El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue denunciado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por «crímenes contra la Humanidad» e «incitación al genocidio de los pueblos indígenas», según adelantó este jueves el diario Folha de Sao Paulo.
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«Aquí no encontramos un camino eficiente; yendo allí (al TPI) esperamos estimular a las fuerzas internas de Brasil para que investiguen esas cuestiones», dijo el exministro José Carlos Dias, presidente de la Comisión Arns, una de las entidades que presentó la denuncia, junto con el Colectivo de Abogacía en Derechos Humanos.
El TPI deberá evaluar ahora si abre una investigación; la denuncia dice que Bolsonaro incitó a la violencia contra las poblaciones indígenas y tradicionales, debilitó los mecanismos de fiscalización y fue omiso en respuesta a crímenes ambientales en la Amazonía.
La denuncia cita los incendios en la región amazónica, que este año generaron la primera gran crisis internacional del Gobierno de Bolsonaro, así como la presión de la agricultura y la ganadería, la minería ilegal o la explotación de manera.
Según el texto, estas actividades ejercen un gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan y «ahora están siendo estimuladas o negligenciadas en su potencial de degradación».
«Los jefes de Estado y de Gobierno tienen, ante el derecho internacional, el deber de cohibir crímenes y proteger poblaciones vulnerables (…) por su gravedad, los crímenes bajo jurisdicción del TPI no prescriben; aunque su mandato haya terminado Bolsonaro estará sujeto a castigo por parte del tribunal», recuerda la denuncia.
La denuncia se presentó a la procuradora jefe del tribunal, Fatou Bensouda, quien ahora deberá solicitar informaciones a los Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes que considere relevantes.
Después, podrá presentar una petición de autorización de investigación a la Cámara de Cuestiones Preliminares, ligada al tribunal.
El TPI, también conocido como tribunal de la Haya, procesa y juzga a individuos acusados de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y delitos de agresión.
Brasil apoyó la creación de esta corte a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 al considerar que una corte penal «eficiente, imparcial e independiente» representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales más graves, según destaca la Cancillería en su página web.