A Díaz le preocupa que le amenazó «un expolicía que tiene y usa armas»

En noviembre de 2017, el fiscal de Corte Jorge Díaz recibió una amenaza de muerte, cuyo presunto autor ya fue identificado. Se trata del abogado Juan José Ayala, quien quedó en libertad por un recurso presentado por su defensa. Díaz ya había recibido amenazas por parte del denominado Comando Barneix, pero de ese hecho aún no tiene novedades. Subrayado entrevistó al fiscal de Corte por este nuevo episodio, quien aseguró que los protocolos de seguridad que implican las amenazas de muerte «no son agradables» y consideró que el objetivo que buscan los amenazadores «es que uno deje de hacer las cosas que hace todos los días». En este caso, Díaz dijo que «preocupa que se trata de un expolicía, que tiene y usa armas, que por la información que se nos ha dado, anda siempre armado. Preocupa más que se trate de una persona que es abogado», sostuvo. El fiscal informó que hace unos años atrás, mientras era juez, tuvo algunos casos defendidos por Ayala, aunque dijo no recordarlos, pero sí que «fueron relativamente sencillos», por lo que no cree que las amenazas tengan que ver con esa coincidencia en lo laboral, sino que serían otros los motivos: «Hay una animadversión, un odio claramente manifestado, un deseo… primero, un deseo de que me saquen del cargo; segundo, un deseo de que el Código del Proceso Penal retroceda, pero llega a hablar de ‘por qué no lo matan'», indicó un Díaz visiblemente nervioso al recordar los audios que escuchó. A través de Subrayado, Díaz afirma, mirando directo a la cámara, que «es bueno explicarle a la ciudadanía» que el hecho de que su amenazador quedara libre en uso de una prerrogativa constitucional, porque plantea una excepción de inconstitucionalidad en el proceso, no significa una estrategia particularmente meritoria. «Acá no hay ningún milagro de ningún abogado defensor -sostiene Díaz enfáticamente-, sino simplemente es un planteo que está establecido en la propia Constitución, que dice que planteada la excepción de inconstitucionalidad, automáticamente se tiene que suspender el proceso y elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia». Para el fiscal se trata de «una maniobra dilatoria» y la compara con la usada por «las defensas de los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos en forma reiterativa, así que ahí hay un patrón bastante claro», asegura. Díaz aclaró que pidió licencia para que la fiscal no se sintiera presionada y que designó «un abogado de particular confianza» en el entendido que es un caso personal y no de la Fiscalía.  Jorge Barrera es el abogado elegido.