Solución de la crisis de Venezuela debe ser política, pacífica y democrática

El comunicado de prensa emitido reitera la preocupación por el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos. También condena, en uno de sus puntos, la reciente decisión de la Contraloría General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó para ejercer cualquier cargo público por 15 años.

El Grupo reconoció los esfuerzos de los países de acogida de la región que han recibido más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos. El Grupo da la bienvenida a la implementación de las medidas anunciadas en la «Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región» y llama a los donantes a que implementen el «Plan de Acción». También da la bienvenida a la movilización por parte de la UE de 50 millones de euros adicionales en asistencia a los más vulnerables en Venezuela y en la región.

El GIC insta a todas las partes a respetar la imparcialidad, neutralidad e independencia de la ayuda humanitaria y de las organizaciones humanitarias, y hace un llamado para que otros donantes también incrementen su asistencia siguiendo los mismos principios de manera que puedan abordarse las crecientes necesidades de los venezolanos. El Grupo toma nota de los pasos adoptados para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y hace un llamamiento a mayores acciones para permitir el establecimiento de más organizaciones humanitarias y asegurar el acceso sin restricciones a grupos y áreas vulnerables en el país.

Condenó la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de “inhabilitar” a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años. Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela.

Expresaron su mayor preocupación por la magnitud y gravedad del impacto de la actual crisis en los derechos humanos, conforme reportó la Alta Comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos en su más reciente informe sobre la situación en Venezuela. El arresto de Roberto Marrero exacerba una situación ya de por sí tensa. El Grupo hace un llamado a la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Los líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas deben poder desempeñar su labor libres de todo tipo de intimidación, incluyendo aquella de los grupos armados ilegales. La inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional debe ser respetada. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores +ver original)