La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) elevó un pedido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, para tratar en la comisión de Constitución y Legislación del senado, el pedido de informes de la senadora Graciela Bianchi sobre la docente Mirta Mabel Mallo, quien intercambiara palabras con el presidente de la República el pasado 29 de noviembre, en las afueras de la Torre de Antel.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En el intercambio, que quedó registrado por las cámaras de la prensa, Mallo se acercó a Lacalle y le reclamó por las condiciones que está padeciendo la educación técnica. “La educación técnica se está destrozando, la gente más necesitada se queda sin grupos, los alumnos se quedan sin clase”, aseguró la sindicalista al mandatario.
Días después que el incidente se hiciera público, la senadora del Partido Nacional elevó un pedido de informes para conocer la “situación funcional” de la docente, que es además presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU).
En el pedido se preguntaba por la cantidad de horas docentes de Mallo, si detentaba algún otro cargo, si gozaba de licencia sindical y si tenía inasistencias injustificadas o algún procedimiento disciplinario en su contra.
Para los senadores del FA, con el pedido de informes, Bianchi “utilizó una potestad que le confiere la Constitución (..) de forma desviada a su fin”, la cual deja ver “una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico”.
Los senadores frenteamplistas señalan que el pedido es contrario “al principio de interdicción de las arbitrariedades, inherente a nuestra forma democrático republicana de gobierno”, al tiempo que piden que sea rechazado “sin ambages por el sistema político” y por la Cámara de Senadores.
Sostienen que es necesario para dar “un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que éste Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie (..) será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales”.
Por último, aseveran que dar curso al pedido de informes “mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía”. Además, aseguran que el mismo “deja en mala posición al Gobierno en sí y a nuestro propio Presidente de la República, siendo que Bianchi es hoy en la Cámara la senadora más votada del partido del Presidente”.