un hotel cinco estrellas, mientras el mismo gobierno uruguayo investigaba su actividad criminal, Sebastián Marset ingresó al Uruguay con pasaporte falso y se llevó a su familia quién sabe a dónde. Sin embargo, Bustillo y Heber siguen en sus cargos. Si una mínima parte de esto hubiera ocurrido en China o Estados Unidos, hace rato que los hubieran sacado a patadas de sus despachos... pero esto es el Uruguay bajo el lacallismo.

Lo menos que podemos decir es que Marset se la ha pasado entre los caños varias veces al ministro.

Quienes ahora gobiernan no paran de asombrarnos y han convertido a Uruguay en un caso único. Efectivamente, el nuestro es el único país en que ninguno de los implicados en la causa Odebrecht integró el gobierno que, entonces, era del FA. A quienes acusa la justicia panameña es al hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y a la pareja del ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira.

Y mientras todas las semanas sacuden al país con un nuevo escándalo, la pobreza y la indigencia aumentan. Según el informe del INE, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares arrojan que hay 19.000 pobres más que en el mismo período del año pasado y 78.000 más que en 2019, mientras que el sector agropecuario exportador celebra récord de exportaciones a precios siderales y 10.000 millones de dólares han ido a engrosar sus cuentas en el exterior.

Luis Lacalle Pou continúa con la motosierra recortando recursos donde más se necesitan. Al presupuesto anterior destinado a atender a los liberados de las cárceles le ha quitado dos millones de pesos. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) depende del Mides y se encarga de atender a más de 6.000 personas que cada año egresan del sistema penitenciario. En 2019, la Dinali recibía 10,5 millones; en 2022 solo 8,5.

Lo que sí aumentan son los homicidios y las dos frases más célebres de Heber (“Tengo un plan” y “Volvieron las carteras”) solo circulan como un par de chistes patéticos.

Esta nota podría haber sido más extensa y con más casos ilustrativos; pero, créanme, es deprimente llevar la crónica de tanta mediocridad.

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