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Despelote

Por Enrique Ortega Salinas.

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Caras y Caretas Diario

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Ya no sabemos con qué términos calificar al gobierno multicolor. Descontrol, desorden, marchas y contramarchas, caos, soberbia, mentiras, demagogia, cinismo, corrupción, acomodos, mezquindades, despilfarro, abusos… Todo cabe en el país de Lacalle II. Si creen que exageramos, van aquí varias perlas, comenzando por una frase hermosa: “No es posible que permanentemente se cuestione al Ministerio del Interior”. Lo que da brillo a esta gema es quien la dijo: Jorge Larrañaga. Podría destinar varios párrafos a recordar todas las interpelaciones que él hizo a Eduardo Bonomi y sus cotidianas apariciones en los medios para criticar a la Policía y al ministro cuando él era senador; pero no vale la pena.

Hipocresía

Si Miguel Ángel Toma hizo los gastos que se le achacan, hay que destituirlo de inmediato y el mismo Frente Amplio debe darle la primera patada. Sin embargo, debemos esperar a que culminen las actuaciones correspondientes. El fiscal de gobierno es investigado por la Oficina Nacional de Servicio Civil por haber incurrido en gastos excesivos durante sus viajes a Roma.

Se le acusa de hospedarse pagando 229 dólares diarios y llegar a gastar 259 euros en un solo día en un restaurante del hotel Ambasciatori Palace. Que Toma se defienda solo; no pienso gastar una letra en justificar sus gastos. De hecho, y pese a que la ley 19.771 autoriza a no presentar comprobantes de pago por un máximo del 20% de los viáticos, tanto Toma como su acompañante, excedieron ese límite.

Lo que llama la atención de los multicolores es que parecen muy preocupados por cada moneda gastada durante la anterior administración, pero no han tenido ningún problema en comprar dos aviones Hércules, en plena crisis económica, tirando 21 millones de euros en aparatos cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de este año. También se han comprado 1.000 metralletas y la Fuerza Aérea evalúa gastar 15 millones de dólares más en tres helicópteros. Nada de esto sería criticable si no fuera por la circunstancia que atravesamos. Hay centenares de miles de uruguayos pasando realmente mal debido al desempleo y la pandemia.

La explicación de tales gastos proviene de la estrategia del Partido Nacional de quedarse con los votos que Manini Ríos tiene en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

Mas el colmo de la hipocresía lo alcanzaron el 30 de noviembre, cuando durante la votación del Presupuesto, la Cámara de Senadores aprobó la derogación de la ley 19.771 (del gobierno de Tabaré) que obliga a presentar comprobantes de los gastos incurridos en el marco de misiones oficiales. La “enmienda Gandini” fue aprobada con los 18 votos de la derecha multicolor a la vez que cuestionan a Toma.

En cuanto al senador derechista, siempre se jactó de quedarse con el sobrante de los viáticos; así que ahora estará de fiesta. Su inmoralidad no tiene límites. Cuando alguien gana uno de los mejores sueldos de la administración, ¿hace falta robarle al Estado y encima refregarles la cara a los uruguayos que se queda con el dinero de los contribuyentes y le importa un reverendo carajo?

Otro que estará feliz (también del Partido Nacional) es Luis Alberto Heber, actual ministro de Transporte y Obras Públicas, quien tiene el galardón de haber sido el senador que más viajó y gastó durante la pasada legislatura.

Es obvio que muchas veces los viajes son necesarios, ya sea por cuestiones diplomáticas como comerciales, y es obvio también que los grandes capitalistas no hacen negocios con quienes se quedan en posadas de mala muerte; pero la derogación de la ley 19.771 solo se explica por la voracidad de la derecha de saquear legalmente al Estado.

Los legisladores se votan sus propios sueldos, los más cobardes se amparan en los fueros si los cita la Justicia y, encima, la derecha deroga la ley que les obligaba a devolver lo que sobrara de misiones oficiales. Algún día, el poder popular tendrá que promover una ley que ponga límites al Poder Legislativo. Así como un día evitamos que Lacalle I vendiera las empresas públicas, los ciudadanos podemos llevar adelante un conjunto de iniciativas que ponga las cosas en su lugar.

Por una copa de más…

Alcohólicos hay en todos los partidos; pero la coalición gobernante está teniendo un verdadero problema en sus filas debido a esta adicción.

Comenzando diciembre, los inspectores municipales de Salto requisaron el auto y le retiraron la libreta de conducir al diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, ya que conducía con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado, lo cual originó una discusión con los funcionarios; pero finalmente pudieron hacerla.

Luis Lacalle prometió, durante la campaña electoral, derogar la normativa de “alcohol 0”. Es de suponer que varios integrantes de la coalición lo estarán apurando.

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Uruguay. A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que Albernaz.

Del que no sabemos la graduación alcohólica es del convencional de Cabildo Abierto, Juan Cardoso, que realizó una convocatoria en Facebook en noviembre de 2019: “Se necesitan voluntarios para escuadrón de la muerte. A limpiar nuestro país”. El partido militarista no tuvo más remedio que expulsarlo y argumentar que las expresiones del convencional iban en contra de sus principios; pero como bien ha dicho Darwin Desbocatti: “Ni los changos ni los fachos te golpean la puerta sin que los llames”. ¿O acaso alguien puede creer que el teniente coronel (r) Eduardo Radaelli (secuestrador y asesino del chileno Eugenio Berríos durante el gobierno de Lacalle I) podría sentir repudio por la convocatoria del desquiciado?

En enero de 2019, el Partido de la Gente tuvo que expulsar al senador Daniel Bianchi, a quien se le ocurrió manejar por Punta del Este con 1,3 grados de alcohol en la sangre y chocó a tres vehículos. El suyo terminó incendiado y él, internado en el Sanatorio Cantegril. Sin embargo, aquí cabe una acotación. Sería injusto colocar en el mismo rango al partido de Novick con el Partido Nacional o Cabildo Abierto, ya que no es común hallar corruptos o fascistas en el Partido de la Gente.

Choque de inimputables

A efectos de ponernos al día con esta crónica del caos, comencemos por alegrarnos de algo. Graciela Bianchi, como dice un titular de Caras y Caretas, no quedará en la vía. Efectivamente, la senadora nacionalista recibió 23 millones de pesos por las expropiaciones del Ferrocarril Central. En 2018 la legisladora describió esos dos predios como una “chacra de fin de semana” en Canelones. Los terrenos estaban formalmente a nombre de sus hijos. Ahora, los más insólito fue que, tras una acusación del abogado Gustavo Salle de tener vínculos con UPM, la senadora respondió por Twitter: «No me voy a molestar en hacer juicio por difamación e injurias contra quien no tiene credibilidad. Aclaro que no es la primera vez que se ha intentado vincularme a una expropiación: nunca fui titular de ningún padrón rural, suburbano o urbano que haya sido expropiado. Punto final».

Sin embargo, Bianchi incluyó en su declaración jurada ante la Jutep el dinero recibido por tales padrones.

 

Problemas conyugales

En noviembre, el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, del sector Batllistas, se quejó porque el presidente Miguel Vaczy lo desconoce como socio de la coalición y sus conocimientos “son más para Martini Pregunta que para gobernar una empresa”.

El mismo mes, el sector Cruzada Oriental abandonó Cabildo Abierto por considerar que se trata de “un partido cuasi autoritario” y agregando que Eduardo Lust es una persona con “falta de lealtad, ética y claro desprecio hacia su sector político”, sumándose a la legión de militantes y dirigentes que van abandonando el partido militar. La lista 84, que convirtió a Lust en legislador, fue la segunda lista más votada de Cabildo Abierto en Montevideo.

Y no paran de darnos letra

Afortunadamente, diciembre comenzó muy bien… para la clase gobernante. Mientras los uruguayos no saben qué hacer para llenar la olla durante la crisis, la Junta Directiva del Plan Agropecuario se aumentó su salario en 60%. El presidente del IPA (Instituto Plan Agropecuario) ganará ahora $ 235.276 nominales.

El que no anda muy bien es el ministro de Transporte y Obras Públicas. A poco de haber suspendido el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, decretado por el gobierno anterior en febrero, se produjo un accidente en los accesos a Montevideo, causando la muerte de una persona. El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre, Mauro Borzacconi, denunció que el accidente podría haberse evitado si el sistema electrónico de control no hubiese sido suspendido.

Para colmo, tuvo que andar a las corridas, con marchas y contramarchas, por la suba del precio de los peajes, ya que al parecer estarían cobrando con aumento cuando el decreto aún no había sido firmado. La verdad fue que, como con tantas otras medidas, la suba provocó tantas críticas en las redes sociales que el gobierno echó para atrás. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, señaló que el aumento no ayudaba al sector y que hablaría con Heber para que la reconsiderara.

Y por si el presidente tuviera pocos problemas con sus funcionarios, el Frente Amplio y la Red Pro Cuidados pidieron la destitución inmediata de la secretaria general del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y directora del programa nacional de discapacidad (Pronadis), Gabriela Bazzano. Los legisladores frenteamplistas pedirán a la Fiscalía que reabra la investigación contra la funcionaria por entregar bebés de mujeres con discapacidad intelectual a familias sustitutas. El caso ocurrió años atrás y habría involucrado a la organización social Seamos.

En fin… ánimo compatriotas. Ya quedan nueve meses menos de sufrimiento.

Por ahora, a joderse. Pan y cebolla… Y para la próxima… ¡Aprendan a votar, carajo!

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