Puede que no esté podrido, pero apesta

La derecha gobernante le exigió al Pit-Cnt tener personería jurídica; pero le dio sin problemas 65 millones de pesos a la fundación Uruguay Adelante cuando no contaba con personería jurídica y tenía personal trabajando en negro. Tuvieron el descaro de exigir a los sindicatos dicho requisito muy poco después de que aprobaron la Ley Gandini, que los autoriza a robarse el sobrante de los viáticos cuando regresan de sus viajes. Embolsarse ese dinero (que es nuestro) es inmoral; pero ellos mismos lo declararon legal.

Puede que nada de lo hecho por los jerarcas del Gobierno para beneficiar a las empresas competidoras de UTE, ANTEL y ANCAP sea pasible de reproche penal; pero si lo hubieran hecho en el ámbito privado, hace rato los hubieran corrido a patadas.

Plata hay, pero sólo para los poderosos

Por otra parte, no hay dinero para pagarle a los extrabajadores de Casa de Galicia; pero sí hay 25 millones de dólares para los canales privados.

A los canales 4, 10 y 12 se les benefició con un contrato de ANTEL por tres años, totalizando una entrega de 10,8 millones de dólares. Paralelamente, el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual de 2023 aportó otros 2 millones de dólares sólo a esos tres canales.

A lo anterior se suman otros 2 millones de dólares de la exoneración del pago del canon de la Ley de Medios de 2020 a 2023.

En total, 14,8 millones de dólares sólo para los canales 4, 10 y 12.

Pero ahora hay más. Por medio de la ley de financiamiento de los partidos políticos el Estado deberá compensar a los canales por la publicidad gratuita de los partidos políticos. Sólo los canales mencionados cobrarán, por lo menos, otros 10 millones de dólares.

No hay problema; paga Juan Pueblo, el mismo que, paradójicamente, es el dueño del espacio radioeléctrico del cual los propietarios de los medios de comunicación son meros concesionarios. Parece que el Estado, que somos todos, no tiene derecho a exigir una contrapartida por semejante beneficio.

Luis Lacalle Pou tampoco tuvo problema para otorgar una partida extra de $200 millones (5,3 millones de dólares) a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y continuar sosteniendo el clientelismo herrerista.

Mantener a Luis en la residencia de Suárez y Reyes, según datos de la Contaduría General de la Nación, nos cuesta USD 400.000 por mes y nos terminará costando, al final del período, 24 millones de dólares. Esto sin contar la estancia de Anchorena.

Nada de esto es ilegal.

No todo lo inmoral es pasible de sanción penal.

Ahora, si todo lo del puerto estaba correcto, ¿por qué alguien propuso un pago para espiar a los senadores Carrera y Bergara a efectos de hallar algo con qué extorsionarlos para que retiraran la denuncia?

Heber podrá mostrar las palmas de las manos y decir que las tiene limpias; pero el olor que sale del acuerdo por él firmado es nauseabundo.