Dinero K: Fiscal Pacheco pidió la extradición del contador Pérez Gadin

El fiscal Luis Pacheco solicitó, días atrás, la detención y extradición del contador Daniel Pérez Gadin, como parte de la indagatoria penal en Uruguay por la llamada “Ruta del dinero K”. Pérez Gadin -actualmente procesado con prisión por la Justicia argentina- es un hombre de confianza del empresario Lázaro Baez -también procesado con prisión-, cercano al ex presidente argentino Nestor Kirchner (hoy fallecido). Sin embargo, el representante del Ministerio Público solicitó archivar la indagatoria contra todos los profesionales uruguayos involucrados en la supuesta maniobra de lavado de activos. En 2013, la Justicia Especializada en Crimen Organizado inició una investigación sobre la “Ruta del dinero K” en Uruguay, tras una denuncia presentada por los diputados argentinos, Graciela Ocaña y Manuel Garrido. Los legisladores denunciaron presuntos ilícitos cometidos por Lázaro Baez y sus socios en Uruguay, entre ellos, el presunto envío de dinero oculto en aviones privados desde Argentina a Uruguay, que luego era girado a cuentas en paraísos fiscales, y maniobras de lavado de activos mediante la compra de propiedades con dinero ilícito. En este contexto, la Justicia uruguaya inició una investigación que permitió descartar varias de las denuncias, pero acreditar otras. En su dictamen, publicado en el portal web de la Fiscalía, el fiscal Pacheco valoró que durante la indagatoria “no se han obtenido pruebas suficientes” sobre la existencia sobre el transporte transfronterizo de dinero en avionetas desde el aeropuerto de San Fernando en Buenos Aires (Argentina) hacia Uruguay, “más allá de ‘rumores’ o indicios aislados que no alcanzan a configurar semiplena prueba de su efectivo acaecimiento”. Por el contrario, la investigación permitió certificar que Jumey SA -empresa vinculadas con personas procesadas en Argentina- procedió a la compra de un campo “El Entrevero” y de un inmueble en José Ignacio (Maldonado), con dinero proveniente de actividades ilícitas. Estos dos inmuebles ya fueron embargados por la Justicia uruguaya. El campo “El Entrevero” fue adquirido por Trailine SA, que después cedió el permiso de compra-venta a Jumey SA, por 14 millones de dólares. El negocio fue escriturado por el escribano Adolfo Pittaluga Shaw. En este marco, el fiscal aseguró -en base a los informes de la Secretaria Nacional contra el Lavado de Activos (Senaclaft) que está semiplenamente probado que el contador Daniel Pérez Gadin fue el representante de Jumey SA en ocasión de la adquisición de los bienes inmuebles relacionados y figura como uno de sus beneficiarios finales”. “Surge asimismo que Daniel Pérez Gadin fue procesado por la justicia argentina por encontrarlo prima facie coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos y se mandó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 100.000.000 de pesos argentinos”. La sentencia de la Justicia argentina determinó que Pérez Gadin era integrante de SGI SA, y que estuvo vinculado con “la ocultación y disimulación del origen y titularidad de capitales no declarados, a través de un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas”. De estas sentencias, se desprenden elementos de convicción suficientes para valorar que “la adquisición de los bienes inmuebles adquiridos en Uruguay por Jumey SA constituyen una conversión de dinero procedente de los delitos de corrupción imputados en Argentina a Lázaro Baez y Daniel Pérez Gadin, entre otros”. Entre los elementos indiciarios para valorar esta situación están las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña ante la Justicia argentina, señaló Pacheco. Sin embargo, el fiscal solicitó a la jueza Dolores Sánchez el archivo de la indagatoria penal contra los cinco profesionales uruguayos que participaron en la operativa de compraventa de los inmuebles cuestionados. El pedido de archivo incluye al escribano Pittaluga Shaw -quien fue representado por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangenberg- y el agente inmobiliario Alejandro Perazo -representado por el abogado Jorge Barrera-, quienes fueron sancionados por la Senaclaft por violentar las normas antilavado, resoluciones que fueron posteriormente anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “No obstante, es claro que las acciones penales y administrativas son independientes, y que no todo incumplimiento de normas reglamentarias conlleva por sí solo la configuración de una conducta delictiva; en el caso, no se han logrado evidencias que demuestren la intención de los operadores de asistir a los agentes de la actividad delictiva, como exige el artículo 57 del D.L. 14.294, y la conducta meramente negligente o despreocupada no es tipificada como delito”. Según informó en su momento el diario El Observador, Trailine SA, una empresa clave en las maniobras de compra-venta del campo El Entrevero, tenía el mismo domicilio que el estudio de Pittaluga Shaw. “Con relación a los restantes indagados (un escribano, un contador y un agente inmobiliario), las explicaciones brindadas en sus respectivas declaraciones indagatorias son suficientes a criterio del suscrito para descartar cualquier vínculo doloso con las maniobras presuntamente delictivas que motivaran el inicio de la presente causa, por lo que no se formulará requisitoria”, señaló Pacheco. En este marco, el fiscal solicitó seguir la indagatoria exclusivamente contra Pérez Gadin y solicitar su arresto preventivo con fines de extradición. “A la luz de las consideraciones vertidas en los numerales precedentes, la Fiscalía considera que se han reunido elementos de convicción suficientes para entender que el representante y beneficiario final de Jumey SA, el Contador Daniel Pérez Gadin, debe ser indagado por su vinculación con los presuntos delitos de lavado de activos cometidos en Uruguay”, por la compra de los dos bienes en Maldonado, “sin que conste en el decreto de procesamiento original dictado por la justicia argentina, ni en los ampliatorios, que la operación consistente en la compra de tales bienes se encuentre incluida expresamente en el auto de mérito”.