República AFAP, telefónicas privadas y el tráfico de datos

Cuando me llamaron de Claro por quincuagésima vez le pregunté a la chica que lo hacía cómo había obtenido mi número y nombre completo. Me dijo que de una base de datos proporcionada por la empresa. Le manifesté que me molestaba que me estuvieran llamando porque yo defendía a la empresa pública y había pedido varias veces que me eliminaran de esa base de datos, aclarándole que la habían obtenido de manera ilegal.

Esa base la manejaban varios operadores; por lo que resulta impensable que los responsables de la empresa privada no estuvieran al tanto. Cuando le expliqué que estaba cometiendo un delito, la chica me dijo que me borraría de su lista; pero no podía borrarme del listado que tendrían otros operadores. No la culpo a ella, ya que solo intentaba ganarse la vida; pero es inadmisible que una telefónica internacional caiga en estas prácticas de competencia desleal e ilegal.

Justo es decir que esto me ha sucedido en varios países y desde hace mucho tiempo.

Agradezco a los lectores que en la sección de comentarios cuenten su experiencia, es decir, si les pasó algo similar y con qué telefónica.

En cuanto a República AFAP, una denuncia presentada por empleados despedidos por “notoria mala conducta” coloca en el banquillo a las autoridades y el tema está a punto de explotar.

Líder en el mercado

Creada en 1996 al amparo de la Ley 16.713, República AFAP es una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que administra el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) propiedad de los trabajadores afiliados a ella. Si bien es una sociedad anónima, se apoya en capital estatal, o sea que reúne tres particularidades: es privada, de propiedad estatal y compite con otras empresas privadas del mismo rubro. Sus accionistas son el BROU (51% del paquete accionario), el BPS (37%) y el BSE (12%).

República AFAP es la única con agencias en todo el país y es líder en el mercado, lo cual es lógico, debido a tres motivos: 1) la credibilidad y solvencia de sus accionistas (BROU, BPS y BSE); 2) su comisión de administración, que es la más baja del rubro; y 3) su agresivo plan de captación de afiliados.

República AFAP ha recibido varios premios internacionales como reconocimiento a su trayectoria y excelencia en la gestión. Sin embargo, todo ese prestigio se halla enlodado por un hecho que va desde una demanda laboral a un tema de investigación penal.

Desde octubre de 2021, el gerente general es el contador Romin Silva García.

La maniobra

¿Cómo conseguían afiliados a granel? ¿Por qué República AFAP aventajaba a sus competidoras y contactaba antes a los nuevos trabajadores dados de alta en el BPS? La empresa contrataba a agentes (asesores previsionales) encargados de realizar llamadas telefónicas usando una base de datos. Según la denuncia presentada a Caras y Caretas, esa base de datos, de trabajadores dados de alta por el BPS, era aportada de manera ilegal por Ariel Sánchez, un funcionario del BPS de la dependencia de San Jacinto.

Los exfuncionarios denuncian que fueron los mismos gerentes de la empresa quienes les indicaron que debían usar esa base de datos, obtenida ilegalmente. Una de las personas denunciantes me ha dicho: “Yo vivo en una zona del país muy lejana a esa localidad; ¿cómo me iba a enterar de lo que ofrecía esta persona si no fuera porque los gerentes me indicaron que usara sus servicios?”.

Los trabajadores compraban la planilla Excel porque, según ellos, sus superiores se lo requerían. La presión para mejorar el rendimiento era permanente y muy fuerte, a tal punto que el inicio de sus licencias quedaba condicionado a ello, según consta en mails que obran en nuestro poder. La empresa, en nota que adjuntaremos, niega esto; pero, repito: tenemos prueba en contrario.

Uno de los denunciantes afirma que aquellos de sus compañeros que dejaban de trabajar de esta manera eran desvinculados inmediatamente al bajar su productividad, todo esto con el conocimiento del gerente comercial y el jefe de ventas. "Ellos eran los que instruían a los gerentes de las diferentes zonas para que nos presentaran, a todos nosotros, el contacto de este funcionario del BPS, que era el gerente o jefe de la sucursal de San Jacinto, en Canelones. Todo el país trabajaba con esa persona. El costo de la planilla con los datos estaba entre 7.000 y 12.000 pesos mensuales”.

Entre los datos obtenidos de manera ilegal figuraba la historia laboral nominada de cada trabajador, la que se utilizaba para fijar la comisión que cobrarían a cada afiliado. Otra de nuestras fuentes nos indicó que “tanto el gerente comercial como el jefe de ventas nos decían que recortáramos la parte de arriba, para que no fuera tan evidente, y enviáramos todo por correo postal (físico) a Montevideo y ellos firmaban esas nóminas para aprobar el pago de nuestras comisiones. No pueden decir que no tenían conocimiento”. La parte que se exigía recortar era la que tenía el logo del BPS y el nombre del funcionario que les vendía los datos.

Antes de ser gerente general, Romin Silva ocupó, entre otros cargos, el de gerente general de riesgos entre 2011 y 2019. Aparte de él, existe un encargado de seguridad informática. Entre los asesores previsionales y los gerentes se cruzaron unos 8.000 mails por año. ¿Nadie notó nada?

Tal como informó Subrayado en su momento, las medidas se tomaron recién cuando los abogados del BPS denunciaron la maniobra en diciembre de 2020. A raíz de eso, República AFAP despidió a 28 asesores en 2021, a 17 por notoria mala conducta y a 11 se les indujo a egresar voluntariamente. Lo que estos declaran ahora es que se cortó por el hilo más delgado; pero que los principales responsables quedaron impunes. Algunos jerarcas habrían renunciado; pero otros, según los denunciantes, continúan dirigiendo República AFAP.

Los trabajadores no solo reclaman indemnización por despido, también daños y perjuicios, sobre todo por el daño moral recibido, señalando que las investigaciones internas de República AFAP fueron “arbitrarias, discriminatorias y tendientes a encubrir la responsabilidad de los altos mandos de la empresa en las prácticas que fomentaban y avalaban y de las cuales tenían pleno conocimiento”. “Algunos de esos jerarcas fueron también desvinculados; pero se les pagó indemnización; lo que da la pauta de que los altos mandos era conscientes de que la empresa se había enriquecido con las prácticas ilegales que promovían”.

Todos los trabajadores que logramos contactar nos dijeron lo mismo: que apenas comenzaron a trabajar con esta empresa paraestatal se les indicó cómo obtener las planillas y sacarles provecho ilegalmente. Nuestras fuentes, personas que viven en diferentes departamentos del país, también indicaron que todo esto se manejaba por medio del mail institucional, lo que fortalecería el argumento de que se trataba de una práctica estructural.

El periodista Nicolás Delgado señaló en el programa Punto de encuentro que el funcionario del BPS [Ariel Sánchez, de 65 años] vendía datos a varias empresas desde 2016. Fue condenado por cohecho calificado (corrupción) el 22 de setiembre. La condena consistió en un día de prisión, 19 meses de libertad a prueba y servicios comunitarios por cuatro meses. Sin embargo, la pena fue suspendida por un acuerdo con Fiscalía y se sustituyó por una multa equivalente a 600.000 pesos (unos 15.000 dólares), una cifra claramente inferior a lo que había ganado con su actividad delictiva.

Se nos ha dicho que, aparte de Ariel Sánchez, había otros proveedores de datos del BPS. Las “planillas” también habrían sido vendidas a mutualistas médicas, estudios contables y otras AFAP; pero ninguna de esas empresas tuvo consecuencias legales.

No seremos nosotros quienes determinaremos si Romin Silva es o no culpable de un delito; eso lo hará la Justicia. Lo que sí nos interesa es poner el tema en el tapete para que las autoridades pertinentes adopten las medidas necesarias para terminar con este modus operandi.

Esperamos que los directorios de empresas públicas como Antel extremen las precauciones para evitar un trasiego ilegal de datos a sus competidoras; ya que eso, sumado a todas las medidas de este gobierno para perjudicar a la telefónica estatal beneficiando a las privadas, tendrá consecuencias letales para una empresa que pertenece a todos los orientales.

El tráfico de datos es un negocio ilegal muy lucrativo; pero nadie parece muy interesado en meterle el diente. Uno de nuestros contactos en Twitter nos escribió: “Me quise anotar a un curso de educación permanente de Udelar y no había cupos. A los días me llamaron de la ORT”. ¿Casualidad?

Respuestas a consultas

¿República AFAP dio el tema por terminado? ¿O hay alguna investigación interna para saber qué autoridades manejaron este tema?

En diciembre de 2020, a partir de un sumario administrativo realizado por el Banco de Previsión Social que posiblemente involucrara funcionarios de República AFAP, la empresa ordena inmediatamente una investigación confidencial y exhaustiva. Esta investigación fue realizada por un estudio jurídico externo para asegurar los procedimientos necesarios con todos los derechos y garantías para los involucrados e implicó la indagación de 90 funcionarios, sin distinción de jerarquías.

Del resultado de estas investigaciones, entre junio y agosto de 2021, se desvincularon 17 colaboradores de los cuales se obtuvo prueba de estar implicados en la maniobra de compra de datos personales de potenciales afiliados.

Dicha prueba se encuentra incorporada en los expedientes judiciales tanto en sede laboral como penal. De todas formas, la investigación a cargo de la empresa continúa a medida que, de los procesos judiciales, surge nueva información. En relación a la maniobra, están en trámite tres procesos en sede laboral. Uno de ellos ya cuenta con sentencia en primera instancia que entiende configurada la notoria mala conducta de la exfuncionaria, rechazando totalmente su reclamo. Esta sentencia fue apelada por la denunciante, no habiendo, hasta el momento, resolución en segunda instancia.

En sede penal el BPS realizó la denuncia a su funcionario y el mismo fue condenado por cohecho calificado. República AFAP presentó ante Fiscalía la investigación y las evidencias recabadas; el proceso sigue en trámite ya que es un delito bilateral, en donde existe responsabilidad penal de todas las partes involucradas en la maniobra.

Respecto a la afirmación de que las licencias eran condicionadas por rendimiento, así como la pretendida amenaza de desvinculación por no acceder a las planillas ilegales.

A los colaboradores de República AFAP nunca se les condicionó su licencia por ningún motivo. En referencia a las desvinculaciones por no acceder a las planillas ilegales, esta información no es veraz porque la empresa no conocía la maniobra.

La documentación que está circulando refiere al adelanto de licencia reglamentaria, que generalmente toda la fuerza de ventas solicitaba gozar en forma anticipada, cada año. Es decir, licencia generada en el año en curso que se debe gozar al año siguiente y se pedía adelantar para el 15 de diciembre de cada año anterior. En dicha documentación, surge claramente que únicamente se comunica la necesidad de cumplir con los objetivos propuestos por el área de ventas, antes de poder acceder por parte de la empresa a que los trabajadores adelantaran el goce de la licencia.

Estos hechos ya fueron informados y acreditados por la empresa en las oportunidades procesales correspondientes y su prueba está incorporada en los procesos tanto en el ámbito laboral como penal.

¿Romin Silva sigue siendo el gerente general? ¿En sus puestos anteriores conocía la maniobra?

Romin Silva trabaja en la organización hace más de 24 años y es el actual gerente general de República AFAP. Como parte del proceso de sucesión de la gerencia general fue designado subgerente general de la empresa en el mes de setiembre de 2019 por el directorio en funciones en ese momento.

El contador Silva en los distintos lugares que ocupó desconocía la maniobra, al igual que todas las autoridades de la empresa. Se toma conocimiento recién a partir de la notificación de la investigación que realiza BPS.

Cabe mencionar que los funcionarios desvinculados realizaban maniobras de ocultamiento las cuales están comprobadas. Esta evidencia fue presentada en los juicios mencionados.

Como ya se indicó, existen procesos judiciales en trámite tanto en sede penal como laboral. La empresa está a disposición para colaborar brindando toda la información que se dispone; por lo que no se considera oportuno brindar información al respecto a ninguna otra fuente, que pudiera desde ningún aspecto, condicionar o entorpecer la tarea de los jueces y fiscales responsables. Estando, como debe ser, a lo que la Justicia determine.