Las conexiones de Villarejo en Uruguay

Según una nota del diario El País de España, de Óscar López-Fonseca y Elena G. Sevillano, del 21 de febrero pasado, un nuevo informe policial español detalla el trasiego de 31 millones de euros en la empresa matriz del comisario José Manuel Villarejo. Un tercio de los fondos eran abonos del BBVA. Villarejo es dueño de dos palacetes en Uruguay y un hotel en Punta del Este.

“Transferencias, cheques, talones, liquidaciones de facturas. La cuenta que el comisario jubilado Villarejo, presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la operación Tándem, tuvo abierta entre diciembre de 2004 y enero de 2019 registra ingresos millonarios”, dice El País de España.

En Uruguay, no se ha dado cuenta de ninguna investigación de las cuentas de Villarejo en BBVA, aun habiendo recibido desde España todos los antecedentes de sus operaciones de lavado de dinero.

En total, el BBVA realizó 52 pagos a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), empresa central de la trama societaria de Villarejo. El policía nunca figuró en la cuenta como titular o autorizado, aunque sí aparecen su socio, el abogado Rafael Redondo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá; y uno de sus hijos, José Manuel Villarejo Gil, todos ellos imputados en distintas piezas separadas de la causa. El comisario jubilado permanece en prisión desde su arresto en noviembre de 2017.

El BBVA en Uruguay

“En el registro los agentes también localizaron, por ejemplo, varios talonarios de cheques de una sucursal del BBVA en Uruguay, un listado de saldos de cuentas en el HSBC o información financiera sobre un depósito en el Credit National SAL de Beirut (Líbano)”, informó Carmen Lucas-Torres, del portal elespañol.com, de España, el 28 de enero de 2019.

La madeja de cuentas, sociedades e inversiones que la Audiencia Nacional de España investiga en la llamada operación Tándem, se extiende desde Brasil hasta Rumania, pasando por Uruguay, Suiza o Bielorrusia.

El propio expresidente del BBVA, Francisco González Rodríguez, expresidente del banco Argentaria entre 1996 y 1998 y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria entre 2000 y 2018, está acusado en la causa de Villarejo.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional española, incorporado recientemente al sumario, cuenta con 41 páginas y cerca de otras 300 de documentación anexa. En él, los responsables de la investigación analizan todos los movimientos de entrada y salida de fondos que registró la cuenta que Villarejo, a nombre de Cenyt, abrió en el BBVA y que durante el tiempo que estuvo abierta, registró tres cambios formales de numeración. El documento policial divide el análisis precisamente en tres períodos limitados, precisamente, por el cambio de numeración del depósito.

Pero la relación entre el expolicía y el BBVA no terminó ahí, sino que lo que investiga esta pieza 9 de la macrocausa son los 13 años de contratos que Villarejo firmó con esta entidad presidida entonces por Francisco González.

Se trataba, sobre todo, de servicios de inteligencia, “de naturaleza patrimonial y carácter ilícito”, además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria, actividades que supusieron “múltiples” vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas, según Anticorrupción.

Otra parte, señala el informe, sirvió para “el mantenimiento de la estructura societaria” montada por Villarejo. Aquí los agentes incluyen el pago del arrendamiento de los inmuebles que ocupaban sus sociedades y de las nóminas de los empleados. Entre ellos, la policía destaca las cantidades que recibían la esposa del comisario jubilado (4.000 euros al mes) y su hijo (3.000 euros).

Además, 1,4 millones de euros salieron de la misma cuenta del BBVA a través de cheques y talones, otra parte sirvió para pagar impuestos y cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas de Villarejo, y una más para la adquisición de participaciones en otras sociedades o hacer frente a ampliaciones de capital de las empresas del propio Villarejo. Los agentes destacan, en concreto, la compra de acciones de las sociedades Eurosuisse -dedicada al cultivo de olivos- y la promotora inmobiliaria Riomar Costa. Finalmente, el 29 de enero de 2018, dos semanas después del último ingreso del BBVA, la cuenta fue embargada por el juez García-Castellón. Entonces tenía un saldo de 574.810,28 euros.

El documento policial hace también un estudio de las posibles conexiones entre la cuenta de Villarejo y los productos financieros a nombre de Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del BBVA y que anteriormente había ocupado altos puestos de responsabilidad dentro de la Policía Nacional. Corrochano, también imputado en la causa, fue la persona que abrió las puertas de la entidad financiera al comisario jubilado para que este realizara diferentes trabajos, por lo que el juez García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción querían saber si, a cambio de ello, el primero recibió una contraprestación.

Hasta tal punto está comprometido el BBVA con el caso Villarejo, que en la página web del banco hay una pestaña que informa sobre la «Situación actual del caso Cenyt”. Allí se afirma que la prioridad del BBVA es “colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”. Agrega que “BBVA ha trasladado a la Justicia de manera proactiva toda la documentación relevante obtenida en la investigación realizada por Garrigues, Uría Menéndez y PwC. A futuro podrían iniciarse nuevas líneas de investigación, mientras la instrucción judicial siga en curso”.

La conexión entre el uruguayo Pedronzo y Villarejo

Alberto Pedronzo es un marchante de arte uruguayo que fue procesado en España por el caso Malaya, entre 2005 y 2012. Como ya lo ha publicado en varias ocasiones Caras y Caretas, el caso Malaya fue una operación contra la corrupción urbanística en España, llevada a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados.

¿Cuál fue el rol de Alberto Pedronzo? La venta de obras de arte a Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, exgerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el gobierno de Jesús Gil, presuntamente, el cabecilla de toda la trama del caso Malaya.

El portal elconfidencial de España publicó el 14 de mayo de 2007: «De Uruguay a Suiza pasando por Marbella. Las obras de arte de Juan Antonio Roca marcan el rastro de la ruta del blanqueo de dinero que tenía al Ayuntamiento marbellí como parada obligatoria y extienden a ambos lados de Atlántico el caso Malaya. La dimensión europea se ha puesto de manifiesto recientemente con la imputación del director general del banco privado suizo Pictet, Fernando de Salinas, del galerista francés Jean Fournets y el corredor de arte Alberto Beto Pedronzo, y del abogado de origen alemán Juan Germán Hoffmann».

En mayo de 2005, Rafael Domenech Jordá le vendió al testaferro de Roca, Óscar Alberto Benavente Pérez, siete piezas del uruguayo Joaquín Torres García valoradas en 5,3 millones de euros. La pregunta es quién les dio ese valor. También se indicó entonces que estos Torres García eran falsos.

Alberto Pedronzo fue detenido entonces en España. Pedronzo era director de la Galería de las Misiones en Punta del Este, establecida en 1990, donde inauguró en enero de 2006 una exclusiva muestra de raros dibujos de Torres García. Por uno solo de sus cuadros, Estructura ocre constructiva con signos en blanco, Roca pagó un millón de euros. La muestra uruguaya de Torres García, adquirida por Pedronzo, se paseó por la Sammer Gallery de Miami, ciudad convertida en un pujante centro artístico desde que se instaló la feria de arte suiza Art Basel.

Pedronzo fue imputado por el juez por un delito de blanqueo de capitales y se le exigió abonar una fianza de 50.000 euros para cubrir sus responsabilidades civiles.

En mayo de 2009, el juez de la causa resolvió devolver la fianza depositada por Pedronzo en octubre de 2008

En julio de 2009, Pedronzo era el único que había dado señales de vida después de un año prófugo.

Los documentos judiciales indican que Roca comenzó a lavar dinero a través de obras de arte porque «es un mercado poco controlable» y en el análisis del papel de Alberto Héctor de Jesús Pedronzo se le considera básico en la adquisición de casi un centenar de cuadros de gran valor (¿?) y por los que recibió a cambio diversas propiedades inmobiliarias en la urbanización Lomas de Marbella Golf.

En julio de 2012, el Tribunal español autorizó que 364 obras de arte intervenidas en el caso Malaya y supuestamente vinculadas a Roca fueran trasladadas a una sala de subastas de Madrid y se acordó que 167 de las piezas fueran destinadas a la venta.

En mayo de 2018, el Tribunal autorizó la venta de varios inmuebles del condenado Pedronzo por un valor de 605.000 euros.

Según el portal español Moncloa.com, el comisario Villarejo prestó sus servicios al cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca, condenado a 17 años de cárcel por este caso.

Villarejo realizó un informe bautizado como Proyecto Roky, en el cual realiza un análisis de la situación de quien fue considerado por la investigación judicial del caso Malaya como alcalde de facto de Marbella.

El objetivo de Villarejo era salvaguardar los intereses de K (Juan Antonio Roca) de los ataques en medios de prensa así como intervenciones judiciales injustificadas. Roca había desembarcado como gerente de urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella en 1999, de la mano del entonces alcalde, Jesús Gil.

El 11 de setiembre de 2019, Villarejo fue citado a declarar por la presunta extorsión a un empresario de Marbella. En este asunto están imputados otros cuatro policías.