Cuando Lacalle Herrera violentó la tradición uruguaya del asilo político

En un informe fechado el 1º de julio de 1992 al que ha tenido acceso el portal web Público, funcionarios del Departamento de Estado daban detalles de la reunión que habían mantenido con Vera para analizar, entre otras cuestiones, el dispositivo de seguridad montado por el Gobierno español de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que comenzarían a finales de ese mes.

Mientras en la madre patria se desarrollaban esos conciliábulos, en Uruguay un grupo de vascos de los cuales nunca se pudo demostrar que tuvieran actividad política legal o clandestina activa, abrían ante los ojos de todo el que lo quisiera ver, el distinguido restaurante La Trainera, ubicado en el barrio de Pocitos, para ir a degustar, por toda evidencia, comida vasca.

El informe Blixen

El periodista Samuel Blixen recuerda que el Gobierno de Felipe González pagó “generosos sobornos a los principales jerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía”. Su denuncia está amparada por documentos de la inteligencia militar de Uruguay hasta ahora desconocidos. De acuerdo al artículo escrito por Blixen, el exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González, Rafael Vera -quien posteriormente fue condenado por su pertenencia al GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)-, estuvo al frente de esa trama.
“En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas”, señala el periodista en su crónica. Por entonces, el objetivo de Felipe González era perseguir a un grupo de 15 refugiados vascos que vivían en Uruguay y que tenían diferentes grados de vinculación con el movimiento abertzale. Algunos habían pertenecido a ETA. Otros no. Lo que sí les unía era el miedo a ser atrapados por el GAL, que ya había mostrado sus virtudes asesinas.
De acuerdo a la documentación recogida por la publicación uruguaya, la Dirección General de Información de Defensa de ese país había llegado a un acuerdo con los exiliados: “Mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una ‘inscripción tardía’”. “De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños -apunta Blixen-. El acuerdo entre la inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero estos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia”.

Según esos documentos, “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4.000 revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”. “A Uruguay le llegaría el turno después que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio”, señala el semanario. Para conseguirlo, el gobierno de González tiró de cartera: “De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA”, señalaba un informante policial apodado “Diego” en un informe fechado el 21 de agosto de 1989. Allí consta que uno de los policías que trabajaban para los servicios secretos españoles llegó a recibir el ofrecimiento de un sueldo de 300 euros al mes a cambio de vigilar a un exiliado vasco.
“Se volcaron todos los medios a esta operación, porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles”, señalaba el agente identificado como “Fabián” en uno de los documentos divulgados por Blixen.“Fabián explicó que todo aquel dinero era ‘guita extra’ y que hubo un ‘gran puterío’ por el reparto,‘son 13 sueldos y agregale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo’”, subrayaba.

Además de pagar a policías, el gobierno del PSOE también supo conquistar al por entonces presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle.“El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España donde firmó un acuerdo por el cual el gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a 30.000 millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la Policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellos cuatro menores de edad”.“Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes”.

Los sucesos del Filtro

Las acusaciones sobre la vinculación con delitos en España se fueron desinflando, hasta que finalmente la Justicia uruguaya procesó a 13 vascos. España demandó el envío a Madrid de ocho de ellos, pero los tribunales uruguayos accedieron a extraditar a tres.

Aquello derivó en unos sucesos que Uruguay no borra de su memoria: el 24 de agosto de 1994, mientras los presuntos miembros de ETA hacían una huelga de hambre contra su extradición, miles de personas se movilizaron en el exterior del hospital de Montevideo donde permanecían ingresados para pedir que se respetara el derecho de asilo que consagraba la Constitución. La Policía reprimió salvajemente y fueron asesinados Fernando Morroni y Roberto Facal, además de decretarse después de varias décadas en el país la clausura de dos medios de comunicación, radio Panamericana y radio Centenario.

El ministro del Interior, Ángel María Gianola, fue interpelado por el Frente Amplio en el Parlamento buscando su destitución por considerarlo responsable del operativo policial en que resultaron decenas de personas heridas y dos fallecidas.

Este documento desclasificado viene a confirmar lo que ya en aquellos años había dejado de ser un secreto a voces y es que a pesar de las referencias del presidente Lacalle Herrera a cumplir estrictamente con los mandatos de la Justicia, todo se remitía a un acuerdo político con el gobierno español que aseguraba hacer caja al gobierno uruguayo.

Los GAL

El temor de los vascos detenidos en ser extraditados no eran infundados, y sus temores fueron confirmados cuando, coordinando con las autoridades policiales uruguayas, aparece nada menos que el asesor de seguridad  del gobierno Español, Rafael Vera.

Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 27 asesinatos. Actuaron principalmente en el país vasco francés aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, pero también afectaron personas que no tenían relación con el terrorismo, produciéndose entre este colectivo 10 víctimas mortales

Un pequeño grupo de periodistas investigó y descubrió la “guerra sucia” utilizada por el Gobierno español presidido por Felipe González entre 1983 y 1987 para combatir el terrorismo de ETA. Se trata de los Grupos Antiterroristas de Liberación, un caso de terrorismo de Estado. El objetivo de los llamados GAL era eliminar ETA y su estructura de apoyo mediante agrupaciones parapoliciales y sus acciones armadas. Aunque decían combatir a la banda terrorista, realizaron acciones indiscriminadas que ocasionaron la muerte de ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. De hecho, los GAL responsabilizaban a Francia de “acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente”.

Los periodistas españoles destaparon cómo existía una organización estructurada, financiada y dirigida por el ejecutivo de Felipe González que realizó asesinatos, secuestros, torturas y malversación de dineros públicos. Por otro lado, el caso ha tenido consecuencias políticas y judiciales. La labor periodística permitió conocer la historia, ponerla en el debate político y llevarla a los tribunales, donde los jueces investigaron y acusaron a miembros del Ministerio del Interior con, en algunos casos, penas de prisión de más de 100 años.

Lacalle y Franco

Conocida es la historia de joven Luis Alberto Lacalle Herrera que, admirador del generalísimo Franco, escribió casi una oda sobre su estampa de caudillo.

Y como la historia va tejiendo sus nudos a lo largo del tiempo, los integrantes de los GAL a los que el presidente nacionalista dejo actuar en Uruguay, eran la versión actualizada en los 80 de los grupos que operaban en la época del admirado dictador español.

Durante la dictadura de Franco y la transición española, con los gobiernos de Unión Centro Democrático, existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados Españoles y Anti terrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por la libre, simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno. También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos y de Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales.

Rafael Vera y el caso Marey

En diciembre de 1983, Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya. Una hora después del secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión Francesa. Marey fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de Navarra.

El 4 de diciembre de 1987, Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 y 8 años de prisión respectivamente por su secuestro.  Sánchez había muerto en prisión, según Talbi, envenenado. El miembro del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en Dancharinea, después de haber llamado a dos «teléfonos para urgencias» al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura superior de policía.

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el exjefe de la Guardia Civil Luis Roldán por si hubiera alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL. Su investigación de los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: “Ni hay pruebas ni las habrá”. Frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

El 17 de febrero de 1995, siete meses después de los hechos del Filtro en Uruguay, el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años.

Las laxas fronteras de Lacalle

Las repercusiones políticas de los hechos del Filtro donde resultaron asesinados por las fuerzas de seguridad uruguayas dos manifestantes, no fueron las únicas circunstancias que tuvieron como escenario un entramado internacional.

El químico chileno Eugenio Berríos había huido a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier. Acompañado del entonces mayor del Ejército Carlos Jiménez (asesino confeso de Tucapel Jiménez), llegaron a Montevideo. Ahí Berríos fue protegido por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya como parte de La Cofradía (heredera directa de la Operación Cóndor). En noviembre de 1992 fue «secuestrado» por sus mismos guardianes y desaparecido en extrañas circunstancias. Todo esto provocó un escándalo político, policial y militar en su momento; fueron convocados a declarar al Parlamento los ministros de Defensa, Mariano Brito (quien poco después caería), de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, y del Interior, Juan Andrés Ramírez (quien tuvo que destituir al jefe de Policía de Canelones).

El cadáver de Berríos fue encontrado en 1995 en una playa de El Pinar.

Sobre la información que manejaba el gobierno de Luis Alberto Lacalle de estos procedimientos siempre quedó la nebulosa, pero como se evidenció dos años después con el tema vascos, era temerario el manejo político en asuntos internacionales.