Ocho nuevos detenidos en el marco de la Operación Océano

Las investigaciones en torno a la Operación Océano comenzaron de manera casi casual en el mes de marzo. Poco antes se había suscitado un intercambio de acusaciones de entre dos adolescentes y un adulto que generaron sospechas de encontrarse ante una trama más vasta. La impresión inicial fue fortalecida el hallazgo del cuerpo sin vida de una de esas chicas en la desembocadura del arroyo Solís Chico. Si bien inicialmente las investigaciones se orientaron hacia el esclarecimiento del crimen, la incautación de los celulares de las dos adolescentes dio un giro a la investigación, al descubrirse los mensajes intercambiados entre ellas y potenciales clientes que solicitaban servicios sexuales a cambio de dinero. Las investigaciones insumieron casi dos meses, hasta que se procedió a las primeras detenciones y las consecuentes formalizaciones.

La primera audiencia sobre el caso se realizó el 13 de mayo de 2020. En el curso de la misma, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera pidió a la jueza Adriana de los Santos la formalización, entre otros, del propietario de un pub en Punta del Este, de un ex juez penal y de adolescentes, de un ex asesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), de un diputado suplente del Partido Colorado, de un abogado y docente en Derecho Administrativo y de un arquitecto.

La estrategia de los defensores de los imputados ha ido cambiando y se ha ido endureciendo a tono con el rigor con que la fiscal Viera orienta las investigaciones y cumple rigurosamente con la ley. En la medida en que los intentos de eximir de culpa a los indagados fracasaron ante la contundencia de las evidencias, comenzaron a usar otras chicanas, como por ejemplo que una de las adolescentes utilizaba documentos falsos para alegar que era mayor de edad, lo que fue desestimado por la fiscal Viera o negar la pertinencia del testimonio de una adolescente explotada que ya había cumplido 18 años. Este argumento, esgrimido por el abogado Pablo Donnángelo en la audiencia masiva realizada en el Palacio de los Tribunales tiene relevancia jurídica, ya que intentaba bloquear el tratamiento del caso dentro del marco de la Ley de Violencia basada en Género, que habilita la llamada «prueba anticipada» sin que medie expresión de fundamentos. Nuevamente, la jueza Adriana de los Santos rechazó el argumento, concordando con la fiscal Darviña Viera. A la defensa no le quedó otro camino que expresar que ese fallo sería apelado

En la medida en que los artilugios de los abogados se iban derrumbando, comenzaron a intentar mitigar las penas que les corresponderían a sus defendidos y en particular la amenaza de embargo que podría concretarse si la causa quedaba inscrita dentro del la Ley de Violencia basada en Género.

En esa sintonía, los penalistas Alejandro Balbi, Pablo Casas, Pablo Donnángelo y Martín Frustraci alegaron que no corresponde juzgarlos de acuerdo a la Ley de Género ya que no existe violencia en una relación en la que víctimas e imputados se conocieron en las redes sociales. De acuerdo a su argumentación, la causa debería estar incluida en el Código Penal, que en su artículo 213 condena la retribución o promesa de retribución económica a menores para que ejecuten actos eróticos. Como lo expresamos en una publicación anterior, también este argumento fue refutado por la jueza teniendo en cuenta la notoria asimetría existente entre los imputados y sus víctimas.

Ante la irreductibilidad de la Fiscalía, la defensa arremetió contra la fiscal Darviña Viera denunciándola por presuntas irregularidades cometidas en declaraciones realizadas ante los medios de comunicación. El planteo fue realizado por la defensora del  exdiputado colorado Nicolás Ortiz, Cecilia Salom, pareja de Gonzalo Fernández, ex secretario de Presidencia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, además de canciller y ministro de Defensa en ese mismo período.

El pedido de Salom, respaldado por otros abogados que conforman el staff de los imputados, fue acompañado por un listado de las ocasiones en las que la fiscal Darviña Viera compareció ante la prensa y el pedido de remoción quedó a consideración del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El incremento de la nómina de formalizados en el día de hoy desnuda la corrupción de ese segmento de la sociedad a la que se denomina «gente de bien», pero el transcurso de los hechos y la integridad de la fiscal Viera, inconmovible en su juicio ante el poder y el dinero parece dar fe a la leyenda del molinero que se opuso a un mandato imperial diciendo simplemente: «Aun hay jueces en Berlín».