Específicamente, el informe destaca que en 2024 el gobierno "incumplió" la regla fiscal, lo que representa "un avance significativo para la institucionalidad fiscal". Este incumplimiento se tradujo en que, por primera vez desde la creación de la nueva institucionalidad fiscal en 2020, se registró de manera simultánea un desacato en las metas indicativas de los pilares 1 y 2, así como la activación de la cláusula de salvaguarda del pilar 3 de la regla fiscal. Los resultados expuestos en el informe coinciden con lo previamente anticipado en el comunicado público del equipo económico liderado por la economista Azucena Arbeleche, reforzando la crítica hacia la incapacidad de la anterior administración para adherirse a normativas que buscaban garantizar la sostenibilidad fiscal.
El Comité Fiscal Asesor (CFA) ha expresado una visión favorable nueva propuesta del equipo económico que incluye la adopción de una regla fiscal dual, estableciendo un nivel de deuda ancla del 65% del PIB para el Gobierno Central y la Administración Pública. Esta propuesta está fundamentada en análisis econométricos y busca guiar las metas de balance estructural a corto plazo, asegurando que las metas de Reglas Fiscales Estabilizadoras (RFE) sean coherentes con este ancla de deuda.
Sin embargo, el CFA ha manifestado su preocupación respecto al posible efecto "señal" que podría generar una ancla de deuda neta en ese nivel, interpretándose como una justificación para una expansión adicional del cociente de deuda actual y la permanencia de un desequilibrio fiscal, lo que podría consolidar una tendencia de aumento en la deuda neta.
Por ello, el CFA recomienda aplicar este ancla de deuda con cautela, sugiriendo que se calibren las metas de RFE para moderar el ritmo de crecimiento del ratio de deuda, manteniéndose por debajo del 65% durante el quinquenio. Además, plantea la conveniencia de establecer un objetivo de deuda referencial a cinco años que deje un margen de maniobra por debajo del ancla de deuda.
En cuanto a la autonomía del CFA, se valora positivamente la iniciativa del Proyecto de Ley de Presupuesto que busca otorgarle mayor independencia, permitiéndole no solo asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino también presentar informes al Parlamento y actuar como un contrapeso institucional, bajo su nueva denominación de Consejo Fiscal Autónomo.
“El CFA entiende que la trayectoria fiscal propuesta por el MEF va en la direccion correcta para aminorar los desequilibrios fiscales de 2024-25, pero el esfuerzo no seria suficiente para detener el crecimiento de la deuda neta”.
El Comité recomienda la adopción del ancla de deuda neta del 65% del PIB con criterios de máxima prudencia, sugiriendo que su establecimiento se formalice en un decreto reglamentario o norma de mayor jerarquía. También se propone definir claramente los criterios para determinar el margen de seguridad necesario por debajo de este ancla para establecer una deuda objetivo referencial. Además, se plantea incluir en la normativa una cláusula de revisión a la baja del ancla en situaciones de riesgo país elevado o rebajas en la calificación crediticia, lo que evidenciaría la necesidad de adaptarse a contextos económicos adversos.
Asimismo, el CFA sugiere que se deben establecer en el decreto reglamentario las metas anuales de las Reglas Fiscales Estabilizadoras (RFE) y el objetivo de deuda referencial bajo un enfoque que garantice el cumplimiento ex-post de estas metas. Para asegurar la sostenibilidad fiscal, se plantea la creación de mecanismos para la convergencia y la corrección ante desvíos, priorizando la sostenibilidad sobre la estabilización macroeconómica cuando se acerque al ancla de deuda. Por último, se recomiendan disposiciones específicas para el año electoral, buscando aumentar el control y la rendición de cuentas, incluyendo la limitación del deterioro de las metas de RFE durante este periodo y la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas de presentar un análisis de riesgos y un plan de cumplimiento de las metas con acciones correctivas.
La regla fiscal continuaría siendo un instrumento central para la gestión fiscal en el país, consolidándose como una herramienta que tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas. Las modificaciones presentadas por el Ministro Odonne, que incluyen elementos propuestos por el Comité Fiscal Asesor, han sido bien recibidas y respaldadas, lo que refleja una voluntad de adaptación y mejora en la estrategia fiscal del gobierno. Estos cambios según se declara atienden a corregir los desvíos evidenciados en la gestión anterior, a la vez que establecer un marco que permita al país afrontar los desafíos económicos.
